En la fotografía el ex titular de la PHD, Jordán Rodas y la Ministra de Educación, Claudia Ruiz. Foto: La Hora

Luego que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), declaró violación al derecho humano a la educación de los alumnos del sector público y señaló a la titular del Ministerio de Educación (Mineduc), Claudia Ruíz como responsable, la funcionaria argumentó que desde el inicio de la pandemia han proporcionado los insumos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

La PDH sugirió a Ruíz implementar de manera urgente algunas recomendaciones como crear un programa para que los establecimientos educativos públicos cuenten con el presupuesto suficiente para adquirir los insumos necesarios que les permita cumplir con el protocolo de prevención de contagios de COVID-19.

“Las Organizaciones de Padres de Familia tienen asignaciones para la compra de los insumos de bioseguridad, y los padres de familia siguen recibiendo las aportaciones desde el 2020 se les dio el 50% de los fondos de gratuidad para poder hacer estas compras”, indicó Ruíz.

En ese sentido, mencionó que en el año 2021 asignaron el 100% para los insumos de bioseguridad para que “nunca faltaran” en las escuelas los productos de desinfección.

“En el 2022 también ya cumplimos con las 2 asignaciones, la escuela a donde vayan van encontrar estaciones de alcohol en gel, mascarillas, ustedes saben la respuesta, los padres de familia compran los insumos, los maestros también y el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) refleja esas ejecuciones que se han realizado”, respondió.

 

SOBRE LA DENUNCIA

El pasado 6 de junio, la legisladora Lucrecia Marroquín de Palomo denunció ante la PDH que en los centros educativos públicos no han aplicado los protocolos de bioseguridad, caso contrario a instituciones privadas.

“Hemos observado que el Ministerio de Educación está violando algunas normas que están especificadas tanto en el decreto 1291, que es la ley de educación como en la Constitución de la República (…) habla sobre el principio de igualdad que hace imperativo que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma”, explicó Marroquín de Palomo.

Además, aseguró que la sanitización en cada cierto tiempo, el uso de mascarilla, los desinfectantes, el distanciamiento social y la ventilación son aspectos que no se cumplen.

La legisladora Lucrecia Marroquín de Palomo realizó la denuncia a la PDH. Foto: La Hora/Congreso

PDH RESUELVE DENUNCIA

El 18 de agosto, la PDH que estaba bajo la dirección de exmagistrado de conciencia, Jordán Rodas declaró violación al derecho humano a la educación de los alumnos del sector público e indicó que Ruíz era la responsable por no garantizar, en su totalidad, las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19 que permitan un regreso seguro a clases.

 

La PDH sugirió a Ruíz implementar de manera urgente algunas recomendaciones como crear un programa para que los establecimientos educativos públicos cuenten con el presupuesto suficiente para adquirir los insumos necesarios que les permita cumplir con el protocolo de prevención de contagios de COVID-19.

Además, velar porque todos los establecimientos educativos públicos cuenten con suficiente personal de mantenimiento para garantizar que las instalaciones utilizadas por los estudiantes estén en condiciones de higiene necesarias.

Asimismo, realizar verificaciones periódicas en los planteles educativos públicos para asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas para la implementación y control de infecciones por SARS-CoV-2 en los centros del Sistema Educativo Nacional, esto con el fin de resguardar la salud e integridad de los alumnos y del personal docente.

 

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