Dirigentes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) acompañados del diputado Aldo Dávila denunciaron persecución desde el Ministerio Público (MP) y del gobierno, al asegurar que durante este año se han girado más de mil órdenes de captura contra sus miembros. El ente investigador señaló que las pesquisas son de manera imparcial.
La denuncia fue presentada durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República. El exdiputado Leocadio Juracán expresó que el CCDA ha recibido 1,024 órdenes de captura en contra de defensores, hombres y mujeres que demandan los derechos que son constitucionales.
Dávila manifestó que la criminalización y persecución ante la digna resistencia de los estudiantes, sindicatos, catedráticos y exsancarlistas “es lamentable más aún la persecución que continúan ahora de manera legal desde el Ministerio Público”.
“Derecho a la vida, a la alimentación, al territorio, al agua; derecho al desarrollo, al bienestar, a la paz, no son derechos constitucionales. Por supuesto que sí y el papel del Ejecutivo es precisamente cumplir esos derechos y no criminalizarnos”, enfatizó Juracán.
Sectores de sociedad civil en acompañamiento al diputado Aldo Dávila se pronuncian ante constantes persecuciones.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 3, 2022
RETROCESO A LA JUSTICIA
Un integrante de CCDA indicó que hay un serio retroceso de justicia en el país que se evidencia con la persecución de operadores de justicia, fiscales y jueces que ahora viven en el exilio, así como quienes son perseguidos en Guatemala.
Como ejemplo de la criminalización contra la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien lleva más de tres meses privada de libertad. “Exigimos su libertad porque está presa por hacer lo correcto”, agregó.
También recordó las denuncias espurias contra el juez Miguel Ángel Gálvez, afirmar: “Un honorable juzgador que está siendo criminalizado, nunca antes habíamos vivido un retroceso en la democracia y en la justicia como la de este gobierno”.
MP INVESTIGA CON IMPARCIALIDAD
Ante consulta de La Hora al departamento de Comunicación del MP sobre lo denunciado por el CCDA, dieron a conocer lo siguiente:
“El Ministerio Público investiga los delitos de acción pública velando por el estricto cumplimiento de la ley, de acuerdo con su mandato legal y constitucional. Todas las investigaciones las desarrolla con objetividad, imparcialidad y con estricto apego al principio de legalidad”.
Además, que ninguna persona es perseguida penalmente por ser defensora de los derechos humanos.
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