María Consuelo Porras, fiscal general, requirió en 2020 un amparo a la CC. Foto La Hora

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó la decisión del presidente Alejandro Giammattei al elegir para un nuevo periodo a la Fiscal General, María Consuelo Porras, al asegurar que provocará más violaciones a la libertad de expresión, criminalización de periodistas y vulnerará aún más la defensa de los derechos humanos.

Agregó que la acción de Giammattei está originada en su interés por salvaguardarse a sí mismo y a sus allegados de investigaciones por posibles actos de corrupción, pero podría ocasionar un aislamiento de Guatemala en el plano internacional y que sea incluida en la lista de países autoritarios o con gobiernos dictatoriales.

GESTIÓN DE PORRAS

La APG indicó que, durante los primeros cuatro años de gestión, Porras desprestigió su alta investidura y se convirtió en una servidora del presidente, políticos, empresarios y otros actores interesados en generar impunidad, lo que ocasionó una cacería de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y activistas.

“La Fiscal General, lejos de respetar el sistema de justicia, la normativa interna y los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, manipuló las leyes para criminalizar a los críticos del presidente, iniciar o reabrir procesos espurios en contra de periodistas, realizar allanamientos injustificados en viviendas de comunicadores e intentar, en reiteradas ocasiones, violar el secreto de las fuentes periodísticas”, resaltó la asociación.

Además, señaló que Porras es responsable de restringir el acceso a información pública y de interés general sobre procesos judiciales, al solicitar que estos fueran declarados bajo reserva para que la prensa no pudiera acceder a pormenores de los casos, mientras en secreto la institución a su cargo compartía información sobre estos procesos con cuentas falsas de netcenters en redes sociales, responsables de atacar a periodistas y defender con vehemencia a Giammattei y otros funcionarios estatales.

PERSECUCIÓN EN CONTRA DE PERIODISTAS Y OPERADORES DE JUSTICIA

La APG explicó que la continuidad de Porras hará que los procesos espurios en contra de periodistas avancen de forma expedita, mientras que los casos en contra de funcionarios o exfuncionarios responsables de agravios, en contra de la prensa, caminen de forma parsimoniosa o que el mismo Ministerio Público (MP) solicite el desistimiento de los casos o beneficio para los procesados.

Asimismo, que, con la cooptación de las cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad (CC), no será de extrañar que estos supuestos ocurran, o en los raros casos que existan sentencias condenatorias, los convictos sean beneficiados con la reducción o anulación de las condenas.

ACCIONES REPRESIVAS

La APG alertó su temor sobre el incremento del exilio o desplazamiento forzado de periodistas, debido a las acciones represivas del Estado, encabezadas por la Presidencia, actos que podrían afectar también a los directores, propietarios o acciones de medios.

“En este grave escenario, advertimos sobre el posible interés que tengan las autoridades estatales por intervenir o clausurar medios de comunicación, como en una dictadura”, agregó.

En relación con el contexto sociopolítico, la APG advirtió sobre la próxima elección de Procurador de los Derechos Humanos, proceso en el que podría existir la intervención de Giammattei, para asegurarse la designación de un funcionario dócil a sus intereses, lo que provocaría probablemente la cooptación de la última institución pública fiable para la defensa de la sociedad guatemalteca, en particular de los periodistas.

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