La exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa y la exmandataria de la CICIG, Leydi Santizo. Foto La Hora / Oscar Canel

REPROGRAMAN AUDIENCIA POR CARGA LABORAL:

La audiencia en la que Siomara Sosa y Leidy Santizo solicitarían que la Fundación Contra el Terrorismo fuera separada del Caso «Cooptación y Corrupción Judicial» como querellante, fue suspendida por carga laboral en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal. La diligencia se reprogramó para el 12 de mayo.

SUSPENDE AUDIENCIA:

Por imposibilidad material, el Juzgado de Mayor Riesgo «D», suspendió y reprogramó para el 6 de junio, la audiencia de primera declaración de las 18 personas vinculadas en el caso «Asalto al Ministerio de Salud», la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señala de una estructura criminal que funcionaba a lo interno de la cartera de Salud, la cual supuestamente realizaba el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, cobro de comisiones para la adquisición de bienes y servicios, además de la contratación de plazas fantasma.

AUTORIZA PROCESO DE EXTRADICIÓN:

La jueza de Mayor Riesgo “E”, Eva Recinos, autorizó iniciar el segundo proceso de extradición contra el exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, por su posible implicación en el caso “Mecanismo de Corrupción MEM”, el Ministerio Público (MP) lo señala como el supuesto líder de una estructura criminal que aparentemente utilizaba dicha cartera como una red de sobornos. Archila sumaría otro proceso de extradición, ya que, el primero fue por caso “Cooptación del Estado” en el evento denominado “La Coperacha”.

CASO DIARIO MILITAR:

El juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez reprogramó la audiencia de etapa intermedia para el jueves 5 de mayo, en el cual dará a conocer la parte final de la resolución del caso si los implicados enfrentarán o no juicio. El Ministerio Público señala a 11 militares retirados de participar en desapariciones forzadas, secuestros, torturas y ejecuciones de al menos 183 personas durante el Conflicto Armado Interno.

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