Hace una semana, desaparecieron los registros académicos de entre 40 y 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Aún con la constancia de inscripción para 2026, sus datos y antecedentes fueron eliminados del sistema de Registro y Estadística.
Estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y otras personas afectadas empezaron a llegar al departamento de Registro y Estadística para presentar memoriales individuales. Con este recurso, solicitan saber qué pasó con sus expedientes y exigir la restitución de los registros.
Este 24 de julio, presentaron formalmente sus denuncias ante el Ministerio Público. En primer lugar, exigen al Consejo Superior Universitario (CSU) una respuesta pública e inmediata con un plan de acción para restituir los registros estudiantiles. Además, les recordaron que tienen cargos vencidos y deben entregar los puestos a las personas electas.
Hasta ahora, la Usac solo ha dado respuestas a través de redes sociales, justificando que la desaparición de expedientes ocurrió en 2022 y 2023, cuando las instalaciones fueron tomadas por los estudiantes. Sin embargo, algunos de los afectados tienen carné 2024, es decir, aún no habían ingresado su papelería en el momento que señalan las autoridades universitarias.
A la Unidad de Registro y Estadística solicitan la recuperación de su información académica y administrativa. Al igual que la garantía de que esta medida no volverá a suceder en contra de los líderes estudiantiles que actualmente están criminalizando, ni a otros estudiantes.
A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) piden acompañamiento para las personas afectadas por la pérdida de registros, la fiscalización del caso y medidas para proteger a la comunidad estudiantil. “Que sea tajante en el asunto”, declaró uno de los jóvenes.
Luego de días de presión pública, citaciones en el Congreso y una petición de la vicepresidenta Karin Herrera, la PDH emplazó a la Usac para brindar información sobre los expedientes.
En cuanto al Ministerio Público, demandan que inicien las investigaciones a base de las declaraciones que ha dado sobre el caso. En específico, por los delitos de abuso de poder, ocultamiento o eliminación de datos, violación al derecho de la educación, libertad de expresión, libertad de organización y discriminación por posicionamiento político. Además, que agilicen los procesos de investigación que ya habían presentado otros estudiantes y docentes.
Por otro lado, hacen el llamado a la comunidad nacional e internacional a fiscalizar el proceso de elección en la Procuraduría de Derechos Humanos y el proceso por el nuevo Contralor de Cuentas. Esto para garantizar la transparencia, la probidad y el correcto uso de los recursos públicos.
Reiteran que defender la Usac es proteger el derecho a la educación libre, digna y de calidad de la ciudadanía. Instan a las demás personas de la comunidad estudiantil a revisar sus plataformas, porque el número de bloqueos de registros aumenta cada día.
#AhoraLH | Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) denuncian ante el Ministerio Público la desaparición de los registros académicos y administrativos de más de 30 alumnos.
Exigen al Consejo Superior Universitario (CSU) la restitución y pronta… pic.twitter.com/Xk2jQ8dN8s
— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2026
Carlos Barrios, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, detalla que las exigencias también se extienden a las direcciones de las facultades y las escuelas no facultativas como primeros garantes de sus derechos como estudiantes. Asimismo, repudió la instrumentalización de la lucha sancarlista como un método mediático de los diputados del Congreso.
Por otro lado, representantes de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política declararon que varias personas han recibido amenazas por parte del director de la escuela, José Rolando Samayoa Lara, por alzar la voz como oposición.
El bloqueo de Registro y Estadística no solo les impide inscribirse a los cursos del segundo semestre académico de este año. Las personas afectadas tampoco podrán emitir sus certificados, generar órdenes de pago, emitir solvencias de biblioteca ni iniciar ningún trámite en la plataforma.
Las asociaciones estudiantiles alegan que este es otro método de criminalización en contra de estudiantes opositores al fraude de Walter Mazariegos Biolis en las elecciones para la rectoría en 2022 y en abril de este año.
