Byran Fuentes Paz, jefe del Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, junto a Walter Mazariegos. Foto: Usac
Byran Fuentes Paz, jefe del Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, junto a Walter Mazariegos. Foto: Usac

La denuncia de al menos nueve estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), a quienes se les niega continuar con sus estudios por haber desaparecido sus registros académicos en el Departamento de Registro y Estadística de esa casa de estudios superiores, suma más tensión legal en contra de Walter Mazariegos y su grupo.

Después de citaciones en el Congreso, una solicitud de la vicepresidenta Karin Herrera y presión social, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ahora da acompañamiento a tres de esas denuncias, por lo que el 23 de julio fijó cinco días para que Bryan Otto Fuentes Paz, jefe del Departamento de Registro y Estadística de la única universidad pública, presente informes circunstanciados respecto a las denuncias.

«Si el informe no se rindiera, se tendrá por ciertas las afirmaciones del solicitante… siendo lo correcto…» se lee en el informe del procurador PDH-2026-11108.

La decisión de borrar el registro de los universitarios se conoció luego de que Mazariegos asumiera como rector para un segundo periodo, a pesar de denuncias penales por no contar con finiquito para ocupar el cargo, así como por negarse a renovar a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU).

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DENUNCIAS POR INTIMIDACIÓN Y VIOLACIONES

La mayoría de los afectados son universitarios de oposición a Mazariegos y sus grupos en distintas universidades, y aunque las autoridades de la Usac indicaron que la desaparición de la información se debe a disturbios de 2022 y 2023, los denunciantes pudieron recibir cursos de 2024 a la fecha. Algunos, incluso, son carné 2024, por lo que su documentación no estaba en la casa de estudio en el periodo que las autoridades de la Usac señalan.

Los universitarios aseguraron que Mazariegos y su grupo intentan darles «muerte universitaria», por lo que diputados han señalado que ese tipo de acciones viola el derecho a la educación, y esperan que el Ministerio Público (MP) realice las investigaciones, debido a que no hay un proceso interno que intente desaparecer la información de los estudiantes, ya que, a pesar de la expulsión de las personas de esa casa de estudios superiores, siempre ha quedado el registro.

Este 24 de julio, los estudiantes darán una conferencia afuera del MP para exigir una respuesta a las más de 15 denuncias penales en contra de Mazariegos y su CSU.

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Joel Maldonado
Reportero de política y economía. Además de informar, es necesario educar, por eso me gusta contar historias con hechos y pruebas.
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