La Audiencia Nacional estudiará este lunes la extradición a Guatemala del empresario William Anthony Schwank, reclamado por el país como presunto integrante de un grupo criminal del que también formaban parte el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti y que habría maniobrado para conseguir la adjudicación ilegal de una infraestructura en Puerto Quetzal. Schwank, además, también declaró como testigo en el ‘caso Villarejo’.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide la entrega de Schwank a Guatemala al considerar que ni la reclamación ni los delitos en ella contenida tienen motivación política, asegurando asimismo que estos últimos «no han prescrito».
El Ministerio Público destaca que los delitos cometidos son delincuencia organizada transnacional y corrupción pública al más alto nivel, poniendo a su vez el foco en que «el perjuicio al erario nacional está calculado en más de cuatro mil millones de dólares». «Además de estar involucrados los más altos funcionarios gubernamentales, el presente caso constituye uno de los de más alto impacto social de Guatemala», sostiene.
A Schwank se le imputa «el haberse unido, aproximadamente desde febrero del 2012 hasta abril del 2015 a un grupo criminal» del que también formaban parte el expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Baldetti «con la intención de obtener beneficios económicos ilícitos, derivados de la propuesta efectuada por los representantes de Grup Maritim TCB para la construcción y gestión de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal».
La misma, indica la Fiscalía, «no sólo incluía los aspectos técnicos y jurídicos, sino además el ofrecimiento de una comisión por una cantidad de 28.443.000 euros, para los gestores nacionales e internacionales». «También incluía en el pago de dicha comisión al presidente y vicepresidenta de la República, y un porcentaje correspondía al equipo de la Empresa Portuaria Quetzal, identificado como «el equipo del puerto » dentro del mismo se encontraba el reclamado», recoge el escrito.
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Este equipo, añade el Ministerio Fiscal, «tenía como función eludir la Ley de Contrataciones del Estado, que regula la compra, venta y la contratación de bienes, suministros, obra y servicios que requieren los organismos del Estado».
«El reclamado participó como asesor de la empresa Portuaria Quetzal (entidad estatal y autónoma) y recibió dinero (900.000 dólares) por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto, eludiendo la ley», apostilla la Fiscalía.
DECLARÓ EN EL ‘CASO VILLAREJO’
Cabe recordar que el reclamado declaró el pasado mes de octubre ante el juez del ‘caso Villarejo’ después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara que se le interrogara en el marco de la pieza separada ‘Pit’.
En la misma el instructor intenta averiguar si los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura contrataron al grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo, CENYT, para impedir que el primero fuera extraditado a Guatemala por su presunta implicación en el pago de sobornos a autoridades guatemaltecas para que la Terminal de Contenedores Quetzal (TQC) consiguiera el contrato de ampliación de dicho puerto.
En su declaración ante el juez Manuel García Castellón el reclamado aseguró que Ángel Pérez Maura le pagaba entre 1.500 y 2.000 euros mensuales a través de colaboradores del comisario, a cambio de que no colaborara con la Justicia de su país que también perseguía al empresario español.
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