La creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) no partirá desde cero ni repetirá experiencias de instituciones que enfrentaron dificultades en su consolidación, como ocurrió con la Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP), y la Superintendencia de Competencia (SiCom), explicó Leonel Molina, director general de la Comisión Portuaria Nacional (CPN).
En declaraciones a La Hora, Molina señaló que la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional, contenida en el Decreto 20-2026, debe aprovechar los avances que Guatemala ya alcanzó en materia de regulación, protección portuaria y coordinación institucional, lo cual evitaría incurrir en esos tropiezos.
“La idea es que empiece ya sobre las columnas construidas y solo desarrolle lo nuevo”, afirmó Molina al referirse al proceso de transición hacia la APN.
El funcionario explicó que, a diferencia de otros procesos institucionales donde las entidades deben comenzar a construir capacidades desde cero, en el caso del sistema portuario existen estructuras, conocimientos técnicos y mecanismos de coordinación que ya están funcionando.
GUATEMALA YA TIENE IMPORTANTES AVANCES
Uno de los principales ejes de la reforma portuaria es el fortalecimiento de la seguridad mediante la aplicación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), un estándar impulsado por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Molina explicó que Guatemala ya cumplió con los procesos requeridos para la implementación de este código que establece medidas para prevenir riesgos y responder ante posibles amenazas en instalaciones portuarias y buques.
El Código PBIP obliga a que los puertos y embarcaciones cuenten con planes de protección, evaluaciones periódicas de riesgos y responsables designados para coordinar las acciones de seguridad. También contempla tres niveles de alerta que se activan dependiendo del nivel de amenaza identificado.
“Ese paso Guatemala ya lo dio”, afirmó Molina.
Como resultado de estos avances, Guatemala recibió un reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) por las mejoras implementadas en protección portuaria y actualmente asumirá durante los próximos tres años la presidencia del Comité de Protección Portuaria de las Américas.
Según Molina, esta experiencia permitirá que la transición hacia la APN se realice sobre una base institucional ya desarrollada.
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SISTEMA FISCALIZADOR YA EN MARCHA
Para garantizar la continuidad de su cumplimiento, la Ley, crea la Gerencia de Fiscalización Técnica, la Gerencia de Fiscalización de Protección Portuaria y un Equipo Auditor Interinstitucional integrado por la APN, la SAT, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Agricultura (Maga) quien deberá establecer una unidad especializada para fortalecer el control fitosanitario, lo cual ya fue realizado por Guatemala.
Molina destacó que varias de estas capacidades ya fueron desarrolladas por Guatemala como parte de los compromisos internacionales de protección portuaria.
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El funcionario explicó que la Ley General del Sistema Portuario Nacional recoge los avances alcanzados mediante el Decreto 26-2024, que creó la figura de la Autoridad Designada, y agrega nuevos elementos para impulsar el desarrollo estratégico del sector.
Entre los nuevos componentes incluidos en la legislación mencionó:
- Nuevos modelos de desarrollo portuario: permitirá establecer esquemas para la explotación y desarrollo de instalaciones portuarias, tanto para fortalecer las existentes como para crear nuevas capacidades.
- Una política de Estado de largo plazo: busca que los puertos actuales y futuros respondan a una visión estratégica nacional con planificación para los próximos 10, 20 y 30 años.
- Continuidad de funciones técnicas: mantiene y fortalece atribuciones que ya desarrolla la Autoridad Designada, como protección portuaria, formación, elaboración de estudios, generación de estadísticas y representación internacional, funciones contempladas en los artículos 145 y 146 de la nueva ley.
Molina insistió en que el reto ahora será consolidar la nueva institucionalidad sin perder los avances alcanzados.
“Lo importante es que la APN no empiece de cero, sino que se construya sobre bases que ya existen”, concluyó.
