Aunque el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA) no administrará puertos ni asumirá funciones regulatorias dentro del nuevo sistema, su voz será relevante en la implementación de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobada esta semana.
Al representar a los usuarios de la cadena logística, su papel será trasladar los desafíos que enfrenta el comercio exterior y contribuir a que la reforma cumpla su propósito: contar con puertos más eficientes, competitivos y capaces de impulsar el crecimiento económico del país.
La organización señaló que el Decreto 20-2026 que dará vida a la Ley del Sistema Portuario Nacional establece una base necesaria para que Guatemala pueda planificar su desarrollo portuario bajo una visión de largo plazo, después de operar durante décadas sin un marco legal integral.
“La ley constituye el punto de partida; ahora el reto será convertir ese marco legal en resultados concretos para los usuarios y para el país”, afirmó Carmen María Torrebiarte, presidenta ejecutiva de CUTRIGUA.
Torrebiarte destacó que la conformación de una Autoridad Portuaria Nacional responde a una necesidad que el sector había planteado durante años, al considerar indispensable contar con un ente rector que coordine la planificación, las inversiones y el desarrollo de infraestructura.
Sin embargo, señaló que el desafío será que esta institución tenga capacidad técnica, transparencia y una visión de largo plazo.
“Esperamos que se cumplan los plazos establecidos en la ley y que las decisiones respondan a las necesidades del comercio exterior, al crecimiento de la capacidad productiva del país y al fortalecimiento de la competitividad de Guatemala”, indicó.
DECISIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO
Más allá de la aprobación del decreto, CUTRIGUA considera que el éxito dependerá de la ejecución de la normativa y entre los principales restos identifica la prevalencia de las decisiones técnicas y la voluntad política para que su ejecución sea un éxito.
Todo lo anterior acompañado de la oportuna emisión de reglamentos y la continuidad institucional. Torrebiarte también enfatizó que se debe plantear la necesidad de tener indicadores de desempeño y productividad, lo cual hace medibles los avances de lo que hoy promete la normativa.
EVITAR LO QUE SUCEDIÓ CON LA DIPP Y SICOM
En esa línea, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), advirtió que uno de los principales desafíos será evitar que la Autoridad Portuaria Nacional enfrente problemas similares a los registrados en otros procesos de creación institucional, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia (SiCom).
Según Zapata, la experiencia de estas entidades evidencia que la aprobación de una ley no es suficiente si no existe una implementación ordenada, con autoridades designadas a tiempo, reglas claras y capacidad de gestión.
Entre los riesgos que identifica están una integración tardía del Directorio, designaciones basadas en criterios políticos y no técnicos, así como una transición institucional desordenada desde las entidades que actualmente tienen funciones relacionadas con el sistema portuario.
“Los recursos son importantes, pero el dinero no sustituye la conducción institucional ni resuelve problemas de gobernanza”, afirmó.
Por ello, señaló que será clave evitar retrasos en la conformación del Directorio, asegurar perfiles técnicos y establecer un cronograma público de cumplimiento.
A su criterio, el nuevo sistema portuario debe iniciar con una conducción institucional sólida, ya que los recursos asignados no sustituyen la necesidad de gobernanza y toma de decisiones oportunas.
LAS NECESIDADES DEL SECTOR
Entre los proyectos que CUTRIGUA considera urgentes están los dragados, la ampliación de muelles y patios, la modernización del equipo portuario, la automatización de procesos y la ejecución de los planes maestros de desarrollo.
Según la organización, estas inversiones son necesarias para atender problemas actuales como congestión, demoras operativas, tiempos de espera de buques y limitaciones de capacidad, las cuales son las más sentidas por la mayoría de los usuarios de los puertos.
Sobre el impacto que la ley podría tener en los costos logísticos, CUTRIGUA señaló que la competitividad no depende únicamente de las tarifas portuarias.
La organización explicó que actualmente los principales sobrecostos están relacionados con ineficiencias operativas, congestión y falta de infraestructura suficiente.
Por ello, considera que si la nueva normativa permite atraer inversiones, aumentar la capacidad instalada y mejorar los procesos, podrían generarse reducciones importantes en los costos para importadores y exportadores.
Respecto al esquema tarifario establecido en la ley, Torrebiarte indicó que será importante contar con criterios técnicos y transparencia para garantizar que los costos sean competitivos a nivel internacional y proporcionales a la calidad del servicio.
“Debemos contar con un sistema portuario moderno, competitivo y alineado con las necesidades de crecimiento del país”, concluyó Torrebiarte.
PASOS AVANZADOS POR GUATEMALA
Leonel Molina, director general de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), explicó a La Hora que en el caso de temas de seguridad, lo cual constituye otro de los ejes centrales de la reforma al referirse a la implementación del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), considerado uno de los principales estándares internacionales en materia de protección portuaria, ese paso ya lo dio Guatemala.
Lo anterior permitió que Guatemala, por haber realizado las mejoras de protección portuaria, Guatemala obtuviera un premio de la Organización de Estados Americanos y en la actualidad, el país presidirá por los próximos tres años el Comité de protección portuaria de las Américas, lo cual permitirá una transición hacia la APN.
El Código PBIP, según la Organización Marítima Internacional (OMI), obliga a que buques e instalaciones portuarias cuenten con planes de protección específicos, a cargo de un oficial designado, y realicen evaluaciones periódicas de amenazas.
El sistema opera bajo tres niveles de alerta que se activan según el riesgo detectado, y busca garantizar una respuesta coordinada entre autoridades y el sector naviero ante posibles incidentes de seguridad. Los cuales, según Molina, ya se dieron por parte de Guatemala.
Para garantizar la continuidad de su cumplimiento se crea la Gerencia de Fiscalización Técnica, la Gerencia de Fiscalización de Protección Portuaria y un Equipo Auditor Interinstitucional integrado por la APN, la SAT, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Agricultura (Maga) quien deberá establecer una unidad especializada para fortalecer el control fitosanitario, lo cual ya fue realizado por Guatemala.
OTROS AVANCES YA REALIZADOS POR GUATEMALA
Molina, explicó que la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional da continuidad a los avances establecidos en el Decreto 26-2024, pero incorpora nuevos elementos orientados al desarrollo estratégico del sector.
- Nuevos modelos de desarrollo portuario: establece esquemas para la explotación y desarrollo de instalaciones portuarias, con el objetivo de fortalecer las existentes y permitir la creación de nuevas capacidades.
- Una política de Estado de largo plazo: busca que los puertos actuales y futuros se alineen con una visión estratégica nacional proyectada para los próximos 10, 20 y 30 años.
- Continuidad y fortalecimiento de funciones actuales: mantiene y potencia las atribuciones que desarrolla la Autoridad Designada, como la protección portuaria, formación, elaboración de estudios, generación de estadísticas y representación internacional, funciones que quedan contempladas en los artículos 145 y 146 de la nueva ley.
Lo anterior permitió que Guatemala, por haber realizado las mejoras de protección portuaria, Guatemala obtuviera un premio de la Organización de Estados Americanos y en la actualidad, el país presidirá por los próximos tres años el Comité de protección portuaria de las Américas, lo cual permitirá una transición hacia la APN.
Todo lo anterior explico Molina, permitirá que la APN no empiece de cero, como la DIPP o la SIcom. «La idea es que empiece ya sobre las columnas construidas que ya se tienen estables y solo desarrolle lo nuevo».
Actualización: Esta nota se actualizó el 9 de agosto de 2026 con las declaraciones de Leonel Molina, director general de la Comisión Portuaria Nacional (CPN) respecto a los avances que Guatemala ya llevó a cabo con relación a la Ley del Sistema Portuario Nacional.
