«Guatemala amaneció más atractiva a inversiones de lo que estuvo hace una semana.» Con esa frase César Falcón, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav), resumió el momento que atraviesa el sector marítimo-portuario del país luego de la aprobación de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
No es un entusiasmo aislado. Quienes siguieron de cerca el proceso legislativo, quienes se verían beneficiados de un cambio de rumbo con la legislación y quienes desde fuera ven a Guatemala como una alternativa para invertir, ven con buenos ojos la determinada decisión tomada en el Congreso de la República.
La Ley coinciden es cambio estructural: de operadores sin regulador a un sistema regulado.
Según Leonel Molina, Director General de la Comisión Portuaria Nacional y quien participó en el proceso de revisión de la iniciativa junto a la Comisión de Economía del Congreso, el cambio más trascendental de la ley es precisamente la creación de esa figura reguladora.
«Internacionalmente los Estados cuentan con un ente regulador y los entes regulados… Nosotros como país teníamos únicamente operadores, pero no un ente regulador», explicó Molina, quien agradeció la apertura de la Comisión de Economía durante el proceso legislativo.
Según el Decreto 20-26, la nueva Autoridad Portuaria Nacional sustituirá gradualmente a la actual Autoridad Designada, entidad que hoy ejecuta funciones como protección portuaria, formación, estudios y estadísticas.
Molina detalló que la ley contempla artículos específicos para regular esa transición, dado que la Autoridad Designada ya venía impulsando la modernización del sistema, precisamente el objetivo que motivó la gestión técnica de la iniciativa 6541.
Entre los cambios más relevantes, Molina señaló que la Autoridad Portuaria Nacional quedará facultada para autorizar inversiones de terceros en nuevas instalaciones portuarias, una posibilidad que actualmente no existe en el marco legal guatemalteco.
Además, explicó que la nueva normativa brindará respaldo jurídico a las inversiones que se realicen en los puertos administrados por las empresas públicas portuarias. Estas conservarán su autonomía, pero contarán con nuevas herramientas legales para atraer capital privado sin que el Estado pierda la propiedad de la infraestructura.
Sobre los plazos, Molina fue cauteloso: la ley trae una secuencia de etapas que inicia con su entrada en vigencia, sigue con la conformación de la nueva autoridad y una transición gradual, y solo después vendrán los primeros hitos medibles conforme a los plazos establecidos en la norma.
SECTOR NAVIERO RECIBE LA LEY CON OPTIMISMO
Desde la perspectiva del sector privado, César Falcón de Asonav, coincidió en que la aprobación es una noticia positiva para la competitividad del país.
«Guatemala necesitaba una ley que ordenara el sistema portuario y diera una base más clara para atraer inversión», señaló, reconociendo el trabajo del Congreso, las autoridades, la Comisión Portuaria Nacional (CPN) y los distintos sectores involucrados.
Sin embargo, Falcón advirtió que los problemas estructurales del sistema —falta de muelles, equipo, patios, dragado y accesos terrestres deficientes— no se resolverán de inmediato con la sola entrada en vigencia de la ley. «Puede ayudar, pero no será inmediato.
Se necesitan reglamentos, proyectos claros, inversión, mantenimiento, tecnología y coordinación entre autoridades y operadores», puntualizó.
Para Falcón, la nueva autoridad portuaria nacional debe capitalizar la experiencia acumulada por la CPN, evitando duplicar funciones y enfocándose en ordenar, planificar y coordinar el sistema.
Entre las inversiones que calificó como urgentes, luego de que la Ley entre en vigencia y se den los plazos a los que hace referencia la normativa, mencionó el dragado, la ampliación de muelles y patios, grúas, equipo, tecnología, seguridad y accesos carreteros, además de mecanismos claros para facilitar la inversión privada y mixta.
Consultado sobre si la ley por sí sola permitirá atraer más navieras, Falcón fue claro: «Dependerá de ofrecer carga, seguridad, costos competitivos y operaciones predecibles. Una ley ayuda, pero las navieras decidirán con base en los resultados».
PRÓXIMAS PRIORIDADES
Falcón resumió en cinco puntos lo que, a su juicio, debe conseguir a futuro la Ley:
- Inversión: convertir la norma en obras y equipo concretos.
- Tiempo: definir con prontitud reglamentos, responsables y fechas.
- Proyectos: identificar cuáles inversiones son prioritarias.
- Respaldo político: mantener el consenso durante la fase de ejecución.
- Promoción internacional: presentar la ley como plataforma para atraer proyectos e inversionistas.
Ambas voces, tanto la técnica, representada por Molina, y la del sector privado, representada por Falcón, coinciden en un punto central: la ley es una base jurídica necesaria, pero su impacto real dependerá de los reglamentos, la inversión y la ejecución que vengan en los próximos meses.
