El rectorado de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha sido comparado por analistas con las acciones adoptadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contra la comunidad universitaria. Expertos consultados sostienen que ambas administraciones comparten patrones de persecución hacia la disidencia y concentración de poder bajo procesos electorales cuestionables.
La comparación de las acciones surge luego de que la administración de Mazariegos promoviera expulsiones de estudiantes, cancelación de registros académicos, sanciones disciplinarias y acciones legales contra integrantes del movimiento universitario que cuestionan su gestión, especialmente los fraudes que lo llevaron a la rectoría de la universidad pública.
Lo más reciente, la denuncia de estudiantes de que sus registros fueron desaparecidos de la Usac de forma arbitraria, lo que se ha dado por llamar la «muerte académica».
Para quienes han denunciado estas medidas, se trata de una estrategia orientada a desarticular la oposición dentro de la Usac. El mismo fin por el que ha adoptado medidas similares el gobierno de Ortega, en Nicaragua, quien en febrero de 2023 ordenó despojar de la ciudadanía a más de 222 opositores nicaragüenses, incluidos estudiantes universitarios y académicos.
Ambos, Ortega y Mazariegos, se han convertido en figuras señaladas por prácticas antidemocráticas.
Mazariegos ha sido cuestionado por impedir la participación de opositores, anular procesos electorales, asumir como rector sin contar con los votos suficientes y negarse a renovar el Consejo Superior Universitario (CSU). Mientras tanto, Ortega se ha mantenido en el poder en Nicaragua y ha llegado a afirmar que en el país no volverán a celebrarse elecciones.
ACCIONES CONTRA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
La concentración del poder dentro de las instituciones universitarias es uno de los principales puntos de comparación que sectores críticos encuentran entre la administración de Mazariegos y Ortega.
En Nicaragua, el gobierno del líder sandinista ha sido señalado por organismos internacionales de concentrar el control de las instituciones del Estado e intervenir espacios autónomos, incluidas universidades. Las autoridades universitarias fueron sustituidas en varios centros de educación superior y, posteriormente, se establecieron nuevas estructuras alineadas con el gobierno.
En agosto de 2023, el régimen de Ortega canceló la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), ordenó la confiscación de sus bienes y la universidad pasó a estar bajo control estatal.
De igual forma, Ortega canceló la personalidad jurídica de la Universidad Rubén Darío (URD) en marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) en febrero de 2022, la Universidad Hispanoamericana en diciembre de 2021, entre otras casas de estudio.
En el caso de la Usac, desde que Mazariegos llegó a la Rectoría, se han producido denuncias de que impulsó una estrategia para consolidar el control del Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de la universidad, así como de otros espacios de representación académica.
La Hora publicó la nota “Control del CSU y facultades, exclusiones y violencia: Así ha tramado Walter Mazariegos el segundo fraude”, en la que se detalla la estrategia de Mazariegos para controlar el CSU y las juntas directivas de facultades para consolidar el segundo fraude a través de la anulación de votaciones y el rechazo a la participación de opositores.
PERSECUCIÓN Y VIOLENCIA
La persecución contra sectores críticos dentro de las universidades es otro de los elementos comparables entre Mazariegos y Ortega. En Nicaragua, el régimen de Ortega ha sido señalado por impulsar una política de persecución contra opositores políticos, periodistas, organizaciones civiles y miembros de la comunidad universitaria, quienes tuvieron que abandonar el país o quedaron excluidos de sus espacios académicos.
El régimen de Ortega ha tocado en distintas oportunidades a las casas de estudio nicaragüenses. Uno de los hechos más recordados ocurrió el 20 de abril de 2018 en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Durante el hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que fuerzas policiales y grupos motorizados participaron en hechos violentos dentro de la UNI, donde se reportaron disparos, incendios y estudiantes refugiados dentro del recinto universitario. En esos hechos murió el estudiante Álvaro Conrado, de 15 años, quien fue alcanzado por disparos mientras se dirigía hacia la universidad.
El 10 y el 16 de mayo de 2018, la CIDH también documentó ataques contra estudiantes de la Upoli, en los que agentes antimotines habrían utilizado armas de fuego y balas de goma durante los operativos.
Las cinco razones por las cuales la continuidad de Walter Mazariegos sigue degradando la Usac
De igual forma, en mayo de 2018, estudiantes denunciaron ataques de fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, además del cerco alrededor del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan) durante las protestas. También se registraron hechos violentos en la UCA, en donde grupos encapuchados dispararon morteros contra el portón principal de la casa de estudios.
Alrededor de la Usac también hay denuncias de violencia y persecución. El 14 de mayo de 2022, cuando se concretó el primer fraude, hombres encapuchados con bates y la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron los alrededores del Parque de la Industria para consolidar la elección irregular.
El 16 de noviembre de 2023, se giraron órdenes de captura en contra de 27 miembros de la comunidad universitaria por su supuesta vinculación en la toma del campus central, como medida de hecho en contra del fraude electoral de Mazariegos.
El CSU también conoció un expediente en el que figuran 137 personas, contra quienes buscaba iniciar procesos disciplinarios. Finalmente, en mayo de 2019, expulsó a 10 estudiantes universitarios.
En la nota “Represión de Mazariegos contra estudiantes deja expulsiones, órdenes de captura e información borrada”, La Hora destacó el testimonio de estudiantes quienes indicaron que han sido perseguidos y acosados por la seguridad universitaria. Además, señalaron que la persecución de Mazariegos inició cuando era decano de la Facultad de Humanidades.
En la referida nota también se hace mención de que al menos 40 estudiantes han registrado problemas para inscribirse al segundo semestre, ya que Registro y Estadística no los reconoce como alumnos inscritos.
Además, se han registrado hechos de violencia durante el proceso de elección de electores, así como el 1 de julio pasado, cuando trabajadores de la Usac con capuchas lanzaron objetos contundentes contra estudiantes que manifestaban a las afueras del campus central.
ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS
Durante los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha sido señalado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos de impulsar medidas que han debilitado los contrapesos democráticos, con la restricción de la participación política y reducción de los espacios para la crítica.
El régimen de Ortega se ha caracterizado por la detención de opositores antes de las elecciones de 2021 y las reformas posteriores que ampliaron las facultades del Ejecutivo.
El pasado 20 de julio, Ortega incluso llegó a decir: “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
Ortega pone fin a la alternancia en Nicaragua: Aquí no volverá a haber elecciones
Estas mismas acciones han ocurrido durante la administración de Mazariegos, al rechazar la inscripción de planillas opositoras y anular los procesos electorales que ganó la oposición. También se ha negado a llamar a elecciones en el CSU y juntas directivas de facultades.
Para concretar el segundo fraude, Mazariegos también llevó a cabo una serie de reformas al Reglamento Electoral de la Usac, para evitar que opositores cuestionaran ilegalidades en los procesos.
Y por último, para consolidar su poder en Nicaragua, Ortega tuvo que contar con el favor de las más altas esferas del poder judicial de su país. En Guatemala, múltiples actores han denunciado que Mazariegos cuenta con el beneplácito de las cortes que ni siquiera entran a conocer las
ROSAL COMPARA AUTORITARISMO
El analista político Renzo Rosal señaló que una de las principales similitudes entre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y la administración de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala es la presencia de rasgos autoritarios, aunque aclaró que ambos procesos tienen diferencias por el contexto en el que se desarrollan.
Rosal explicó que en Nicaragua existe “un autoritarismo absolutamente consolidado” que califica como una dictadura, mientras que en el caso de la Usac considera que Mazariegos representa una figura “en ascenso” dentro de un modelo autoritario que, según indicó, busca consolidarse con el paso del tiempo.
El analista indicó que una diferencia fundamental es que Ortega y su esposa Rosario Murillo controlan un régimen político nacional, mientras que Mazariegos concentra poder dentro de una institución educativa. Sin embargo, consideró que ambos comparten características de un liderazgo personalista.
“En concreto, un par de elementos de similitud es el rasgo autoritario. Me refiero al tipo de modelo autoritario, que los hay diferentes. Hay modelo de partido, hay modelo de organización; en este caso es personalista, es decir, son dos figuras concretas alrededor de las cuales gira el gobierno, en este caso el régimen político de Nicaragua y el gobierno universitario en la Usac”, señaló.
Rosal agregó que, mientras Ortega y Murillo ya consolidaron su control político en Nicaragua, Mazariegos todavía se encuentra en una etapa de construcción de poder dentro de la universidad.
“Creo que en el caso de Mazariegos, reitero, es una figura todavía en un proceso de consolidación, mientras que Ortega y su esposa Rosario Murillo ya son absolutamente consolidados”, indicó.
El analista advirtió que el riesgo no se limita al ámbito universitario, sino a la posibilidad de que figuras con características similares puedan ampliar su influencia en otros espacios políticos del país.
“Ese es el mayor peligro. No solamente es un peligro al interior de la Usac, sino un peligro de cómo se puedan reproducir personajes como Mazariegos que puedan ejercer un dominio político más amplio”, concluyó Rosal.
ORTIZ COMPARA USAC CON TRES DICTADURAS
El abogado y analista Edgar Ortiz afirmó que las acciones denunciadas dentro de la Usac contra estudiantes opositores a Mazariegos se asemejan a prácticas utilizadas por gobiernos autoritarios como el de Nicaragua, Irán y Bielorrusia.
Ortiz señaló que la eliminación de registros académicos de estudiantes representa una forma de limitar derechos y silenciar voces críticas. Según explicó, este tipo de medidas forman parte de un “manual” utilizado por regímenes autoritarios para afectar a personas opositoras.
“Actitudes como la que vemos en la San Carlos solo las habíamos visto en Nicaragua, en Irán y en Bielorrusia, que es un país autoritario, la última dictadura europea”, afirmó Ortiz.
El analista comparó la situación con acciones del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, donde, según indicó, se ha retirado la nacionalidad y el registro a opositores, además de intervenir registros de universidades e iglesias. A su criterio, en Guatemala se estaría aplicando un mecanismo similar para afectar a estudiantes críticos.
Ortiz señaló que existen tres aspectos que considera graves en este caso. El primero, explicó, es que la eliminación de registros estudiantiles afecta directamente el derecho a la educación. El segundo es que, según indicó, las personas afectadas serían estudiantes opositores a Mazariegos.
“Es evidente que esa desaparición de registros está motivada por razones políticas, porque resulta que todos los estudiantes, los 50 afectados de los que tenemos noticia, todos son opositores a Mazariegos”, afirmó.
Además, cuestionó la explicación brindada por autoridades universitarias, quienes atribuyeron la pérdida de información a la ocupación del campus central entre 2022 y 2023. Ortiz indicó que esa versión es contradictoria debido a que los estudiantes mantuvieron sus registros durante 2024, 2025 y parte de 2026.
“Esa explicación no es válida, es contradictoria y esa contradicción demuestra que la motivación es 100% política”, concluyó Ortiz.
