Desde que asumió la rectoría tras un proceso electoral ampliamente cuestionado, Walter Mazariegos ha impulsado una serie de acciones contra integrantes del movimiento universitario que denunció el fraude electoral. Expulsiones de estudiantes, órdenes de captura, procesos disciplinarios y el borrado de información institucional forman parte de las medidas que, según los afectados, evidencian un patrón de represión dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Las acciones impulsadas por Mazariegos en contra de estudiantes, profesores y trabajadores forman parte de una estrategia de represión y autoritaria que busca dispersar a quienes son críticos a la actual administración de la Usac que se ha visto marcada por el déficit en la calidad educacional; abuso de los fondos públicos; un interés por aumentar su influencia dentro del Estado; y fraudes en la elección de rector, Consejo Superior Universitario (CSU) y autoridades en las unidades académicas, según personas que se han visto afectas por este tipo de medidas.
ÓRDENES DE CAPTURA
Las acciones en contra de miembros de la comunidad universitaria iniciaron el 16 de noviembre de 2023 con la orden de captura en contra de 27 personas por su supuesta participación en la toma de las instalaciones universitarias en rechazo al fraude que fraguó Mazariegos en el año 2022.
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El Ministerio Público (MP), entonces dirigido por Consuelo Porras, acusó a estudiantes, profesores, trabajadores y miembros de partidos políticos por los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición y asociación ilícita.
Un profesor vinculado al caso, pero que prefirió no ser citado, destacó que Mazariegos tuvo el apoyo desde el MP para perseguir a los miembros de la comunidad universitaria, ya que el caso no tenía sentido y presentaba incoherencias.
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Según explicó, la mayor parte de la investigación se centra en los hechos del 4 de agosto de 2022, cuando Mazariegos intentó retomar el control del campus central de la Usac.
También, indicó que durante el proceso se presentaron pruebas con las que se buscó vincular a integrantes del oficialismo, pero afirmó que su participación fue prácticamente inexistente, ya que, en la mayoría de ocasiones, únicamente asistieron a conferencias de prensa y a tomarse fotografías.
De acuerdo con el estudiante, Mazariegos aprovechó el caso para iniciar la represión en contra de miembros de la Usac, mientras que Consuelo Porras utilizó la investigación para mantener la narrativa en contra de las Elecciones Generales de 2023.
REPRESIÓN SE REMONTA A DECANATURA
Plutarco de León, estudiante de las facultades de Ingeniería y Humanidades y quien se encuentra en el exilio a causa del caso por la toma de la Usac, aseguró que las prácticas de Mazariegos para desarticular el entramado académico de la universidad no son recientes.
Según De León, este tipo de prácticas se remontan a cuando Mazariegos era decano de la Facultad Humanidades, en donde habría utilizado mecanismos similares a los que hoy se extienden en toda la Usac con el fin de neutralizar cualquier forma de oposición y evitar la organización de una oposición democrática.
“Lo que ocurre actualmente en la Usac puede entenderse como una extensión de esas prácticas: represión, vigilancia, criminalización y desaparición o alteración de documentos y registros académicos, con una finalidad concreta: someter a una comunidad hasta hacer que defender sus derechos resulte demasiado costoso”, indicó.
También, remarcó que estas prácticas tienen como fin disuadir a cualquiera que busque defender una educación digna y de calidad, puesto a que el costo personal puede llegar a ser enorme, por ejemplo, la expulsión, persecución penal, vigilancia, amenazas y exposición o acoso en redes sociales.
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De acuerdo al estudiante, el patrón es propio de una “concepción autoritaria del poder”, puesto a que, cuando un dirigente carece de las capacidades necesarias para construir consensos y ejercer un liderazgo democrático, recurre a mecanismos de coerción para neutralizar la disidencia y someter a toda una comunidad.
Por último, remarcó que estas prácticas buscan desarticular las condiciones necesarias para que exista una comunidad universitaria crítica, plural y democrática.
EXPULSIONES
Junto con el caso penal, el CSU buscó iniciar procesos disciplinarios en contra de 137 personas, entre ellos estudiantes, profesores, trabajadores y diputados, según menciona el Acta 06-2024.
El documento mostraba fotografías de las 137 personas dentro de las instalaciones universitarias el 4 de agosto de 2022, aunque algunas imágenes mostraban a los señalados con los rostros totalmente cubiertos. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Astrid Elizabeth García Castillo, presentó un dictamen en el que recomendaba al CSU iniciar procesos disciplinarios.
Finalmente, el 29 de mayo, el CSU expulsó a 10 estudiantes de los estudiantes que eran nombrados dentro del expediente. Entre ellos figuraba Andrés Ernesto García Flores, hermano de Camilo García Flores, exrepresentante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia ante el CSU, quien fue vinculado al caso penal y expulsado posteriormente.
Andrés García Flores afirmó que las acciones forman parte de una agenda represiva que, a su juicio, guarda similitudes con la emprendida contra el movimiento universitario durante el conflicto armado interno, cuando estudiantes fueron asesinados. No obstante, sostuvo que la represión ha cambiado y que ahora se manifiesta a través de la «muerte académica», la «muerte política» y el exilio.
El estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales sostuvo que se trata de una criminalización pura, dura, cruda y totalmente ilegal, que inició en la Facultad de Humanidades, en donde Mazariegos eliminó cualquier índice de nacimiento del movimiento estudiantil a través de la violencia, Comités de Huelga y represalias académicas.
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García Flores recalcó que ahora Mazariegos está actuando en contra de opositores con una supuesta falla en los sistemas de los registros estudiantiles. “Yo pienso que no se va a detener, la Usac, como bien sabemos es un botín político y económico grandísimo, y él va a hacer de las suyas durante estos siguientes cuatro años”, agregó.
Según el estudiante, Mazariegos, a quien calificó de “narco rector”, seguirá expulsado estudiantes, eliminando registros académicos y denunciado a más personas, por lo cual recalcó que mientras no haya acciones desde el MP, el Organismo Judicial (OJ) y Presidencia, la violencia y la criminalización creceran en la usac.
A su vez, remarcó que Mazariegos es considerado como una persona sumamente autoritaria que no tolera voces disidentes que lo cuestionen en ningún tipo de espacio, por ello, recalcó que busca eliminar cualquier tipo de organización estudiantil, principalmente, pero también docente y trabajador.
También, expuso que Mazariegos ha evitado que voces disidentes que fueron electas asuman en el CSU “Si Mazariegos pierde el control de ese órgano, prácticamente estará perdiendo la universidad completa, (…) pero mientras siga bloqueado el acceso a estas representaciones que ya fueron democrática y legalmente electas, no va a cambiar nada desde adentro”, concretó.
En febrero La Hora también publicó la nota «Oponerse a intereses de Mazariegos provoca reactivación de proceso en contra de decano de Odontología», en la que explicó que el CSU controlado por Mazariegos también busca expulsar a Víctor Ernesto Villagrán Colón, actual decano en funciones de la Facultad de Odontología, con el fin de desintegrar la actual Junta Directiva y colocar a alguien al fin al frente de la unidad académica.
SEGUIMIENTOS
De la misma manera, los estudiantes han denunciado seguimientos por parte de agentes de la seguridad de la Usac y denuncias por parte de autoridades de unidades académicas, que los han orillado a dejar la universidad, como es el caso de Carlos Castro Aldana, estudiante de la Escuela de Ciencia Política.
Castro Aldana, quien también figura en el Acta 06-2024, explicó que Mazariegos ha creado una figura paramilitar dentro de la Usac con inteligencia para identificar y perseguir a opositores, lo cual calificó como autoritarismo.
También, el estudiante destacó que han sido objeto de acoso en redes sociales en donde los califican como miembros del Movimiento Semilla, pero recalcó que hay diferentes ideologías que se unen en contra del fraude en la Usac.
Al mismo tiempo, explicó que junto con varios compañeros han sido constantemente acosados y denunciados, e incluso han tenido problemas con trámites dentro de la universidad.
Castro Aldana afirmó que debido a la constante vigilancia y represión dentro de la Usac tuvo que dejar la universidad para poder continuar su vida académica y no quedarse estancado, puesto a que Mazariegos busca negar el derecho a la educación a los opositores.
BORRADO DE INFORMACIÓN
Una vez cometido el segundo fraude, Mazariegos presuntamente habría iniciado acciones en contra de estudiantes, aunque la Usac emitió un comunicado en el que aseguró que se trataba de un error por el robo de información durante la toma de las instalaciones universitarias en 2022.
De acuerdo a la Usac, se resolvieron los primeros casos, por lo cual se notificó a los afectados para que presenten sus documentos con el fin de conformar un expediente físico aplicable a su caso particular.
El 15 de julio pasado, estudiantes de distintas unidades académicas intentaron asignarse a los cursos del segundo semestre, pero al ingresar a Registro y Estadística encontraron que no estaban inscritos.
Un día más tarde, llegaron a las instalaciones de la Usac en donde agentes de seguridad les indicaron que no podían ingresar. Estudiantes indicaron que existe una «lista» de personas que tiene prohibida la entrada.
Según varios estudiantes, alrededor de 40 estudiantes, entre ellos una mayoría que ha señalado el segundo fraude, no logró inscribirse en el segundo semestre.
INTENTO DE EXPULSIÓN BAJO DE AGUA, DICE ESTUDIANTE
Una estudiante que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que las órdenes de captura, las expulsiones y la eliminación de registros académicos forman parte de una estrategia para debilitar al movimiento universitario y desalentar la participación de quienes se han opuesto a la administración del rector Walter Mazariegos.
Según la estudiante, estas medidas funcionan como «castigos ejemplares» que buscan instalar un clima de temor entre la comunidad universitaria. Afirmó que el contexto histórico del país, marcado por el conflicto armado interno, hace que este tipo de acciones tengan un efecto intimidatorio sobre estudiantes cuyas familias vivieron ese periodo.
También señaló que la desaparición de registros académicos no responde a errores administrativos, sino que afecta principalmente a personas que participaron en las elecciones universitarias, integraron cuerpos electorales o formaron parte de las movilizaciones iniciadas en 2022.
Indicó que algunos de los afectados ingresaron a la universidad en 2023 y 2024, cursaron y aprobaron materias con normalidad e, incluso, algunos estaban por cerrar pensum, por lo que consideró que la eliminación de sus registros carece de justificación.
A criterio de la estudiante, estas acciones buscan evitar el costo político y mediático que representaron las expulsiones de estudiantes y otras medidas disciplinarias adoptadas anteriormente.
También, cuestionó que funcionarios universitarios invoquen la autonomía de la Usac para limitar la supervisión de estas actuaciones. Sostuvo que ese argumento también ha sido utilizado en otros procesos relacionados con las expulsiones estudiantiles y la elección de rector, pese a que la universidad administra fondos públicos y, en su opinión, debe estar sujeta a mecanismos de rendición de cuentas.
ARBITRARIEDADES, SEÑALA CANO
Sergio Cano, estudiante de la Escuela de Historia, las medidas adoptadas por Mazariegos en contra del movimiento estudiantil son «completamente arbitrarias» y tienen como objetivo «acallar las voces disidentes» y enviar un mensaje a otros estudiantes para que no expresen este tipo de criticas.
Según Cano, entre estas acciones se encuentran las expulsiones, las órdenes de captura, los procesos disciplinarios y, más recientemente, la eliminación de registros e información institucional.
A su vez, aseguró que dentro de la universidad algunos estudiantes han sufrido acoso por parte de la seguridad universitaria y que posteriormente son expuestos en redes sociales a través de páginas que identificó como «net centers», luego de ser fotografiados o grabados con drones o teléfonos celulares.
El estudiante afirmó que estas acciones son represivas, autoritarias y contrarias a la libertad de expresión, y sostuvo que quienes han sido expulsados, criminalizados o afectados con la eliminación de sus registros no son estudiantes que hayan incurrido en conductas que ameriten sanciones disciplinarias. Por el contrario, indicó que muchos de ellos mantienen buenos promedios y expedientes académicos destacados.
Además, señaló que, a su juicio, Mazariegos y el CSU, al que calificó de «ilegítimo», no están interesados en fortalecer la institucionalidad de la Usac, sino en mantenerse en el poder para responder a «intereses más oscuros», los cuales, según dijo, estarían relacionados con el sector empresarial y entidades internacionales.
Cano calificó a Mazariegos como «un usurpador, un mafioso, un narco y prácticamente un mini dictador dentro de la Universidad de San Carlos».
El estudiante sostuvo que las autoridades universitarias actúan con impunidad porque, según afirmó, no enfrentarán consecuencias por parte del MP, ni del sistema de justicia. También expresó que es probable que los estudiantes a quienes les fueron eliminados sus registros permanezcan fuera de la universidad, al igual que otros estudiantes expulsados anteriormente.
