La Contraloría General de Cuentas (CGC) solicitó que se otorgue en definitiva el amparo que busca dejar sin efecto la votación irregular del Cuerpo Electoral Universitario, con la cual se avaló el segundo fraude de Walter Mazariegos Biolis como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
La Contraloría remarcó que Mazariegos carece de constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, también conocida como “finiquito”, por lo cual no puede asumir como rector de la universidad estatal.
En esta línea, explicó que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Usac establece que la comisión de calificación del Cuerpo Electoral Universitario debe comprobar si el candidato reúne las calidades que exige la ley.
“Por lo que al no contar con la constancia transitoria de reclamación de cargos no era posible declararlo como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el periodo 2026-20302”, detalla el documento presentado por la Contraloría.
Al mismo tiempo, recordó lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en los expedientes 3100, 3178, 3121, 4417, respecto a que la Contraloría es la institución que tiene a su cargo la emisión del “finiquito”.
Por ello, señaló que en el caso de Mazariegos no se pudo extender el finiquito, debido a que en sus registros aparece una reclamación o juicios pendientes.
De esta cuenta, la Contraloría indicó que estima oportuno que la judicatura declare con lugar la acción de amparo, ya que se vulneró los derechos fundamentales de los electores que presentaron el amparo.
El abogado Edwin Orozco explicó a La Hora que la Procuraduría General de la Nación (PGN) también se sumó a la solicitud para que se declare con lugar el amparo solicitado por los electores.
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SIN FINIQUITO
La Contraloría presentó una denuncia en contra de Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) debido a que se negaron a renovar a los integrantes de este órgano que vencieron el plazo por el que fueron electos, a pesar que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo y la alta Corte ordenaron que se convocara a votaciones.
De la misma forma, el CSU, controlado por Mazariegos, modificó la normativa interna omitiendo preceptos constitucionales y otorgó la titularidad a docentes afines sin que hayan llevado los concursos de oposición que establece la normativa universitaria.
La denuncia actualmente se encuentra en el Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras, pero hasta el momento no se han presentado avances al respecto.
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AMPAROS DETIENEN FRAUDE
El pasado 4 de mayo, el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala otorgó un amparo provisional a Irayda Ruiz Bode, quien accionó en contra de la comisión de calificación del Cuerpo Electoral Universitario.
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De esta cuenta, la judicatura dejó sin efecto la votación que aprobó dicha comisión conformada por Santos de Jesús Dávila Aguilar, decano de la Facultad de Humanidades y rector en funciones en la votación, así como contra los electores Wendy López Dubón, del Colegio de Ingenieros de Guatemala, y Brando Oswaldo Samayoa Arias, estudiante de la Facultad de Derecho.
Al mismo tiempo, dejó sin efecto el punto 3.5 del Acta 10-2026 del CSU, con la que se avaló el informe presentado por Dávila Aguilar sobre la votación del Cuerpo Electoral Universitario.
Ruiz Bode señaló que dicha votación fue irregular, ya que en el Colegio de Arquitectos de Guatemala, un juzgado ordenó repetir la votación debido a que el tribunal electoral rechazó la inscripción de la planilla de oposición.
Asimismo, el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia del Ramo Civil otorgó un amparo a los electores de oposición que fueron acreditados para integrar el Cuerpo Electoral Universitario, ya que señalan que se anularon 16 elecciones de manera ilegal.
También, señalaron que el CSU aprobó las votaciones en el Colegio de Arquitectos de Guatemala y el Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala a pesar que se ordenó repetirlas; y en el Colegio de Profesionales de Enfermería, a pesar que perdieron las elecciones.
De acuerdo al abogado Edwin Orozco, existen más de 20 amparos presentados en distintas judicaturas en las se señala las irregularidades cometidas por el CSU, tribunales electorales de colegios y juntas directivas de facultades que beneficiaron a Mazariegos.
En la nota «Control del CSU y facultades, exclusiones y violencia: Así ha tramado Walter Mazariegos el segundo fraude”, La Hora detalló las irregularidades cometidas durante las diferentes etapas de elección, con las que Mazariegos buscó mantener el control sobre la universidad pública.
Sin embargo, será la máxima Corte la que tenga la última decisión sobre el fraude cometido en la Usac.
