La Universidad Americana (UA) —la más reciente en el país— enfrentará su primera prueba de independencia institucional antes de cumplir un año de haber sido aprobada, pues participará en la Comisión de Postulación que elegirá a los candidatos para Contralor General de Cuentas por el período 2026-2030.
Según ha conocido La Hora, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, busca utilizar en su favor la aprobación que el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) hizo en noviembre de 2025. En el CEPS, Mazariegos tiene una enorme incidencia.
La nueva universidad integrará la postuladora debido a que cuenta con la Facultad de Ciencias Económicas y tiene en su plan de estudios la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. La Constitución Política de la República establece que tales unidades deben participar en el proceso.
Además, su rector, Sergio Méndez, es parte del Foro de Rectores, instancia que deberá designar de entre sus miembros al presidente del ente nominador.
La nueva universidad que podrá participar en las elecciones de TSE y CGC en 2026
La relevancia de su papel radica en que la postuladora tendrá a su cargo elaborar la nómina de seis candidatos de donde el Congreso elegirá al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Esta institución que tendrá un rol preponderante antes de las elecciones generales de 2027, ya que le corresponde la emisión de finiquitos para aspirantes a cargos públicos.
Contra Mazariegos pesan acusaciones de buscar apoyos para presidir la postuladora y controlar la selección del próximo contralor.
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PRIMERA PARTICIPACIÓN EN UNA ELECCIÓN CLAVE
La incorporación de la Universidad Americana a finales del año pasado modificó el tablero de las comisiones de postulación, pues aumentó el número de integrantes en esas instancias, por la participación de sus decanos y rector.
En el caso de la Contraloría, su Facultad de Ciencias Económicas tendrá representación mediante su decano, Óscar Emilio Paiz Corzo, quien participará por primera vez en una elección de este tipo.
Desde que se oficializó su creación, la UA ha estado en el ojo público, pues su autorización ocurrió un año antes de los procesos de renovación de autoridades como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fiscal general y contralor. Las autoridades de la universidad han expresado que esperaron años por tal aprobación y esgrimen que ellos no controlan los tiempos.
Tal escenario generó expectativas sobre las unidades académicas que pondría primero en funcionamiento, ya que de eso dependería en qué postuladoras tendría representación.
LOS ELEMENTOS QUE ABRIERON EL DEBATE
Su incorporación generó interés entre sectores que fiscalizan las elecciones de segundo grado, principalmente debido a que la Universidad fue autorizada cuando dentro del CEPS había personas relacionadas con el entorno de Walter Mazariegos.
Entre ellas figura Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien era secretario de ese Consejo cuando se aprobó la creación de la casa de estudios y es reconocido como uno de los operadores del rector de la Usac en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), además de haber trabajado como asesor en esa institución académica, en la cual también fue parte del Consejo Superior Universitario (CSU).
Entre sus antecedentes destaca también su inclusión, en 2021, en la Lista Engel, en la cual el Departamento de Estado de Estados Unidos identifica a personas señaladas por corrupción y actos antidemocráticos. En su caso, se le designó por «abusar de su autoridad para influir y manipular indebidamente el nombramiento de jueces en altos tribunales».
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Otro de los nombres que figura en este caso es el de Carlos Humberto Echeverría Guzmán, integrante del Consejo de Fiduciarios de la Universidad Americana, catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac. Además, ya participó en procesos anteriores para elegir Contralor General de Cuentas —en 2022 formó parte de la nómina final de seis candidatos enviada al Congreso—.
Estos elementos han sido destacados en diversas oportunidades por organizaciones como el Movimiento Pro Justicia, que ha advertido de la necesidad de independencia de la nueva universidad para evitar una posible influencia del círculo cercano a Mazariegos dentro de la nueva casa de estudios superiores.
Hasta ahora no existe una prueba pública que establezca que la Universidad Americana responde a instrucciones del sancarlista.
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RECHAZAN VINCULACIÓN CON «INTERESES EXTERNOS»
De hecho, al ser consultadas sobre el tema, las autoridades de esa institución académica manifestaron: «Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular a nuestra casa de estudios con intereses externos o con la influencia de personas ajenas a nuestra institucionalidad”.
El decano Óscar Paiz, quien integrará la citada postuladora, indicó que el proceso de creación de la Universidad tomó varios años y que, según su conocimiento, «incluyó evaluaciones técnicas y revisiones conforme a los procedimientos establecidos».
Sobre los cuestionamientos por la participación de personas cercanas a Mazariegos dentro del CEPS durante la autorización de la entidad, el entrevistado dijo que no le corresponde pronunciarse sobre decisiones internas de ese órgano, pero insistió en que la creación de la casa de estudios superiores «no fue un proceso inmediato ni improvisado».
«En ese sentido, prefiero ser respetuoso y responsable: no tengo información que me permita emitir una valoración sobre el proceso interno de aprobación ni sobre las decisiones tomadas por terceros. Lo que puedo reiterar es que la Universidad Americana actúa con apego a la normativa, con autonomía institucional y con el compromiso de desarrollar su proyecto académico de manera seria y responsable», remarcó.
HABILITACIÓN DE FACULTAD ESTABA PLANIFICADA, EXPRESAN
La Hora también preguntó al académico sobre las razones por las que una de sus primeras facultades habilitadas sea Ciencias Económicas, la cual le permitirá participar en la postuladora de Contralor. Su respuesta fue que «la Universidad ha avanzado conforme a su planificación institucional, académica y administrativa».
«Cualquier interpretación externa sobre los tiempos o sobre la relación de esos procesos con otros espacios corresponde a opiniones que no puedo confirmar», agregó el decano, y afirmó que las decisiones en esa entidad se toman con base en «criterios institucionales, técnicos y éticos, y no responden a presiones, alianzas particulares ni agendas personales de ningún actor externo”.
«Somos respetuosos del debate público y comprendemos la expectativa que existe alrededor del tema —sobre la próxima elección de contralor—; sin embargo, consideramos fundamental que cualquier señalamiento se sustente en hechos verificables y no en especulaciones», dijo también. Tales declaraciones son similares a las vertidas anteriormente por el rector de esa universidad, Sergio Méndez.
En una entrevista previa con este medio sobre la presunta cercanía y posible apoyo a Mazariegos en la comisión de postulación, Méndez expresó: «desconocemos cualquier postura, apoyo o posición que pueda ser atribuida a nuestra institución o a las autoridades, sin que haya sido expresada oficialmente por los canales institucionales competentes».
LA APUESTA DE MAZARIEGOS POR LA CONTRALORÍA
La forma en que se integrará la citada postuladora y la influencia que Walter Mazariegos logre tener sobre ella ha cobrado interés debido a la situación del propio rector de la Usac.
Este busca asumir un segundo período al frente de la universidad estatal el próximo 1 de julio, pese a que actualmente no cuenta con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, más conocida como finiquito, un documento otorgado por la Contraloría.
Mazariegos y el Consejo Superior Universitario (CSU) se ampararían en la autonomía universitaria para proteger su continuidad en el cargo. Fuentes a lo interno de ese ente colegiado confirmaron a La Hora que otro de los argumentos es que a anteriores rectores no se les exigió ese requisito antes de asumir.
Según miembros del CSU, así se desvirtuarían posturas que afirman que sin finiquito no podría tomar posesión en la mencionada fecha. Además, «quedarían sin importancia las declaraciones de la Contraloría», cuyas autoridades han hecho ver en varias citaciones en el Congreso que no pueden extender el documento a Mazariegos mientras existan hallazgos derivados de auditorías practicadas a la Usac.
El escenario convierte la elección del próximo contralor en un asunto especialmente sensible para el rector sancarlista, pues esa institución mantiene bajo revisión presuntas irregularidades detectadas durante varias auditorías. Sectores críticos consideran que ese contexto explica su interés por influir en la integración del ente nominador.
Aparte, organizaciones como el Movimiento Pro Justicia, han recordado que, además de fiscalizar el uso de fondos públicos, la Contraloría será la institución encargada de emitir los finiquitos para quienes busquen participar en las elecciones generales de 2027, otro ámbito en el cual se ha señalado a Mazariegos de pretender influir.
Pero para conseguirlo necesitaría contar con aliados que le aseguren votos para los candidatos que desee impulsar, es por ello que estaría cabildeando entre rectores, decanos y representantes de los colegios profesionales en el área de la Contaduría Pública para tener «el control de la postuladora», dijeron fuentes universitarias y gremiales que pidieron no ser citadas.
LA PRUEBA ESTARÍA EN LAS DECISIONES
Ante este escenario, la participación de la Universidad Americana será una de las más observadas en la postuladora que designará a los candidatos más idóneos para dirigir la Contraloría General de Cuentas por los próximos cuatro años.
Más allá de los señalamientos sobre su origen y los perfiles relacionados con su estructura, el principal elemento que definirá la percepción sobre su independencia será su actuación dentro del proceso y cada una de sus fases.
La nueva universidad llega a una elección determinante para el país con el reto de demostrar que su participación responde a su proyecto académico y no a intereses políticos vinculados a actores externos, tal como lo afirmaron sus autoridades.
Esta sería la primera gran prueba institucional para una casa de estudios que, antes de cumplir un año de existencia, ya tendrá un papel dentro de uno de los procesos de mayor impacto en el sistema político guatemalteco, de cara a los comicios de 2027.
