Ni los hallazgos de Contraloría ni las denuncias del propio personal del IGSS sobre presuntas anomalías lograron frenar el negocio por un millonario software de gestión hospitalaria.
Ni los hallazgos de Contraloría ni las denuncias del propio personal del IGSS sobre presuntas anomalías lograron frenar el negocio por un millonario software de gestión hospitalaria. Arte: La Hora/Alejandro Ramírez.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) recién desembolsó Q20.73 millones a la empresa de capital español TRC Informática, Sociedad Limitada, por un software de gestión hospitalaria marcado por cuestionamientos sobre su contratación, el proceso de recepción y la compatibilidad con las plataformas que se usan actualmente en la entidad.

El pago, equivalente al 60% del valor total del contrato por Q34.55 millones, fue registrado el 15 de junio en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de acuerdo con información consignada en Guatecompras.

El desembolso se realizó pese a que en ese portal no aparece el acta mediante la cual el IGSS certifica que recibió a satisfacción la primera fase del proyecto. Tampoco hay documentos relacionados con la integración de la junta receptora y la modificación del procedimiento que las mismas autoridades confirmaron haber realizado y que les permitió recibir tal tecnología fuera del tiempo establecido originalmente.

La compra forma parte de un plan que desde su origen ha enfrentado señalamientos de opacidad, hallazgos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), denuncias internas por supuestas fallas y cuestionamientos sobre la manera en que se permitió avanzar hasta este primer desembolso.

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PAGO PESE A DENUNCIAS POR “MANIPULACIÓN”

El primer y más grande pago consignado en el contrato administrativo número 8-DSC/2026 llega semanas después de que La Hora evidenció lo que personal del IGSS calificó como una «manipulación en el procedimiento» para recibir el software, mediante una enmienda que amplió el plazo en el cual la empresa debía entregar el sistema.

En el documento original se indica que la primera fase del proyecto, correspondiente a la recepción de la tecnología, debía completarse en un máximo de 28 días hábiles después del inicio del contrato.

Y, de acuerdo con lo publicado en Guatecompras, el convenio comenzó a ejecutarse el 23 de marzo; en esa etapa correspondía instalar el software, entregar las licencias y realizar el procedimiento de recepción que permitiría al IGSS emitir el acta correspondiente. Sin embargo, ese proceso tuvo obstáculos.

Fuentes vinculadas al tema señalaron que integrantes de las juntas receptoras designadas inicialmente se apartaron del procedimiento porque existían dudas sobre el funcionamiento de la nueva plataforma. Además, denunciaron una presunta incompatibilidad con el sistema que se usa actualmente para almacenar información de pacientes y medicamentos, entre otros datos.

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VERSIONES QUE AUMENTAN LAS DUDAS

Consultado al respecto, el subgerente de Tecnología e Informática del IGSS, Sergio Barillas, confirmó que hubo cambios en la integración de la junta receptora, pero rechazó que estos tuvieran relación con fallas del sistema.

Según su explicación, el problema fue administrativo. Inicialmente, se habría conformado la junta antes de designar al supervisor del contrato, «por lo que fue necesario corregir el procedimiento mediante una enmienda», dijo, aunque reconoció que tal procedimiento no está contemplado directamente en la Ley de Contrataciones, sino que «se aplicó de manera supletoria».

No obstante, personal de la institución tiene otra versión. De acuerdo con lo indicado a La Hora, la modificación permitió continuar con un proceso que «corría el riesgo de caerse»  por el vencimiento del plazo establecido en el contrato para completar la primera fase.

«Al inventarse que debía haber un supervisor, tuvieron tiempo para buscar gente afín e integrar una junta receptora que aceptara el software aunque no funcione como debería», dijo uno de los entrevistados.

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Personal con participación en el proyecto contratado por el IGSS dijo a La Hora que hay fallas en el sistema. Arte: La Hora/Óscar Daniel López.

CUESTIONAN FALTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Las dudas persisten, dijeron las fuentes, y calificaron como «una falta de transparencia» que no haya documentos públicos sobre cómo se recibió el software y quiénes fueron los designados para constatar que este opere adecuadamente.

Aunque reconocieron que hay argumentos legales para no publicar las actas y nombramientos —la Ley de Contrataciones del Estado no lo establece como una obligación—, los entrevistados remarcaron que la ausencia de información genera suspicacias y «hace pensar que hay razones para ocultar los procedimientos aplicados».

“Puede que no exista una obligación legal de publicar cada uno de esos documentos, pero por transparencia debería conocerse cómo se tomó la decisión y quiénes participaron en la recepción del sistema”, reiteró uno de los consultados. Agregó que «ahora todo está en manos de la Contraloría», en alusión a advertencias hechas previamente por el ente fiscalizador, tras evidenciar posibles irregularidades en la adjudicación.

En la misma línea, otra fuente del Seguro Social opinó que la CGC debe analizar si el pago realizado representa una afectación al patrimonio público, debido a que el Estado desembolsó la mayor parte del costo del software «y no hay claridad sobre su utilidad».

La Hora consultó al equipo de Comunicación de esa entidad acerca de si se prevén acciones legales, como se anunció en su momento, en caso de que se concretara el negocio; sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.

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¿QUÉ SIGUE?

Aunque TRC Informática ya recibió Q20.73 millones, el proyecto todavía debe completar varias etapas antes de estar plenamente operativo. El subgerente de Tecnología del IGSS dijo en una entrevista anterior que será después de la recepción del sistema que comenzará su integración y configuración, así como la capacitación del personal.

El contrato establece hasta 180 días seis meses para desarrollar tales fases hasta llegar a su operación total; no obstante, el convenio contempla una prórroga de hasta 90 días más. De esa cuenta, podrían pasar nueve meses para alcanzar la fase final del proyecto.

Para el personal al cual le corresponderá utilizar el software, esto significa que «falta mucho para comprobar si la plataforma cumple con el objetivo anunciado» por las autoridades. En su momento, estas afirmaron que se busca «modernizar la gestión hospitalaria, integrar información y mejorar los procesos de atención médica» en los centros asistenciales del Seguro Social.

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Trabajadores de por lo menos tres unidades que figuran como beneficiarias del software aseguran que no tienen conocimiento de la nueva tecnología.

Para conocer los detalles de lo actuado hasta la fecha y las condiciones en que se recibió el software provisto por TRC Informática, La Hora intentó comunicarse nuevamente con el subgerente Sergio Barillas y le remitió también un cuestionario por medio del Departamento de Comunicación del IGSS. Al cierre de esta nota no había respondido.

Representación de pago al IGSS. Arte La Hora: Alejandro Ramírez
Pese a las denuncias de su propio personal, el IGSS recibió a conformidad un software por el cual levantó tres eventos de licitación desde 2024. Arte: La Hora/Alejandro Ramírez

ENTRE INTENTOS FALLIDOS Y CAMBIOS MILLONARIOS

Un aspecto a destacar es que el negocio con TRC Informática no comenzó con la adjudicación actual. Desde 2024, el IGSS ha intentado contratar un software de gestión hospitalaria mediante tres procesos diferentes y en todos los casos la empresa española fue la única oferente.

El primer evento contemplaba una inversión cercana a Q8 millones para implementar el sistema en cinco hospitales, pero ese proceso no avanzó debido a observaciones de la Contraloría relacionadas con la oferta presentada.

Posteriormente, el Seguro Social lanzó un segundo concurso, esta vez por Q38.5 millones, nuevamente con TRC Informática como única participante. Aunque la firma fue adjudicada, el contrato quedó sin efecto después de que la institución concluyó que «no convenía a los intereses del Estado».

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El tercer proceso culminó con el contrato vigente por Q34.55 millones, pese a nuevos hallazgos de la CGC y denuncias desde lo interno del IGSS sobre un presunto interés de su  presidente, José Adolfo Flamenco Jau, por concretar el negocio.

El funcionario, sin embargo, ha preferido no referirse al tema. La Hora ha intentado en múltiples ocasiones y por diferentes vías establecer comunicación con él, para conocer su postura, pero no se ha conseguido.

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