Depositantes dejaron por escrito en formularios bancarios que el dinero que entregaban era para el «pago de un coyote» y para un «viaje a EE. UU.». Esas operaciones forman parte de una investigación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que detectó movimientos por más de Q452 millones en cuentas de una serie de empresas, principalmente dedicadas a la venta de combustibles, y presentó una denuncia al Ministerio Público por posibles fondos de procedencia ilícita en abril de 2022.
La IVE revisó los movimientos bancarios de 10 personas jurídicas e individuales entre el 2 de marzo de 2018 y el 25 de agosto de 2021, por un monto que suma más de Q452 millones. La Hora conoció que, después del análisis, la Intendencia presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), en abril de 2022.
Como otras similares que la IVE presentó durante el tiempo que Consuelo Porras dirigió el MP no se conocieron de avances del caso en ese entonces.
De acuerdo con el ente investigador de Gabriel García Luna, el expediente fue trasladado desde la Fiscalia contra el Delito de Lavado de Dinero a la Fiscalía Contra el Trafico Ilícito de Migrantes.
Las cuentas donde se centra primordialmente la atención y la denuncia son dos a nombre de la empresa que para fines de esta investigación se designa como G*** C*** de G***, S. A., (abreviado GCG) que en el periodo analizado, según una muestra tomada por la IVE de depósitos iguales o superiores a Q50 mil, recibieron ingresos por arriba de los Q69 millones entre las dos.
Dentro de los depósitos llamó la atención uno efectuado por una mujer que, para fines de este artículo, identificamos solo como Julia, quien hizo un depósito a una de las cuentas de esta empresa; no se especifica el monto, por «pago de mercaderías de artículos de consumo diario».
El sujeto obligado (banco) informó que dicho depósito «no coincide con el nombre de la cuenta», por lo que se tienen indicios de que puede tratarse de «coyotes que mandan a personas a los Estados Unidos». Dicha cuenta, agrega, «podría estar recibiendo fondos de procedencia ilícita».
Además, en la otra cuenta de la misma empresa, llama la atención que entre abril y agosto de 2021 se analizaron 9 operaciones, de las cuales dos fueron por encima de los USD 10 mil, por lo que se requirió llenar el formulario IVE-BA-03.
IVE denuncia más de Q600 millones ante Fiscalía contra el Lavado de Dinero en primer mes del 2026
En uno de estos, una persona que depositó Q88 mil consignó como origen de los fondos «remesas que recibe su señora madre… por parte de su hijo en los Estados Unidos», y como destino del dinero se anotó: «para el pago de un coyote por el traslado de su hermano».
La misma cuenta recibió otro depósito por Q11 mil 800 de una persona que, como origen de los fondos, registró «por venta de cultivo de siembra para su venta» y, como destino de dichos recursos, colocó «por pago de viaje en EE. UU.» (sic).
La persona obligada (banco) reportó que los demás créditos registrados en esta segunda cuenta de GCG fueron efectuados por personas individuales. Estos fondos, precisó, «corresponden a pagos por el traslado ilegal de personas hacia los Estados Unidos de América».
La información proporcionada por los depositantes refiere que el destino de los recursos «puede deberse a una actividad ilícita», por lo que dicha cuenta bancaria posiblemente recibió dinero de «procedencia ilícita», expuso la persona obligada, constató La Hora.
TRANSACCIONES EN EFECTIVO
Asimismo, la IVE detalló que la primera cuenta recibió efectivo por Q35.1 millones producto de 301 depósitos y que no hay certeza de su origen, puesto que en la mayoría se consignó «compra-venta de combustible y pago a proveedores», pero no se presentaron documentos que respaldaran dichos negocios.
La mayoría de estos depósitos estuvieron a cargo de siete personas, cinco hombres y dos mujeres, que no presentaron documentos para justificar el origen y destino del dinero. Estos, a su vez, depositaron recursos en cuentas bancarias de otras empresas que también figuran en la denuncia como «posibles partícipes».
Resalta que muchos de los depósitos se efectuaron en departamentos lejanos al lugar que la empresa declaró al inicio de la relación con el banco. Por ejemplo, en la primera cuenta, el 40% de las transacciones se hicieron en Huehuetenango y el 19% en San Marcos, departamentos fronterizos con México y dos de los principales expulsores de migrantes.
Mientras que en la segunda cuenta, los depósitos tuvieron lugar en agencias de Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, Santa Rosa, Chimaltenango y Jutiapa, que experimentan también alto flujo migratorio, de acuerdo con cifras oficiales de deportaciones del Instituto Guatemalteco de Migración. Estos movimientos, de acuerdo con la denuncia de la IVE, no reflejan un fundamento económico o legal.
Otro hecho que se destaca en la denuncia es que el monto promedio de los ingresos mensuales aproximados consignados en la información económica-financiera que ofreció la empresa titular de las cuentas al inicio de la relación con el banco se supera «considerablemente» sin que se haya presentado un fundamento económico o legal evidente.
DÉBITOS
En cuanto a los débitos que analizó la IVE, destaca el pago de Q88.4 millones de la primera cuenta y de Q1.3 millones de la segunda para una de las importadoras y distribuidoras de combustibles más grandes del país; sin embargo, la empresa cuyas cuentas fueron analizadas, por medio de su principal, «no pudo justificar documentalmente el referido movimiento transaccional», ya que solo mostró tres facturas cuyo monto «es incongruente con el de los fondos destinados a la empresa».
«Esto hace presumir la existencia de mezcla de fondos de procedencia lícita e ilícita», plantea la denuncia.
Asimismo, se efectuaron transacciones bancarias en favor de personas y empresas que también son posibles partícipes y con quienes «no se encuentra una relación comercial justificada documentalmente por sus representantes legales».
MÁS CUENTAS RELACIONADAS
La IVE analizó otras nueve cuentas, una personal y el resto de siete empresas en donde el patrón se repite: reciben depósitos en efectivo; en algunas cuentas la mayoría no sobrepasa los USD 10 mil o su equivalente en quetzales, por lo cual fue imposible determinar el origen del dinero.
En otras cuentas, los depósitos sí superan la barrera de los USD 10 mil, pero en el formulario se consignó como origen de los recursos «compra-venta de combustible» y «pago a proveedores», sin que se mostrara documentación para respaldar las transacciones, es decir, sin que se observara un fundamento legal o económico evidente.
Asimismo, en todas las cuentas los depósitos en efectivo estuvieron a cargo de algunas de las siete personas que depositaron los recursos a las dos cuentas de GCG que, como señala la IVE en la denuncia, hay sospechas de que pueda estar recibiendo dinero de origen ilícito.
De igual forma, algunas de las restantes nueve cuentas bancarias registran transacciones entre ellas y entre las de GCG, sin que haya una justificación aparente, y se repite el patrón de que los depósitos en efectivo se hicieron principalmente en Huehuetenango y San Marcos, aunque también en agencias de Santa Rosa y Coatepeque, Quetzaltenango.
Estas son las cuentas y algunos de los movimientos que figuran en la denuncia:
C** A** O**: Ingresos por Q1.7 millones, de los cuales Q482 mil fueron en efectivo, producto de 71 operaciones menores a USD 10 mil o su equivalente en quetzales. Recibió recursos de GCG y del representante legal de esta, así como de otras cuentas que figuran en la denuncia, por lo cual la cuenta puede estar siendo utilizada para el mismo efecto (recibir dinero de procedencia ilícita). También hizo pagos por Q2.2 millones por la compra de combustible a una importadora, sin que haya un fundamento económico o legal.
C*** L*** y T***, S. A.: Recibió Q25.5 millones, de los cuales Q13.2 millones fueron en efectivo sin que se tenga certeza de su origen, puesto que en los formularios IVE-BA-03 solo se consignó «compra-venta de combustible y pago de proveedores», pero no se presentaron documentos. Recibió depósitos de las mismas personas que depositaron a GCG, que presenta indicios de estar recibiendo fondos de procedencia ilícita, por lo cual la cuenta puede estar siendo usada para el mismo fin.
La denuncia también detalla que esta cuenta recibió Q2.2 millones de G** V*** C*** y Q20 mil de S***, C*** y M***, empresas que «se menciona en noticias que pueden estar relacionadas» con el grupo del crimen organizado Los Huistas, que opera en Huehuetenango.
En cuanto a los débitos, también registra pagos millonarios por compra de combustible, sin que exista justificación para tal fin. De igual forma, traslados a cuentas de otras empresas que también figuran en la denuncia.
K***, S. A.: En el periodo analizado recibió Q1.2 millones, de los cuales Q540 mil fueron en efectivo, pero no superaron el umbral de los USD 10 mil, por lo cual es imposible conocer el origen de estos; solo se determinó que parte se depositó en agencias de Santa Rosa y Huehuetenango. También recibió e hizo transferencias de y hacia otras cuentas de posibles partícipes sin que haya justificación.
P***y S*** A***, S. A. (1): Recibió depósitos por Q10.3 millones, de los cuales Q9.6 millones fueron en efectivo. Algunos superaron los USD 10 mil; por lo cual en el formulario se consignó «compra-venta de combustible y pago de proveedores», sin que se mostraran documentos de respaldo. Los depósitos se efectuaron en agencias de Huehuetenango, principalmente de La Democracia. Recibió fondos de personas que hicieron lo mismo a cuentas de GCG, cuyas cuentas son sospechosas de recibir fondos ilícitos.
De esta cuenta salieron Q10.1 millones para otra cuenta a su nombre y también para el pago por compra de combustible a una importadora y distribuidora, sin que se haya justificado dicho comportamiento económico.
P*** y S*** A***, S. A. (2): En esta cuenta se recibieron Q38.5 millones de otras cuentas de A*** en diferentes bancos, lo cual, según la denuncia, es «una alerta de posible concentración de fondos, sin observarse un fundamento económico o legal evidente». Al igual que otras, también recibió gran cantidad de depósitos en efectivo, en agencias, principalmente de Huehuetenango, la mayoría con la misma justificación: «compra-venta de combustible y pago a proveedores», sin que haya explicación.
También recibió depósitos de otras cuentas bancarias de posibles partícipes. Mientras que, en cuanto a los egresos, también registró pagos por la compra de combustibles a una importadora, sin que haya justificación.
T*** S*** J***/ L*** A*** R*** X***: Recibió Q1.1 millones en efectivo, por «compra-venta de combustibles y pago a proveedores», sin justificación. Depósitos hechos principalmente en Huehuetenango. Los principales depositantes hicieron lo mismo con las cuentas de GCG.
Aparte, registró débitos por Q1.5 millones, de los cuales aproximadamente Q532 mil los retiró un «asistente de gerencia» de la empresa al cambiar cheques.
C*** de P*** y S*** E*** de G***: mismo patrón, recibió Q5.6 millones en efectivo, la mayoría inferiores a USD 10 mil, por lo cual no se pudo determinar su origen, y en los que fueron superiores a este umbral se consignó lo mismo, «compra-venta de combustible y pago a proveedores», sin que se presentara ninguna justificación. Las transacciones fueron hechas principalmente en Huehuetenango.
Los principales depositantes también hicieron lo mismo en las cuentas mencionadas anteriormente, incluyendo las de GCG. En cuanto a los egresos, registra débitos por Q7.45 millones, la mayoría de los cuales fue para otra empresa que figura en la denuncia como posible partícipe.
T*** I*** de C***, S. A.: Recibió depósitos por Q153.6 millones, de los cuales cerca de Q46 millones fueron de otras cuentas a su nombre. Esto constituye «una alerta de posible concentración de fondos», detalla la IVE, sin que se observe un fundamento económico o legal evidente. Además, recibió 253 depósitos en efectivo, la mayoría por arriba de los USD 10 mil, con el mismo concepto que los depósitos que se hicieron en las cuentas que se describieron en párrafos anteriores.
También recibió depósitos de otras cuentas sujetas al análisis en la denuncia, sin que los representantes de estas hayan fundamentado las transacciones. Además, registró débitos por Q243.9 millones por compra de combustible a una importadora, sin que la empresa haya podido justificar esos movimientos.
Finalmente, está la cuenta de dos personas individuales (FJRM y FdMRCdW), que también recibió fondos en efectivo por montos inferiores a USD10 mil, por lo cual no se puede determinar el origen. El 24% de los fondos provino del titular de la cuenta, lo que genera «alerta de posible concentración de fondos», sin que haya un fundamento económico.
También parte de los fondos fueron depositados por la principal de T*** I*** de C***, S. A., (PMMD), aparentemente familiar del titular de la cuenta. En cuanto a los egresos, Q289 mil fueron cobrados por FJRM, en efectivo, con lo cual se desconoce el destino de tales recursos.
OTROS DATOS
La denuncia destaca que la mayoría de estas cuentas, cuando se inició la relación con el banco, declararon montos de ingresos promedio mensuales muy por debajo de lo que recibieron en el periodo analizado. También, que representantes de la mayoría de las empresas se han resistido a actualizar sus datos y a entregar información y documentos que respalden sus movimientos transaccionales.
Asimismo, algunas de las empresas cuyas cuentas fueron objeto de análisis tienen los mismos socios fundadores y algunas comparten representante legal.
SANCIONES
Desde hace unos años, EE. UU. ha emitido sanciones financieras en contra de personas, organizaciones y empresas por facilitar el ingreso ilegal de migrantes a ese país.
En Guatemala, uno de los casos más sonados fue el del grupo que EE. UU. nombró «Organización de Tráfico de Personas López», que desde 2017 ha traficado a miles de personas desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos». Sus integrantes fueron sancionados en julio de 2024.
Según el argumento utilizado por el Departamento del Tesoro para imponer la sanción, la organización compraba documentos mexicanos falsificados y pagaba sobornos a los cárteles para facilitar el tránsito de migrantes por México. También adquirió buses para el transporte de estas personas y recurrían a bancos y empresas de servicios financieros para recibir pagos por las personas que traficaba.
De igual forma, el Tesoro ha sancionado a empresas por recurrir a la misma práctica. Uno de los ejemplos más sonados es el de la sanción emitida en contra de los integrantes de la red «Bhardway«, en 2025, en México. La sanción se extendió a 16 empresas que, según la investigación, facilitaban actividades para el tráfico ilícito de migrantes que pasaban por México desde diversas partes del mundo.
Entre los negocios había hoteles, empresas turísticas, compañías inmobiliarias y sociedades utilizadas para mover el dinero o administrar los bienes.
COSTOS, ARRIBA DE LOS USD 10 MIL
El costo por viajar de manera irregular a EE. UU. ha aumentado considerablemente en los últimos años, y hoy se cotiza incluso a más de USD 10 mil.
Un estudio publicado en 2023 por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) daba cuenta de que, desde Guatemala, el costo por el pago de un coyote que traslada al migrante por México más otro para hacerlo cruzar la frontera con EE. UU. aumentó en siete años de USD 6 mil 606 a USD 12 mil 383.
Analistas coinciden en que el precio que cobran los traficantes de personas aumenta en la medida que las condiciones para migrar se hacen más difíciles, pues esto implica utilizar nuevas rutas o adicionales medios de transporte.
Según investigaciones periodísticas, incluso, en muchos casos, hasta se paga avión para transportarse dentro de México, estos viajes podrían costar más de Q150 mil. El negocio ilícito es de tal tamaño que, de acuerdo con cálculos del Global Financial Integrity, en Guatemala podría generar ganancias a grupos delictivos de hasta Q3 mil millones anuales.
MP TRASLADA EXPEDIENTE
Consultado al respecto del caso originado por la denuncia de la IVE en 2022, el MP refirió que el expediente fue trasladado desde la Fiscalia contra el delito de Lavado de Dinero a la Fiscalía Contra el Trafico Ilícito de Migrantes.
El ente investigador refirió que el expediente sigue en investigación, añaden que se tiene toda la información bancaria y financiera, sin embargo, se encuentra bajo reserva de conformidad a la normativa contra el lavado de dinero.
También agregan que el mismo cuenta con control jurisdiccional.
*** La Hora no publica los nombres completos dado que en este caso no hay uso de fondos públicos. Corresponde al MP ahondar en las acciones legales necesarias para validar o descartar la denuncia de la IVE.
