El Ministerio de Gobernación (Mingob), a cargo de Marco Antonio Villeda, inició el proceso para la actualización del parque vehicular que utiliza la Policía Nacional Civil (PNC) para la movilización de los elementos uniformados, lo cual ha sido un paso para mejorar la seguridad y la transparencia de la entidad encargada de la protección ciudadana, según analistas consultados por La Hora.
Históricamente, la cartera del Interior se ha visto en ocasiones manchada por señalamientos relacionados con la compra de vehículos para la PNC, debido a la falta de calidad de los automotores, así como por la ausencia de requisitos y especificaciones técnicas adecuadas en algunos procesos de adquisición, lo que ha generado dudas sobre la transparencia de las adjudicaciones, lo cual ha quedado plasmado en publicaciones de La Hora.
Analistas consultados por La Hora remarcan que para mejorar la transparencia en las compras del Estado se deben plantear reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, al mismo tiempo que remarcaron que se debe capacitar al personal encargado de los procesos para evitar errores en la licitaciones.
ANÁLISIS
El Número de Operación Guatecompras (NOG) identificado como 29615992 detalla que el Mingob, a través de la Dirección General de la PNC, publicó el evento para la “adquisición de vehículos de diferente clases, tipo patrulla” para uso de la entidad policial, distribuidos de la siguiente forma:
400 picops para autopatrullas
20 buses con capacidad para transportar a 30 personas
12 para transportar a 48
50 camionetas de tracción 4 x 4
13 camiones de grúa
60 microbuses
30 paneles; y,
2 camiones tácticos (vehículos militares de combate
Gobernación recibió cinco ofertas, por lo cual, los miembros de la Junta de Licitación verificaron las finanzas e hicieron una visita de campo a las instalaciones de las empresas ofertantes, según detalla el Acta 116-2026 de la Junta de Cotización y Licitación de la PNC.
En este proceso, la junta rechazó la oferta de Continental Motores, S.A. para la compra de buses con capacidad para 30 y 48 personas, así como el camión grúa, ya que determinaron que las características, capacidades y condiciones técnicas de los modelos ofertados no cumplían con las especificaciones establecidas.
Gobernación también rechazó la oferta de Grupo Q Guatemala, Sociedad Anónima puesto a que en la oferta indicó que “los precios pueden sufrir cambios en los arribos que están fuera del control” de la empresa, lo que, a criterio de la junta de licitaciones podría significar una variación en los plazos de entrega y los precios ofertados.
En cuanto a la oferta de Changhe Motors, Sociedad Anónima, la junta de licitación rechazó la oferta al indicar que los vehículos ofertados no acreditaban el respaldo y la autorización directa del fabricante o de la marca, por lo tanto, no se podría garantizar la disponibilidad de la garantía de fábrica, suministro de repuestos originales, soporte técnico, mantenimiento de servicios y demás prestaciones.
Gobernación también negó la oferta de Tactical Group al argumentar que los vehículos ofertados requieren servicios de mantenimiento preventivo y correctivo altamente especializados para garantizar su adecuada operación, seguridad y funcionamiento durante toda su vida útil, por lo que remarcó que no existe un centro de servicio autorizado de la marca que cuente con la infraestructura, equipo, herramientas especializadas y personal técnico para la atención de las unidades.
CALIFICA A EMPRESAS
De esta cuenta, la junta de licitación aplicó una tabla de calificación sobre el producto ofertado, distribuida de la siguiente forma:
Precio más bajo de todas las ofertas: 35 puntos
Mayor número de certificados de calidad: 15 puntos
Centros de Servicios Acreditados: 10 puntos
Pruebas de Manejo: 10 puntos
Garantía de Fábrica: 10 puntos
Experiencia: 10 puntos
Al calificar la oferta por pickups presentada por Cofiño Stahl y Compañía, Sociedad Anónima (S.A.), la junta de licitación otorgó una calificación de 99.74. El acta detalla que dio 34.74 por existir otras ofertas de menor precio.
Durante la prueba de manejo, los pickups Toyota Hilux cumplieron con “las especificaciones técnicas y los requerimientos institucionales”, lo que evidenció un “desempeño adecuado durante las pruebas realizadas”, según la junta de licitación.
Compra de motos sin respaldo postventa; otro negocio como las Lada
La empresa Continental Motores, S.A. tuvo una calificación menor al no contar con el número de certificados de calidad y centros de servicio, pero la junta de licitación remarcó que los vehículos cumplieron con el desempeño en las pruebas de manejo.
La junta de licitación también calificó con 100 puntos las ofertas por camionetas, microbuses para 15 personas y paneles que presentó Cofiño Stahl y Compañía, S.A., afirmando que cumplieron con los requisitos en las referidas pruebas de conducción.
Hasta el momento de esta publicación, no existen incoformidades sobre este proceso.
SEÑALAMIENTOS HISTÓRICOS
En enero de 2022, La Hora publicó la nota “Compra de motos sin respaldo postventa; otro negocio como las Lada”, en la que resaltó que la cartera de Gobernación, entonces a cargo de Gendri Reyes, compró mil motocicletas por Q29 millones 998 mil a la empresa MTM, S.A.
Sin embargo, la Agencia y Fábrica Honda, S.A. presentó una inconformidad a la licitación, en la que explicó que las motocicletas no contaban con las especificaciones técnicas y los precios que estableció la cartera de Gobernación en las bases de licitación.
En el trabajo periodístico, La Hora recordó que durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, el Mingob, entonces a cargo de Danilo Parrinello, compró un lote de autopatrullas marca landa, las cuales empezaron a fallar con el tiempo y terminaron convertidas en “chatarra”.
Gobernación opta por cancelar evento de patrullas tras cuestionada adjudicación
En septiembre de 2025, Gobernación también anunció que dio marcha atrás a la compra de mil pickups a Changhe Motors, S.A. ya que la empresa no era la distribuidora autorizada para comercializar los vehículos, por lo cual no podían cumplir con la garantía y suministro de repuestos.
LINARES SEÑALA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO
El analista independiente, Luis Linares, explicó que se debe hacer un estudio de los casos para poder identificar cuales son los motivos por los que las licitaciones han sido declaradas desiertas o se adjudica y posteriormente se presentan objeciones e impugnaciones que señalan que no se cumplen con todos los requisitos que el proveedor debía cumplir.
Sin embargo, remarcó que los casos fallidos han ocurrido porque los ministerios carecen del personal suficientemente capacitado y experimentado para manejar los proceso de compras en sus diferentes modalidades y especialmente en cuanto a las licitaciones.
Linares resaltó que, cuando estuvo al frente del Ministerio de Trabajo (Mintrab) en 1999, publicó una licitación para la compra de vehículos. Para ello, consultó a la Contraloría General de Cuentas (CGC), debido a que no se había realizado un proceso de esa magnitud en años anteriores, lo que les permitió concretar la adquisición en un plazo de tres meses.
Una clave, según los expertos, es tener el tiempo necesario y planificar las compras. A criterio de Linares, la Contraloría también está obligada por ley a dar asesoría a las entidades que son sujetas a su fiscalización, por lo que remarcó que la CGC no puede decir “usted hágalo y si mete la pata lo señalo”, sino que está obligada a ser resarcitoria.
El experto remarcó que hicieron una recopilación de experiencias de otras licitaciones para poder empapar al equipo de los conocimientos en el tema.
Agregó que otro de los desafíos a vencer es que el personal tiene un desconocimiento de la ley y no están plenamente calificados, lo que provoca productos con bases de licitación erróneas y deficiencias que son utilizadas por los “no adjudicados” para entrampar los procesos.
Al mismo tiempo, remarcó que existe una necesidad por perfeccionar las normas, especialmente el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para que haya una mayor agilidad en la tramitación de las impugnaciones para que no se detenga el proceso.
“Parece que ya está mejor la cosa, quiero decir que antes, pues por fallas no estaba bien y por eso se venían abajo los procesos”, remarcó.
En la misma línea, Linares recalcó que la falta de personal calificado y con experiencia suficientes deriva de la inestabilidad del personal de apoyo en las entidad públicas, puesto a que con el cambio de ministros normalmente se “barre” y “se llevan a su gente”.
A criterio de Linares, las instituciones deben contratar a una asesoría jurídica adecuada, es decir a un abogado que conozca de los procedimientos administrativos, así como capacitar al personal que labora en los departamentos de compras, para que puedan elaborar las bases de licitación, así como a las juntas calificadoras y al personal de los procesos de recepción. “Se necesita personal que conozca el teje y maneje”, concretó.
NECESARIOS CAMBIOS EN LEY DE CONTRATACIONES
Asimismo, Luis Miguel Reyes, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, afirmó que no cuenta con información sobre la compra del Mingob, pero remarcó que en el pasado han existido problema con las compras en el Estado debido a la Ley de Contrataciones del Estado.
Según Reyes, la normativa no solo ha quedado desactualizada, sino también se ha vuelto una camisa de fuerza para las compras del Estado, porque ha provocado una «inmovilidad casi total de las entidad del Estado para hacer compras de todo tipo».
A criterio del analista, se debe hacer una reflexión mayor sobre una reforma a la legislación para poder agilizar las compras y mejorar la calidad de las mismas, porque se ha convertido en un circulo vicioso, ya que se identifican anomalías, problemas y no se pueden encontrar al proveedor adecuado porque no cumple con todos los requisitos.
“Necesitamos realmente una revisión completa de la Ley de Contrataciones, una propuesta más seria. El Gobierno, de hecho, hizo una propuesta a finales del año pasado, pero creo que no se le puso la debida atención. Tampoco parecía que el Congreso estuviera dispuesto a que avanzara. Creo que sí debería ser un esfuerzo conjunto, tanto del Legislativo como de las diferentes dependencias del Ejecutivo encargadas de la ejecución del gasto, para revisar la ley y presentar una propuesta viable”, indicó.
A criterio de Reyes, las reformas a la ley deben mejorar la calidad del gasto y la transparencia. Remarcó que la normativa actual busca entorpecer lo más posible la ejecución del gasto con la idea de combatir la delincuencia, pero ese objetivo no se logró.
Según el analista, no solo no se evitó la corrupción, sino que además se dificultó el gasto a tal nivel que actualmente resulta muy complicado realizar una compra sencilla. “Licitar unos vehículos no debería ser tan complicado”, afirmó.
