Tras la polémica por la compra de mil picops para la Policía Nacional Civil (PNC), por Q365 millones a Changhe Motors, S.A., la mañana de este martes el viceministro de Gobernación, José Portillo, confirmó que el contrato fue anulado.
En una citación con el diputado José Chic, subjefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), el funcionario refirió que “el evento se botó”, no obstante, dijo que el proceso está en una fase administrativa y no se puede dar por concluido.
“Independientemente de esta etapa, que no compete a mi Viceministerio, sí nos compete mencionar que es urgente este equipamiento y vamos a seguir trabajando para que la PNC tenga los medios para poderse movilizar y comunicar correctamente”, manifestó Portillo.
El funcionario dijo que se levantará un nuevo evento posiblemente la próxima semana y la “idea es que sea público y transparente”. Agregó que están comprometidos para brindarle todos los medios necesarios a los agentes policiales para darle seguridad eficiente a la población.
NO CUMPLÍA LOS REQUISITOS
El 2 de septiembre el Mingob le adjudicó a Changhe Motors, S.A., la compra de las patrullas para la PNC. La compañía ofertó el modelo Isuzu D-Max, sin embargo, la empresa no es distribuidora autorizada para comercializar esa marca de vehículos, uno de los requisitos estipulados en las bases.
Luego de una serie de cuestionamientos sobre la manera en que se otorgó el contrato, la cartera del Interior decidió anularlo.
Los registros del portal de Guatecompras registran que el lunes 8 de septiembre, a las 16:07 horas, se subió a la plataforma gubernamental un acta de modificación y el estatus del evento fue cambiado a “No adjudicado”.
En el documento se puede leer, en su punto cuarto, que la Junta de Licitación “rechaza la oferta presentada por CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por no cumplir con los requisitos considerados como fundamentales ni con las formalidades exigidas. En consecuencia se MODIFICA la decisión original y se declara la NO ADJUDICACIÓN del presente proceso”.
NO SON DISTRIBUIDORES
Prensa Comunitaria, consignó en una nota que los vehículos entregados por Changhe Motors, S.A., serían de la versión Qinglint Taga, la cual es una marca China, y que en Guatemala tiene el nombre de Isuzu Taga.
Estos aspectos evidenciados provocaron que la compañía por medio de un comunicado se pronunciara afirmando que la información suscrita es “inexacta” y “falaz”.
La empresa aseguró que los picops ofertados y adjudicados son modelo Isuzu D-Max, sin embargo, este martes por medio de un comunicado Isuzu Motors Limited, informó que “el pickup Isuzu D-Max, y la camioneta Isuzu mu-x se comercializan en Guatemala únicamente a través de sus distribuidores autorizados: Automóviles y Vehículos Comerciales, S.A. (Autocom) y Canella, S.A.”.
En el documento se detalla que solamente las anteriores compañías están autorizadas para utilizar esa marca y los logos oficiales.
Asimismo, aclaró que comprar por medio de esos distribuidores garantiza a los clientes los estándares de calidad de fábrica, repuestos originales, servicio técnico especializado y el respaldo de garantías oficiales.
Revés para Changhe: Isuzu ratifica que solo Autocom y Canella son distribuidores
“Alertamos a los consumidores sobre riesgos de adquirir vehículos con oferentes no autorizados, ya que Isuzu Motors Limited no reconocerá ni garantizará vehículos que no provengan de nuestros distribuidores autorizados en Guatemala”, detalla el comunicado.
Agregan que “Isuzu, junto a Autocom y Canella, reafirma su compromiso de ofrecer a los guatemaltecos vehículos confiables, seguros y con respaldo post venta”.
CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO
En las bases de licitación del evento para la compra de patrullas, se establecía que uno de los requisitos era que el oferente debería de ser un distribuidor autorizado, no obstante, pese a no cumplir con este punto, el Mingob le había adjudicado la compra a Changhe Motors.
Aunque el portal oficial de la empresa indica que es uno de los distribuidores de la marca en el país, La Hora revisó los sitios oficiales de Isuzu y comprobó que, en la red de distribuidores no aparece su nombre, solo hay dos representantes que son Autocom y Canella, S.A.
Al verificar en su catálogo de Isuzu, dentro del sitio, se observaba hasta las 11:09 de este 8 de septiembre, que Changhe Motors S.A. solamente ofrecía un tipo de vehículo, el Isuzu Taga o Qingling Taga.
Luego de la publicación de La Hora, la página oficial de esa empresa hizo cambios y agregó tanto el comunicado como la fotografía del vehículo D-Max Isuzu al lado del otro vehículo Isuzu Taga.
QUEDARON FUERA
Según el portal gubernamental de Guatecompras, en ese evento participaron tres empresas, Changhe Motors, Continental Motores y Cofiño Stahl, que hicieron ofertas por Q365 millones, las dos primeras, y la tercera, por Q319 millones, Q46 millones menos.
Sin embargo, las dos últimas compañías quedaron fuera, pues, según la Junta Licitadora, hubo errores en la declaración jurada y en la escritura de una palabra.
A pesar de que Cofiño Stahl presentó una inconformidad, que no fue aceptada.
Finalmente, la adjudicación le fue había sido entregada a Changhe Motors, S.A., pero esto se revirtió el 8 de septiembre por la tarde.
PNC COMPARTE COMUNICADO
Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC), publicó un comunicado en el que «reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional».
«La Policía Nacional Civil informa a la ciudadana que, en el marco del evento de licitación denominado «ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP RADIOPATRULLA PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL», destinado al fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza policial, la Junta de Licitación -órgano autónomo constituido conforme a la Ley de Contrataciones del Estado- realizó una revisión técnica-jurídica exhaustiva de las ofertas presentadas», afirmaron.
Agregan que como resultado de este análisis, «la Junta de Licitación identificó inconsistencias sustantivas de las ofertas en la oferta previamente adjudicada a Changhe Motors, Sociedad Anónima, lo que llevó a su rechazo, sin responsabilidad de dicha Junta de Licitación, y en estricto cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública: transparencia, probidad, objetividad y uso adecuado del recurso público».
