El diputado Allan Rodríguez presentó ante la Corte Suprema de Justica publicaciones de congresistas para sostener que una denuncia en su contra respondía a una disputa política. Trece magistrados validaron esa teoría para rechazar la solicitud de retiro de inmunidad. Algunas de las publicaciones tenían hasta cinco años de antigüedad; otras fueron difundidas en los días en que los diputados denunciaron al diputado.
El reportaje de La Hora sobre el manejo del antejuicio contra Rodríguez evidenció cómo la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes, intervino para favorecer al diputado —quien la apadrinó para llegar a ese cargo judicial— y cómo el pleno resolvió en tres minutos mantener la inmunidad. En esos 180 segundos, los magistrados conocieron el caso, deliberaron y votaron para rechazar que el diputado del partido Vamos fuera investigado por delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Además, cuatro magistrados titulares quedaron fuera del conocimiento del caso.
El expediente permite profundizar en otro aspecto de aquella decisión: los argumentos que Rodríguez presentó ante la Corte Suprema para sostener que la denuncia en su contra obedecía a una “motivación política, espuria e ilegítima” y cómo esos argumentos fueron avalados por los 13 magistrados que firmaron la resolución que lo libró de darle luz verde al Ministerio Público (MP), entonces dirigido por Consuelo Porras, para iniciarle una investigación.
Tras ser denunciado por cuatro diputados de Raíces, Allan Rodríguez llegó a la Corte Suprema con 38 capturas de pantalla para ejercer su derecho a defenderse. Eran publicaciones de la red social X —antes Twitter— de los congresistas que habían pedido que se levantara su inmunidad para que el MP pudiera investigarlo por una presunta trama de corrupción vinculada al Fondo para la Vivienda Popular (Fopavi) sobre constructoras y hasta familiares del congresista.
La estrategia de la defensa fue convertir aquellas publicaciones en evidencia de una confrontación política. En su memorial, Rodríguez sostuvo que los mensajes demostraban un supuesto “revanchismo político” en su contra y que el antejuicio era “espurio, político e ilegítimo”. También afirmó que se trataba de un “hecho notorio”, al ser publicaciones públicas, y entregó un USB con copias y enlaces de los mensajes.
La recopilación fue distribuida de la siguiente manera: 18 publicaciones de Samuel Pérez, 6 de Andrea Villagrán, 14 de Román Castellanos y 1 de Byron Obregón.
La Corte terminó avalando su tesis de una confrontación política en la resolución con la que rechazó el antejuicio. Los magistrados consideraron que los denunciantes no habían aportado elementos suficientes de razonabilidad y que existían motivaciones “espurias y políticas” en la solicitud. Entre los elementos que tomaron en cuenta estuvo que los diputados y Rodríguez mantenían posiciones políticas enfrentadas.
Las 38 capturas, por tanto, no fueron un elemento accesorio de la defensa. Formaron parte de los argumentos con los que Rodríguez buscó impedir que el antejuicio siquiera fuera admitido a trámite. La Hora tuvo acceso al memorial que presentó ante la Corte Suprema y con base en ello recopila los tuits usados.
UNA NARRATIVA DE ENFRENTAMIENTOS
Las publicaciones seleccionadas por Rodríguez no comenzaron con la denuncia por el caso Fopavi. Algunas se remontan a 2020 y 2021, cuando él presidía el Congreso y operaba como mano derecha del expresidente Alejandro Giammattei, sancionado por corrupción por EE. UU. Otras corresponden a 2024 y 2025.
La defensa reunió mensajes que muestran una relación marcada por el enfrentamiento entre Rodríguez y los diputados del entonces partido Semilla —Samuel Pérez, Andrea Villagrán y Román Castellanos—, antes de que los tres integraran, junto con Byron Obregón, la denuncia que llegó a la Corte.
Una de las publicaciones de Pérez corresponde al 30 de abril de 2020. El entonces diputado escribió que llevaba más de cinco horas esperando el inicio de una sesión y cuestionó las negociaciones que, según él, ocurrían antes de comenzar. Ese mismo día publicó otro mensaje en el que afirmó que Rodríguez y el diputado Felipe Alejos permanecían en la oficina de la Presidencia del Congreso mientras se negociaba el comienzo de la sesión.
En otra publicación de abril de aquel año, Pérez cuestionó que Rodríguez y Alejos no dieran la palabra a un diputado y afirmó que la votación se había detenido en 95 votos. También calificó de “inaceptables” las prácticas de Rodríguez, Alejos y la entonces Junta Directiva del Congreso.
En noviembre de 2020, Pérez volvió a cuestionar a Rodríguez por bloquear, según su publicación, una interpelación contra el entonces ministro de Gobernación, Gendri Reyes. Lo llamó “empleado legislativo de Giammattei” y reprochó que, mientras expresaba solidaridad por un diputado agredido, bloqueaba la interpelación que se había planteado contra el ministro.
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Las publicaciones de Román Castellanos siguen una línea semejante.
En enero de 2021 escribió que Rodríguez y otros diputados vinculados al Gobierno de Giammattei protegían a Gendri Reyes. “Entre mafiosos se protegen”, escribió. En abril de ese año comparó un discurso de Rodríguez, entonces presidente del Congreso, con los del expresidente Jimmy Morales.
Meses después, Castellanos cuestionó las maniobras de la Junta Directiva para bloquear una votación y, en octubre de 2021, señaló que Rodríguez debía dejar la Presidencia del Congreso después de que el Legislativo llevara dos años sin elegir a la Corte Suprema y Salas de Apelación, que estuvieron de facto cuatro años.
La recopilación incluye también mensajes posteriores, algunos de tono más personal. En marzo de 2024, Castellanos publicó un video sobre los libros que leía Rodríguez y, en otra publicación, cuestionó sus declaraciones sobre vecinos de la colonia Bethania.
En junio de 2024 afirmó que Rodríguez y sus aliados continuaban promoviendo un “golpe de Estado”. En otra publicación sostuvo que habían intentado tomar el control de la Junta Directiva y de la Comisión de Finanzas del Congreso.
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Las seis publicaciones de Andrea Villagrán que fueron incorporadas por la defensa corresponden a 2024 y 2025.
En marzo de 2024, Villagrán cuestionó declaraciones de Rodríguez sobre habitantes de la colonia Bethania y afirmó que el diputado los había señalado como “delincuentes” y “sicarios”. Ese mismo mes publicó que Rodríguez había admitido construir en bienes culturales mientras, según ella, se criminalizaba a jóvenes críticos.
En abril lo acusó de mentir y, en agosto, afirmó que las amenazas y extorsiones que atribuía a Rodríguez y a la entonces fiscal general no habían conseguido impedir una votación sobre el reajuste presupuestario.
Byron Obregón aparece una sola vez en la documentación. El 11 de septiembre de 2024 respondió a Rodríguez con una publicación en la que afirmó que, en el pasado, para llegar a la Presidencia del Congreso y aprobar leyes había que “usar la chequera”, y sostuvo que las “caletas” del diputado ya no le servían.
Para la defensa, el conjunto de estos mensajes permitía demostrar que los cuatro diputados tenían un conflicto político con Rodríguez. Pero entre las 38 capturas había también publicaciones mucho más cercanas al origen del antejuicio.
LAS PUBLICACIONES DEL DÍA DE LA DENUNCIA
El 4 de julio de 2025, los cuatro diputados presentaron una denuncia contra Víctor Hugo Cuevas Donado y varias empresas relacionadas con proyectos de Fopavi por posibles delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito y cualquier otro delito que pudiera surgir de la investigación.
En el mismo expediente pidieron que se investigara a Rodríguez, cuya condición de diputado impedía al MP iniciar una investigación penal en su contra sin que previamente se retirara su inmunidad.
Los diputados describieron una presunta estructura que habría utilizado empresas constructoras, operadores políticos y personas con capacidad de presión dentro de Fopavi para obtener recursos públicos. En el expediente identificaron a Cuevas Donado como uno de esos operadores y señalaron que ejercía presión sobre autoridades y trabajadores para agilizar trámites y pagos.
También incorporaron información sobre empresas vinculadas con personas relacionadas con Daniel Chavajay Herrera, fallecido alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, a quien identificaban como cercano a Rodríguez. La denuncia incluía información proporcionada por Fopavi sobre empresas, proyectos y desembolsos realizados mediante el fideicomiso.
El objetivo era que el MP rastreara los recursos públicos y determinara si parte de ellos había terminado beneficiando a Rodríguez o al partido Vamos. También solicitaron que se tomaran declaraciones a personas que, según la denuncia, conocían las presiones ejercidas dentro de Fopavi.
Ese mismo 4 de julio, Pérez publicó en X que habían presentado una denuncia contra Rodríguez y sus “socios corruptos” por el supuesto robo de dinero que debía destinarse a la construcción de viviendas. La publicación estaba acompañada por fotografías de la conferencia de prensa en la que se anunció la denuncia.
Cuatro días después, Pérez publicó que se había reunido con el viceministro de Vivienda, el director de Fopavi y autoridades de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo). Entre los asuntos abordados, escribió, estaba el seguimiento al caso de la “red de corrupción de Allan Rodríguez en Fopavi”.
Esas publicaciones forman parte de las capturas que Rodríguez entregó a la Corte.
Y ahí está uno de los elementos que cambia la lectura del expediente: la recopilación no solo contenía mensajes antiguos que demostraban una rivalidad política. También incluía publicaciones de los denunciantes directamente relacionadas con los hechos que habían llevado a presentar el antejuicio.
RODRIGUEZ PIDIÓ QUE NO SE INVESTIGARA
Rodríguez utilizó las publicaciones para construir una explicación sobre el origen de la denuncia.
En el memorial, al que tuvo acceso La Hora, afirmó que los diputados habían mantenido “ataques políticos sistemáticos” en su contra a través de redes sociales. La recopilación, según su argumento, demostraba que el antejuicio era consecuencia de ese enfrentamiento y no de hechos que ameritaran una investigación penal.
La petición fue concreta: que la Corte rechazara el antejuicio in limine, es decir, sin darle trámite.
El diputado argumentó que los denunciantes habían presentado presunciones y argumentos que consideraba “infundados” y que la solicitud pretendía generar polémica alrededor de su imagen y perfil político.
Para reforzar esa tesis, Rodríguez hizo un recuento de la trayectoria política de los diputados denunciantes. Recordó su pertenencia a Movimiento Semilla y su participación en la Junta Directiva del Congreso de 2024, posteriormente anulada mediante acciones constitucionales.
También recordó que él había promovido uno de los amparos que puso fin a esa Junta Directiva —que presidía Perez— y presentó ese antecedente como una muestra del supuesto “revanchismo político”.
La defensa convirtió, así, las publicaciones en una pieza central de su argumento: si los denunciantes eran sus adversarios políticos, la solicitud de antejuicio podía ser presentada ante la Corte como una represalia y no como el inicio de una investigación sobre posibles delitos.
Y LA CORTE TOMÓ ESA RUTA
La Corte Suprema, integrada con cuatro magistrados suplentes, rechazó el antejuicio in limine.
No declaró inocente a Rodríguez. Tampoco ordenó investigar los hechos denunciados. La decisión impidió que el MP de Porras se viera obligado a iniciar una investigación penal contra él a partir de ese expediente.
Los magistrados en su resolución, a la que tuvo acceso La Hora, señalaron que los diputados no podían acreditar personalmente varios de los hechos denunciados y que parte de la información procedía de publicaciones de medios de comunicación. También consideraron que algunas de las conductas descritas correspondían a terceras personas y que no existía una investigación previa y seria que permitiera vincular directamente a Rodríguez con un posible delito.
Pero la resolución añadió otro elemento: los denunciantes no habían aportado elementos suficientes de razonabilidad y existían motivaciones “espurias y políticas” en el planteamiento del antejuicio. La confrontación política entre los diputados y Rodríguez fue parte de esa valoración.
Las 38 publicaciones que Rodríguez presentó para demostrar esa confrontación terminaron, por tanto, dentro del razonamiento utilizado para impedir que el antejuicio avanzara.
PAREDES OPERÓ POR SU PADRINO
La decisión no puede separarse de quién presidía la Corte aquel día.
La investigación publicada por La Hora documentó que Allan Rodríguez ha sido señalado como el principal padrino político de Claudia Paredes desde sus primeras aspiraciones judiciales. Su respaldo fue relevante en los procesos legislativos que consolidaron la carrera de la magistrada: en 2023 obtuvo 112 votos para completar un período parcial y en 2024 alcanzó 154 votos para el período 2024-2029. En ambos procesos, Vamos estuvo entre las bancadas que respaldaron su elección.
Cuando el expediente de Fopavi llegó a la Corte, la relación adquirió una dimensión institucional. Rodríguez había sido uno de los políticos que respaldaron la carrera de Paredes. Ahora era el diputado cuya inmunidad debía decidir el tribunal que ella presidía.
El antejuicio llevaba meses dentro de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Un reportaje anterior de La Hora había revelado que expedientes de este tipo permanecían retenidos en manos del magistrado Ramiro Contreras, presidente de esa Cámara. En abril, dos meses después de que Paredes asumiera la Presidencia de la Corte Suprema, el expediente de Rodríguez llegó finalmente al pleno.
Según fuentes consultadas para aquella investigación, la Cámara había pedido tiempo para analizar los expedientes antes de llevarlos al pleno. Después, la presión para discutirlos habría provenido de Paredes. La investigación reconstruyó también la velocidad con la que se resolvió el expediente.
La sesión de la Corte comenzó a las 9:05 de la mañana con Paredes como presidenta. El pleno estaba integrado por ocho magistrados titulares y cuatro presidentes de salas de Apelaciones que actuaban como suplentes.
El magistrado Carlos Lucero se incorporó a las 9:08. Para entonces, el antejuicio de Rodríguez ya había sido conocido y rechazado. Lucero no firmó la resolución. Esa combinación —la hora de su incorporación y la ausencia de su firma— permite establecer que el expediente fue conocido, discutido y decidido antes de que llegara.
La resolución fue firmada por Paredes y otros ocho magistrados titulares, además de los cuatro presidentes de salas de Apelaciones que integraron el pleno.
El rechazo del antejuicio tuvo una consecuencia inmediata: el Ministerio Público de la administración de Consuelo Porras no pudo avanzar contra Rodríguez a partir de ese expediente.
La llegada de Gabriel García Luna a la Fiscalía General abre ahora otro escenario. El nuevo fiscal asumió en mayo y ha anunciado una revisión de actuaciones de la administración anterior. Si de esa revisión surgen nuevos elementos, la Fiscalía podría promover nuevamente un antejuicio contra Rodríguez y solicitar otra vez que se retire su inmunidad.
Las 38 capturas, entretanto, quedaron incorporadas al expediente como parte de la explicación con la que la defensa buscó demostrar una persecución política.
La Hora buscó la versión de Allan Rodríguez mediante el número de WhatsApp. Se le informó sobre el contenido del reportaje y se le enviaron cinco preguntas, entre ellas si conocía de antemano que su antejuicio sería conocido ese día, si habló con Paredes antes de la sesión, si gestionó su inclusión en el pleno y si teme que el MP de García Luna revise nuevamente el caso. Al cierre de la publicación no hubo respuesta.
