Analistas consultados por La Hora cuestionaron al presidente Bernardo Arévalo por sancionar las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), al considerar que su decisión responde más a criterios políticos que técnicos. Según los expertos, el mandatario buscaría congraciarse con diputados del Congreso de la República y fortalecer su respaldo entre el electorado de los centros urbanos.
El viernes 28 de agosto, el mandatario publicó el Decreto 18-2026 con el que sancionó las reformas a la Ley del IUSI aprobadas por el Congreso hace un mes y que recibieron una serie de criticas debido a las enmiendas propuestas a última hora que cambiaron el sentido de la ley.
De acuerdo con los analistas, la decisión del presidente estaría relacionada con su interés de acercarse a diputados del Congreso de cara a la discusión y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, además de buscar respaldo político en sectores urbanos.
HIDALGO HABLA DE ACERCAMIENTOS
El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Rubén Hidalgo, sostuvo que la decisión del Ejecutivo podría responder a la necesidad de mantener algún nivel de respaldo dentro del Congreso de la República.
Según su interpretación, el Ejecutivo cuenta con espacios políticos limitados y con pocos apoyos en el Legislativo, los cuales, además, están condicionados.
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En ese contexto, consideró que, tras la amplia aprobación que tuvo la reforma a la Ley del IUSI, una decisión en contra habría significado confrontar directamente la voluntad manifestada por los diputados.
Por ello, Hidalgo consideró que la decisión anunciada por Arévalo fue una forma de buscar simpatizar y congraciarse con el Congreso, con el objetivo de mantener o fortalecer los apoyos que el Ejecutivo necesita dentro del Legislativo de cara a la aprobación del Presupuesto 2027 y de otras gestiones que podría estar realizando.
“Incluso, pensando mal, podríamos considerar que el haber detenido algunas interpelaciones de ministros, que botaron hace algunos días atrás, pues podría ser parte de un combo más grande de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo”, indicó.
En conclusión, Hidalgo sostuvo que la sanción es una expresión del Ejecutivo por congraciarse y construir apoyos en el Legislativo de cara a las futuras gestiones en las que necesitará apoyo, entre ellas, el Presupuesto 2027.
QUEZADA SEÑALA QUE BUSCA CONGRATULARSE CON SU ELECTORADO
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), indicó que las reforma a la Ley del IUSI tienen errores graves, por lo cual el Presidente debió haberla vetado.
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Según Quezada, Arévalo jugó a congratularse con los diputados que la aprobaron y muy probablemente se quiso congratular con sus electores en centros urbanos.
“Y pues aceptó una ley que lejos de algún beneficio va a generar un absoluto problema legal por la manera tan gravemente redactada”, indicó Quezada, quien remarcó que Arévalo quedará mal con la certeza jurídica.
El analista también recordó que Arévalo ha criticado cuando se aprueban leyes con defectos, pero en esta ocasión, cuando se le envió una ley que no tiene nada de rescatable, decidió sancionarla.
BARRIENTOS DICE QUE ARÉVALO TOMÓ UNA DECISIÓN POLÍTICA
El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, consideró que en la decisión del Ejecutivo prevaleció el interés político sobre la defensa del erario público y el rigor técnico.
A juicio de Barrientos, el presidente Arévalo y el Ejecutivo cedieron nuevamente a presiones políticas, cuando, según señaló, debieron defender una postura basada en criterios técnicos.
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Además, cuestionó una de las principales narrativas que respaldaron la reforma a la Ley del IUSI: que la reducción de estos ingresos permitiría limitar los abusos de alcaldes señalados de corrupción. Según explicó, para la mayoría de las municipalidades el IUSI no representa su principal fuente de financiamiento.
Barrientos indicó que, para 290 de los 340 municipios del país, los ingresos más importantes provienen de las transferencias del Gobierno central, particularmente de los aportes de los Consejos de Desarrollo y del situado constitucional.
Por ello, afirmó que es falso que la medida limite los abusos de alcaldes corruptos o que actúan fuera de la ley, ya que los recursos con los que se han señalado posibles irregularidades no provienen, principalmente, de la recaudación del IUSI.
SEÑALA PROBLEMAS CON LA LEY
La otra justificación que Barrientos cuestionó es la presentada por diputados que han celebrado la aprobación de la reforma como una ayuda para los hogares guatemaltecos. Según el economista, esa afirmación tampoco se sostiene, debido a que una gran parte de las familias no es propietaria de la vivienda en la que reside.
“Esto es un privilegio fiscal para los propietarios de viviendas, no para las personas de la clase media”, afirmó Barrientos, al señalar que los hogares que alquilan no recibirán un beneficio directo con la reducción o eliminación del pago del impuesto.
En ese sentido, sostuvo que presentar la reforma como una ayuda generalizada para la población es incorrecto, puesto a que, a su criterio, el principal beneficio recae en quienes poseen propiedades.
Barrientos atribuyó estas decisiones a la falta de un análisis técnico y lamentó que Arévalo terminara sancionando la ley, pese a las preocupaciones expresadas sobre su impacto fiscal.
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El director del Icefi recordó que incluso el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, había manifestado preocupación por las consecuencias que el decreto podría tener sobre las finanzas públicas. Por ello, consideró que el mandatario terminó cediendo ante presiones políticas, en lugar de priorizar criterios técnicos y la defensa del erario público.
Barrientos también calificó la reforma como técnicamente deficiente e injusta. Indicó que el Icefi ha documentado sus cuestionamientos en una nota técnica de casi 20 páginas, en la que expone los argumentos y datos que, a su criterio, evidencian las deficiencias de la normativa.
Según explicó, la reforma beneficia principalmente a los propietarios de viviendas y no corregirá los abusos o posibles actos de corrupción de los alcaldes. Además, cuestionó que no se hayan aplicado criterios de justicia tributaria, ya que una persona propietaria de una vivienda modesta recibirá el mismo beneficio fiscal que quien posea una residencia de alto valor.
A criterio del economista, la reforma tampoco tomó en cuenta principios como la equidad fiscal horizontal ni estudios técnicos que permitieran evaluar las distintas condiciones de los contribuyentes antes de modificar la legislación tributaria.
Barrientos reiteró su preocupación ante la posibilidad de que se impulsen nuevas modificaciones relacionadas con el sistema tributario y fiscal. Insistió en que este tipo de legislación, por su complejidad, debe reformarse con base en estudios y criterios técnicos, y no mediante decisiones populistas o político-partidarias.
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“La sanción de este decreto, por desgracia, inevitablemente muestra que se antepuso un criterio político al rigor técnico”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que los problemas de corrupción y abusos en las municipalidades continuarán, ya que, según su análisis, estos no tienen como principal origen los ingresos del IUSI, sino otras fuentes de financiamiento, como los aportes de los Consejos de Desarrollo. Asimismo, reiteró que los beneficios de la reforma no alcanzarán a la mayoría de las familias, sino principalmente a quienes son propietarios de viviendas.
OFRECEN RESPONDER EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
La Hora buscó una postura al respecto con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), a lo cual indicaron que Arévalo atenderá a este tipo de dudas durante La Ronda del próximo miércoles.
