A cuatro días de la asamblea nacional extraordinaria del Partido Verde, el relevo que colocaría a Gregorio «Goyo» Saavedra y al movimiento Ciudadanía Celeste al frente de la organización política quedó, por ahora, en suspenso. La agrupación ya no celebrará una renovación integral de su dirigencia, sino una reunión limitada a cumplir la sentencia que la obliga a modificar su nombre y los elementos que la identifican para diferenciarlos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
El cambio de escenario ocurrió después de que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo emitiera una debida ejecutoria para verificar si el Partido Verde ya realizó dicha asamblea ordenada por la sentencia, con el propósito de constatar que el nombre, los colores y los demás distintivos de la organización sean modificados «de manera que estos resulten distintos a los de la UNE para evitar toda posibilidad de confusión en el electorado, en estricto cumplimiento íntegro de la sentencia».
La resolución alteró el escenario que hasta hace pocos días daban por hecho los propios protagonistas. Tanto la fundadora del Partido Verde, Delia Bac, como Saavedra habían confirmado a La Hora que el próximo 9 de agosto no solo cambiaría la identidad de la agrupación, sino también su conducción política. El plan contemplaba la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Bac y el nombramiento de una nueva dirigencia integrada, en su mayoría, por miembros de Ciudadanía Celeste.
Ese relevo ya no ocurrirá el próximo sábado.
Consultado nuevamente por La Hora, Saavedra confirmó que el grupo que impulsaba Ciudadanía Celeste no asumirá la conducción del partido durante la asamblea y que continuará buscando otros espacios de participación política.
«Yo tengo entendido que el partido va a llevar a cabo su asamblea. Nosotros como grupo hemos estado en búsqueda de espacios de participación, creemos en la participación política, pero vamos a seguir en búsqueda de espacios de participación», afirmó.
A diferencia de las declaraciones que ofreció semanas atrás, Saavedra evitó confirmar que posteriormente asumirá la secretaría general del Partido Verde o que exista un acuerdo político vigente con esa organización. En cambio, atribuyó el cambio de escenario a las nuevas condiciones derivadas de la resolución judicial.
«Las condiciones han cambiado y lo que nosotros sabemos hoy es que el partido va a cumplir con su resolución (…) Nosotros no vamos a estar dentro de ese esfuerzo porque no hay un cambio», respondió al ser consultado sobre la modificación de la dirigencia prevista originalmente.
Aunque Saavedra sostuvo que Ciudadanía Celeste «no obtuvo un acuerdo político con ninguna institución», sus declaraciones contrastan con las entrevistas concedidas anteriormente a La Hora, en las que tanto él como Lucy Rodríguez —última secretaria general del movimiento— confirmaban que el grupo asumiría la conducción del Partido Verde durante la asamblea del 9 de agosto y que varios de sus integrantes integrarían el nuevo Comité Ejecutivo Nacional.
El abogado explicó ahora que aquel contexto cambió tras la resolución emitida por la Sala Sexta y evitó ser categórico en si iban o no a tomar el volante del vehículo electoral que representa el Partido Verde.
Sin embargo, la historia no parece haber llegado a su fin.
A LA ESPERA DE UNA SEGUNDA ASAMBLEA
Al menos cinco fuentes internas de Ciudadanía Celeste consultadas por La Hora coincidieron en que la incorporación al Partido Verde no está descartada, sino suspendida mientras se cumple exclusivamente con lo ordenado por la Sala Sexta.
Según explicaron, la intención es que la asamblea del próximo 9 de agosto se limite al cambio de nombre y de los símbolos del partido, para posteriormente convocar una segunda reunión en la que sí puedan modificarse los estatutos, el logotipo, la dirigencia y el resto de la estructura partidaria.
De acuerdo con esas fuentes, ese segundo encuentro permitiría retomar el proyecto originalmente diseñado entre ambos grupos y concretar la llegada de Ciudadanía Celeste a la conducción de la organización política. Incluso, explicaron que dentro del movimiento todavía no se ha solicitado a sus integrantes desafiliarse o abandonar cualquier acercamiento con el Partido Verde, precisamente porque esperan que exista certeza jurídica sobre la posibilidad de celebrar esa segunda asamblea.
Las mismas fuentes señalaron que el nombre definitivo del nuevo proyecto tampoco está cerrado. Inicialmente se evaluó adoptar la denominación “Ciudadanos”, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó esa propuesta. Posteriormente surgió la posibilidad de utilizar el nombre “Calidad”, aunque esa decisión también quedó condicionada a que pueda concretarse la renovación integral del partido.
Con ese nuevo escenario, la principal incógnita ya no es si el Partido Verde cambiará de nombre el próximo 9 de agosto, sino si la transformación política que durante meses negociaron sus dirigentes con Ciudadanía Celeste quedó definitivamente descartada o únicamente aplazada por los efectos de la resolución judicial.
UN SECRETO A VOCES
Hasta hace pocas semanas, Saavedra no figuraba públicamente dentro de la historia del Partido Verde. La propia Bac reconoció ante La Hora que su participación se manejó «de bajo perfil». Lo único que se conocía era el litigio que la agrupación perdió frente a la excandidata presidencial Sandra Torres, el cual obligó al partido a modificar su nombre, sus símbolos y otros elementos distintivos para evitar similitudes con la UNE.
Lo que entonces parecía únicamente una consecuencia de esa sentencia terminó abriendo la puerta a una negociación política mucho más amplia. Durante semanas, La Hora reconstruyó cómo esa resolución permitió el acercamiento entre el grupo encabezado por Bac y el movimiento Ciudadanía Celeste, un proyecto que durante dos años intentó constituirse como partido político sin éxito y que encontró en el Partido Verde una oportunidad para competir en las elecciones generales de 2027.
En ese contexto comenzaron a circular versiones sobre una supuesta compra del Partido Verde por parte de Saavedra. Se hablaba incluso de una negociación por Q25 millones. La propia exdiputada confirmó que esos rumores llegaron hasta ella.
«Es completamente falso, completamente falso. Dicen que lo vendí por tres millones de dólares. Imagínense ustedes, ya soy millonaria entonces. Eso me puede traer muchas consecuencias y por eso quiero aclararlo», respondió cuando La Hora le consultó sobre esas versiones.
GOYO DEFIENDE UNA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA
Por su parte, Saavedra explicó a La Hora que el acercamiento con el Partido Verde surgió de una coincidencia entre dos proyectos que atravesaban momentos distintos. Mientras la agrupación fundada por Bac debía modificar por completo su identidad tras la resolución judicial promovida por la UNE, Ciudadanía Celeste buscaba una alternativa para competir en las elecciones generales de 2027, luego de no lograr su inscripción como partido político.
Al ser consultado, en aquel momento, sobre los rumores de que había comprado la organización, el abogado respondió de forma categórica «completamente falso».
Para el dirigente, un partido político no puede entenderse como un bien privado sujeto a compraventa. «Un partido no se puede comprar», afirmó entonces, al explicar que la propuesta consistía en asumir la conducción y reorganización del aún Partido Verde bajo nuevos principios políticos.
Según el entrevistado, el acercamiento no ocurrió directamente con Delia Bac o con la dirigencia partidaria, sino mediante abogados que conocían la situación jurídica de la agrupación después del conflicto por las similitudes con la UNE. Esos contactos permitieron explorar una ruta conjunta de participación política.
Esa versión fue respaldada por Lucy Rodríguez, la última secretaria general que tuvo Ciudadanía Celeste y quien, según el plan original, se incorporaría a la nueva dirigencia del Partido Verde tras la asamblea prevista para el 9 de agosto. Rodríguez aseguró que la organización fundada por Bac conservaba una estructura territorial, pero había perdido conducción política.
«Era un grupo de personas, unas bases de un partido político que no encontraron guía en su liderazgo. Tenían mucha incertidumbre, no sabían qué iba a pasar en 2027 y no había gente dispuesta a hacer el trabajo. Así que se acercaron a nosotros», afirmó.
La explicación, sin embargo, dejaba abierta una de las principales interrogantes de la investigación: si no existió una compra ni un aporte económico por la organización política, ¿qué permitió que un movimiento que nunca consiguió constituirse como partido terminara encaminado a asumir el control de una agrupación ya inscrita?
En aquella entrevista, Saavedra insistió en que el entendimiento se construyó alrededor de la reorganización del partido y no de una negociación de beneficios particulares. La conducción del nuevo proyecto, sostuvo entonces, buscaba renovar los liderazgos y dejar atrás las prácticas tradicionales de la política.
Rodríguez coincidió con esa versión y explicó que esa renovación ya comenzaba a reflejarse en el trabajo organizativo. Según relató, durante los meses previos el grupo que impulsaba Ciudadanía Celeste asumió la organización de las asambleas municipales y departamentales necesarias para preparar la asamblea nacional extraordinaria, en la que originalmente estaba prevista la renovación completa de la dirigencia.
CANDIDATURA DE EVA MONTE, LA CONDICIÓN
Pese a ese nuevo escenario, el consenso alcanzado entre ambos grupos tampoco suponía la salida total del círculo fundador del Partido Verde.
Uno de los puntos que más llamó la atención durante las conversaciones entre el equipo de Saavedra y la dirigencia encabezada por Bac fue el papel que conservaría la familia de la exdiputada dentro de la organización política.
Saavedra reconoció durante la primera entrevista que existieron conversaciones sobre la permanencia de la también exdiputada Eva Monte dentro del proyecto. Hija de Delia Bac, conservaría el liderazgo político en Chimaltenango y buscaría nuevamente un cargo de elección popular.
El abogado rechazó que esa permanencia respondiera a una condición impuesta por Bac para entregar el control del partido. «Sí entablamos una conversación alrededor de que tal vez hay un recambio necesario y una visión que es posible», explicó.
Añadió que parte de esas conversaciones contemplaban que el liderazgo político en Chimaltenango permaneciera en manos de Monte. Antes del cambio de escenario provocado por la resolución judicial, ese acuerdo estaba previsto para oficializarse durante la asamblea nacional extraordinaria.
Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Bac continuará al frente de la organización política, al menos hasta que exista certeza sobre una eventual renovación integral de la dirigencia.
Bac fue diputada por 12 años y militó en la UNE, Líder y FCN-Nación, y en 2022 fue incluida en la Lista Engel. La fundadora del Partido Verde también fue acusada en un caso penal por presuntamente influir para que se destinara casi Q1 millón para pavimentar un camino que solo benefició a un negocio de su propiedad.
Ese cambio también mantiene en incertidumbre la salida del círculo más cercano a la fundadora del Partido Verde.
Originalmente estaba previsto que sus hijos, Hellen y Michael Monte Bac, abandonaran el Comité Ejecutivo Nacional, al igual que los exdiputados Rubén Mazariegos y Rodolfo Castañón, entre otros dirigentes que acompañaron al denominado Clan Bac durante la creación de la agrupación.
Una de las personas de las que La Hora sí confirmó su salida fue Gloria Torres Casanova, hermana de Sandra Torres y condenada por corrupción, quien en los primeros años del partido ocupó la Secretaría de Organización.
No obstante, el futuro de toda esa reorganización quedó condicionado a que posteriormente pueda celebrarse una nueva asamblea nacional que permita modificar no solo el nombre y la imagen del partido, sino también sus estatutos y la integración completa de sus órganos de dirección.
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Antes de acercarse al Partido Verde, Saavedra y el grupo que hoy lo acompaña intentaron construir su propio vehículo político. Ciudadanía Celeste nació con la intención de competir en las elecciones generales de 2027 bajo un discurso de renovación institucional y participación ciudadana, pero nunca logró constituirse como partido político.
Los registros del Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran que el comité proformación reunió únicamente 176 adherentes, muy por debajo de los más de 28 mil afiliados que exige la Ley Electoral y de Partidos Políticos para obtener personalidad jurídica. El último movimiento registrado por esa organización data de agosto de 2024.
En las entrevistas concedidas previamente a La Hora, Saavedra atribuyó ese fracaso a decisiones de las anteriores autoridades electorales, las cuales —según afirmó— cerraron el paso al proyecto desde sus primeras etapas.
Rodríguez ofreció una explicación similar. Recordó que Ciudadanía Celeste realizó dos intentos para obtener su inscripción como partido político. El primero, aseguró, fracasó debido al rechazo masivo de firmas de adherentes; el segundo, porque el Registro de Ciudadanos consideró extemporánea la documentación presentada para una de sus asambleas, una decisión que el colectivo cuestionó.
Pese a esos reveses, afirmó que el movimiento mantuvo sus actividades de formación política y organización territorial hasta que surgió la posibilidad de incorporarse al Partido Verde.
Aquella explicación coincidía con la ofrecida por Saavedra: la sentencia derivada del litigio impulsado por la UNE abría una oportunidad para reorganizar una estructura política ya inscrita, en lugar de comenzar desde cero un nuevo proceso de formación partidaria.
«Vimos circunstancias similares que nos acercaron al esfuerzo del Partido Verde, el cual tenía que cumplir una transformación integral. Lo vimos como una oportunidad para construir un partido que sirva a las aspiraciones ciudadanas de transformación», sostuvo.
«USAR LAS REGLAS DEL JUEGO»
El cambio de escenario también reavivó uno de los principales cuestionamientos que ha acompañado a Ciudadanía Celeste desde que comenzó su acercamiento con el Partido Verde.
Durante los últimos años, el movimiento construyó un discurso basado en la renovación institucional y en la necesidad de distanciarse de las prácticas tradicionales de la política guatemalteca.
Su incorporación a una organización fundada por Bac —incluida en la Lista Engel y señalada en un proceso penal relacionado con la ejecución de fondos públicos— abrió interrogantes sobre cómo “comulgaba” ese discurso con los antecedentes de algunos de los actores que integraban el Partido Verde.
Saavedra respondió que un partido político no pertenece a sus fundadores, sino a quienes participan en él. «Los partidos son una expresión de la ciudadanía. En realidad no son instituciones privadas, no son sociedades anónimas, no son sociedades mercantiles; son instituciones públicas», afirmó.
Para el abogado, la respuesta no consiste en abandonar los espacios políticos cuestionados, sino en reorganizarlos desde adentro.
También reconoció que mantiene reservas respecto de las Comisiones de Postulación —de las que él mismo formó parte como comisionado electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) durante la elección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral—, aunque considera que la participación sigue siendo necesaria mientras esas sean las reglas del sistema.
«Tenemos que recobrar la esperanza en la conducción de las instituciones políticas. No creíamos en las Comisiones de Postulación. No creemos que sea de ahí de donde pueda salir la independencia judicial, pero si esas son las reglas del sistema, esa es la forma en que vamos a reconducir», manifestó.
Otro de los cuestionamientos que acompañó el acercamiento entre ambos grupos fue el origen de los recursos para sostener el nuevo proyecto político.
Saavedra rechazó la participación de empresarios u otros financistas y aseguró que, hasta el momento de la entrevista, los gastos eran asumidos por los propios integrantes del colectivo. «En este momento mucho del trabajo es un esfuerzo de movilización y de logística que sí estamos asumiendo personalmente», explicó.
Aunque el abogado negó de manera reiterada que existiera una compra del Partido Verde o un pago por la organización política, el acercamiento sí suponía beneficios para ambas partes.
Por ahora, el Partido Verde celebrará una asamblea orientada exclusivamente al cumplimiento de la resolución emitida por la Sala. La renovación de la dirigencia, la modificación de los estatutos, el cambio del logotipo y la eventual incorporación de Ciudadanía Celeste deberán esperar a que exista certeza jurídica sobre la posibilidad de convocar una segunda Asamblea Nacional Extraordinaria.
