El esposo de la fiscal general, María Consuelo Porras, y tres trabajadores del Ministerio Público (MP) cercanos a ella realizaron viajes internacionales con todos los gastos pagados a España, Brasil y Suiza durante mayo y junio pasados. Las misiones, de entre una y dos semanas cada una, fueron justificadas por el MP como parte de “acciones para el combate de delitos transnacionales”.
Porras no participó en ninguna de estas actividades. Su ausencia coincide con la restricción de ingreso que mantiene España y también Suiza, países que la incluyeron en listas de personas no gratas por su papel en la crisis electoral de 2023. La fiscal fue señalada entonces de intentar frenar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo mediante una investigación calificada como cuestionable por organismos internacionales.
Se trata de 216 mil 175 quetzales que el MP destinó al pago de viáticos y pasajes de personal de confianza, enviados como representantes de la institución.
TODO PAGADO
Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la fiscal general y subjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, viajó a Brasilia, Brasil, entre el 2 y el 6 de junio, según el listado de viajes internacionales publicado por el MP.
El registro lo consigna como una comisión oficial, aunque no detalla el motivo de su participación. La Hora solicitó información sobre las razones de la visita, pero no se obtuvo respuesta.
Los gastos del viaje ascendieron a 15 mil 328 quetzales en viáticos y 6 mil 621 en boletos aéreos, para un total de 21 mil 949 quetzales.
Porres de Paz tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos, una sanción derivada de la segunda designación que recibió su esposa por parte de ese país cuando asumió su segundo mandato al frente del MP, en medio de acusaciones de perseguir a jueces, fiscales, abogados y periodistas que investigaron casos de corrupción.

Por su parte, Eduardo Mejía Calito, secretario de Asuntos Internacionales, viajó a Girona, España, entre el 31 de mayo y el 8 de junio. Los gastos de viáticos ascendieron a 26 mil 64 quetzales y el boleto aéreo tuvo un costo de 14 mil 300, para un total de 40 mil 364 quetzales.
Mejía Calito forma parte del círculo de mayor confianza de Porras y se ha convertido en su portavoz oficioso en Estados Unidos, país al que la fiscal general tiene prohibido el ingreso tras su inclusión en la Lista Engel.
En un foro celebrado en territorio estadounidense, Mejía Calito —en representación de la fiscal general— afirmó que el MP era víctima de sanciones y acusó al presidente Arévalo de orquestar una campaña internacional para desprestigiarla.

En el caso de Miguel Estuardo Ávila, secretario contra la Corrupción, y de Lucrecia Rosanna Pérez Müller, jefa de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, el gasto fue el más elevado. Ambos sumaron 153 mil 861 quetzales en un viaje de 15 días a Ginebra, Suiza.
Según el listado de gastos del MP, el boleto aéreo de cada uno tuvo un costo de 26 mil 300 quetzales, mientras que los viáticos ascendieron a 50 mil 630 quetzales por persona.
Ávila, otro de los brazos operativos de Porras, ha mantenido un discurso alineado con la defensa de la fiscal general, cuestionando los resultados democráticos y criticando abiertamente a la Comisión Nacional contra la Corrupción del Ejecutivo.

RESPUESTA GENERAL
La Hora consultó al MP sobre las actividades a las que asistieron los cuatro funcionarios, así como los resultados concretos de cada viaje. La institución no respondió de forma puntual a ninguno de los cuestionamientos.
En cambio, envió una declaración general en la que afirmó que “la participación de personeros del Ministerio Público en actividades internacionales responde al compromiso institucional de fomentar y fortalecer la cooperación interinstitucional como una herramienta clave en el combate a los delitos transnacionales que afectan la seguridad y el Estado de derecho”.
El comunicado añadió que sus representantes han participado en “reuniones, foros y mesas de trabajo con entidades homólogas y organismos internacionales, enfocadas en fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado y el combate a la corrupción, o compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, como en el caso de la participación en la 113 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo”.

El MP aseguró que estos espacios han permitido “el intercambio de buenas prácticas, el fortalecimiento de redes de colaboración y el establecimiento de mecanismos ágiles de coordinación que contribuyen directamente a mejorar la efectividad investigativa del ente fiscal”. Sin embargo, no detalló cuáles fueron las actividades específicas de cada viaje ni los resultados tangibles obtenidos.
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