La designación se dio horas después de la juramentación de María Consuelo Porras para un nuevo período como Fiscal General. Foto La Hora/José Orozco

A pocas horas desde que el presidente Alejandro Giammattei reeligiera a Consuelo Porras como Fiscal General (FG) y Jefa del Ministerio Público (MP) por otros cuatro años, el Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, anunció una nueva designación en su contra debido a su “participación en importantes actos de corrupción”. Además, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, también fue designado.

Es decir, que Porras y esposo han sido sancionados con el retiro de su visa porque no son aptos para entrar a los EE. UU. según la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados del Año Fiscal 2022.

“Durante su mandato, Porras repetidamente obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a los aliados políticos y obtener favores políticos. El patrón de obstrucción de Porras incluye presuntamente ordenar a los fiscales del Ministerio Público ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”, detalla el oficio emitido por el gobierno estadounidense.

CONSIDERAN MÁS DESIGNACIONES

También se lee que el Departamento de Estado está “considerando activamente” designaciones adicionales bajo la Sección 353, incluida la publicación de nuevas designaciones en el momento oportuno.

«Estas designaciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos para combatir la corrupción, que socava la fe del pueblo guatemalteco en sus instituciones democráticas”, recalcan.

GIAMMATTEI DEFIENDE A PORRAS

Hace nueve meses, el secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken confirmó que Porras junto a su secretario general, Ángel Pineda fueron incluidos en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, también conocida como la Lista de Engel.

Giammattei defendió a Porras en su momento y lo hizo el día de hoy cuando anunció su reelección. Según él, se basó en la evaluación de la Comisión de Postulación y de sus entrevistas con los aspirantes para tomar una de las decisiones más trascendentales para la justicia de Guatemala.

Antes de juramentar a Porras, a quien ha llamado “su amiga”, el Presidente aseveró que los “señalamientos mediáticos o políticos” no tienen “ningún valor” para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez

“Este tipo de señalamientos, sin ningún tipo de proceso o resolución legal firme, lo realizan personas nacionales y extranjeras, y no coadyuvan a fortalecer el respeto a las garantías propias de las sociedades democráticas, por el contrario, fomentan apreciación subjetiva sobre los parámetros objetivos que deben prevalecer en este tipo de procesos”, señaló Giammattei.

Al asumir el cargo para el período 2022-2026, tal y como La Hora lo advirtió la semana pasada, Porras dijo que reafirma su compromiso para llevar adelante una labor «sin sesgos ni ideologías, continúa firme».

Además, añadió: «El camino recorrido no ha sido sencillo. A pesar de los constantes ataques de los que he sido objeto por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada».

LA ASPIRANTE CON MÁS TACHAS

Porras, además de ser la aspirante con la calificación más alta (90 puntos), también fue quien recibió 13 tachas de las 32 planteadas contra los 27 aspirantes a ese cargo, convirtiéndose en quien más cuestionamientos sumó, no obstante, la Comisión solo aceptó cinco; dos por el plagio de tesis doctoral y tres por su inclusión en la Lista Engel de los Estados Unidos, que le retiró la visa por considerar que obstruye la lucha en contra la corrupción.

UN PROCESO CUESTIONADO

El proceso de evaluación de la Comisión de Postulación fue duramente criticado por la ciudadanía guatemalteca, pues Porras logró obtener los votos necesarios para entrar en la nómina de seis aspirantes finales, gracias a un amparo promovido ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por los abogados afines al oficialismo, Erick Castillo y Maynor Caté.

De esa cuenta y de forma histórica, los siete comisionados, que en un principio votaron en contra, le cedieron su voto a favor en una segunda ronda de votaciones.

LA RELACIÓN DE GIAMMATTEI Y PORRAS

Desde que tomó la Presidencia, el 14 de enero del 2020, Giammattei ha dejado en claro su amistad con la jefa del ente investigador, calificándola como una “gran amiga”.

Este contexto se empareja con señalamientos de corrupción y obstrucción de la justicia a nivel nacional e internacional que involucran a ambos funcionarios, convirtiendo su relación en una alianza estratégica clave.

Entre los antecedentes que han causado indignación en la población, destaca la destitución de Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien atribuyó su separación a que encaminaba una investigación de Q120 millones encontrados en una casa en Antigua Guatemala, en los que se vinculaba al extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, quien posteriormente fue vinculado con Giammattei en una investigación periodística de los medios internacionales El Faro y el programa Conclusiones de CNN en Español.

 

Los trabajos periodísticos detallan que una persona denominada “Testigo A”, acusa a Giammattei de haber negociado una aportación para su campaña electoral por Q20 millones provenientes de sobornos por parte de Benito, a cambio de mantenerle en el cargo un año para que siguiera operando la “estructura de corrupción en obras públicas”, de la administración de Jimmy Morales.

De hecho, Morales nombró a Porras como Fiscal General el 3 de mayo de 2018.

Además, con Porras al frente del MP, desde mediados del 2021, al menos diez miembros de la FECI y de la Fiscalía de Derechos Humanos se han exiliado, tal es el caso de Sandoval, el fiscal Rudy Herrera y la jueza Erika Aifán.

Removió a Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón de la Fiscalía Contra la Corrupción y recientemente, capturaron a Pantaleón quien investigó posibles la corrupción en el Instituto de la Víctima.

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