Pese a que Miguelito siempre negó vínculo: la casa, la sociedad y el abogado del caso B410

Pese a que Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei, ha negado cualquier vínculo con el caso de defraudación fiscal B410, la casa donde residía su familia en Jocotenango está registrada a nombre de una sociedad anónima que estuvo representada por el abogado David Barrera, acusado y detenido por su implicación en esa red millonaria. La empresa, que según datos de Guatecompras comparte incluso la dirección con la vivienda de los Martínez, forma parte del conglomerado de entidades creadas durante el período en que operó la estructura.

No obstante, la dirección de la sociedad anónima que reporta Guatecompras es distinta a la que consta en el Registro Mercantil: la 33 calle “C” 10-16 Colonia Bamvi II, zona 7, Guatemala. Esta es la misma ubicación que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dijo que era ilocalizable al revelar el caso de defraudación..

Martínez nunca ha sido vinculado formalmente al caso, pero los cruces de información levantan nuevas dudas sobre su cercanía con los actores clave de esa red. Además, dicha propiedad vinculada a Martínez fue inmovilizada por un juez el pasado 12 de mayo ante la sospecha de que ese inmueble fue comprado con dinero de origen ilícito. 

En agosto pasado, la SAT destapó el caso B410, la mayor defraudación al fisco registrada en Guatemala. Entre las 410 empresas señaladas salió a relucir Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro), vinculada a Martínez y beneficiaria de este grupo de sociedades con la mayor cantidad de contratos estatales durante el gobierno de Giammattei. Ahora, la sociedad, la casa y la dirección de la residencia, según Guatecompras, en donde vivirían sus padres vuelve a comprometer a Martínez, pero con una empresa que pasó desapercibida. 

Tanto Martínez como Giammattei tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos por señalamientos de corrupción. En el caso del expresidente, el Departamento de Estado le vetó por haber aceptado sobornos durante su mandato, mientras que su pareja fue señalada por el Departamento del Tesoro por intervenir en la adjudicación de contratos a determinadas empresas, al margen de los procedimientos establecidos, y aceptar sobornos. Martínez niega los señalamientos y actualmente pelea para que le levanten la sanción.

David Francisco Barrera Maldonado es el hilo que conecta buena parte de la red de sociedades bajo sospecha. Entre 2021 y 2023, este abogado administró y representó legalmente más del 75% de las sociedades anónimas denunciadas por la SAT en el caso B410, acusadas de evadir millones en impuestos, según una rueda de prensa que ofreció el Ministerio Público (MP), de María Consuelo Porras, en enero pasado.

LA CASA 112 Y EL VÍNCULO CON MARTÍNEZ

Martínez fue el hombre de confianza de Giammattei durante la campaña electoral de 2019 y su pareja sentimental. Ya en el poder, el presidente creó el Centro de Gobierno, una instancia paralela a la vicepresidencia que terminó restando funciones al segundo al mando. Martínez fue nombrado director y asumió la coordinación del gabinete de ministros. Sin embargo, tras una ola de críticas y protestas ciudadanas, la entidad fue disuelta el 18 de diciembre de 2020.

La empresa que vincula a Martínez con la red B410 se llama Antagonista de Negocios, Sociedad Anónima. Fue constituida el 7 de febrero de 2022, según Guatecompras, el portal de contrataciones del Estado. Aunque no registra adjudicaciones públicas, figura en el conglomerado de compañías representadas por Barrera, el principal sospechoso del caso, según el MP.

De acuerdo con los registros de Guatecompras, la dirección de Antagonista de Negocios S. A. se ubica en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez, específicamente en la manzana 8 de la zona 2, condominio Bella Vista, casa número 112. 

Tal y como expresamos, las patentes del Registro Mercantil consignan la dirección 33 calle “C” 10-16 Colonia Bamvi II, zona 7, Guatemala, Guatemala.

La sede de acuerdo con Guatecompras y representada por Barrera en un inicio, coincide con la dirección de una vivienda que en mayo de 2021 ocupó la familia de Martínez, según reveló el medio Vox Populi en ese mismo año. Se trata de una propiedad de 316 metros cuadrados, valorada —de acuerdo con la publicación— en 1.7 millones de quetzales: 710 mil por el terreno y 1 millón por la construcción. Se desconoce por qué Guatecompras reporta esa dirección.

Según la investigación de Vox Populi, en la casa 112 residían los padres de Martínez, Rubén Darío Martínez Avilés y María Luisa Morales Gática. Con ellos vivían también la hermana del exfuncionario, Claudia Ivonne Martínez Morales, y su esposo, Sergio Guillermo Girón Lezana, amigo cercano del expresidente Giammattei.

La publicación dio a conocer que la casa 112, donde se mudaron los Martínez oriundos de Santa Lucía Cotzumalguapa, estaba a nombre de Amanda América Rivera Orellana, quien la alquiló a la familia del exfuncionario. 

Asimismo, la señora Rivera Orellana aportó a la entidad Antagonista de Negocios, por medio de escritura pública número No.50, autorizada el 21 de diciembre de 2022, por el Notario Francis Giovanni Ruano Guzmán, e inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 24 de enero de 2023.

No era la primera vez que existía un vínculo de arrendamiento entre los Martínez y Rivera Orellana. En febrero de 2021, Vox Populi también reveló que la familia de la pareja del expresidente residía en otra vivienda del mismo complejo residencial, en la casa número 256 de Bella Vista, pero tras una publicación de prensa se mudaron a la 112.

La casa 256 también fue propiedad de Rivera, pero esta se la vendió a Demci Aroldo López Villatoro, uno de los amigos más cercanos de Martínez, apenas dos meses después de que este fuera nombrado agregado cultural en la embajada de Guatemala en España, durante el gobierno de Giammattei. 

BARRERA, RIVERA Y ANTAGONISTA DE NEGOCIOS

Barrera es el nexo que conecta a Martínez, Antagonista de Negocios S.A. y la estructura B410. Según el MP, el abogado y notario figuraba como accionista mayoritario en diversas sociedades utilizadas en los presuntos actos ilícitos que ahora son investigados en el caso B410. 

El ente investigador sostiene que Barrera constituyó varias de estas compañías —algunas implicadas en la millonaria defraudación fiscal— para luego venderlas por 13 mil quetzales, transfiriendo la titularidad a nuevos accionistas. Aunque esto no es un ilícito, el MP asegura que desconoce el origen de los fondos utilizados para la adquisición de esas sociedades. Por ello, está acusado de lavado de dinero u otros activos.

Una investigación de Plaza Pública de 2024 reveló que el 75% de las 410 empresas que integran la red B410 fue constituido por el notario José Luis Oropín Mollinedo, quien compartía oficina con Barrera. Según el medio, Oropín era el encargado de constituir las sociedades, mientras que Barrera figuraba como socio fundador y representante legal. Entre 2018 y 2024, ambos dieron vida a más de 500 sociedades anónimas.

Durante una rueda de prensa, el entonces jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, reveló que más de 200 empresas vinculadas a la red B410, constituidas por Oropín y Barrera, utilizaron como dirección fiscal un inmueble inexistente: la 33 calle “C” 10-16, zona 7, colonia Bamvi. Para burlar los controles, las compañías habrían falsificado documentos básicos —como recibos de agua, electricidad o teléfono— y así lograron su inscripción como contribuyentes.

Antagonista de Negocios S. A. no fue la excepción. Fue constituida por el notario Oropín Mollinedo el 28 de febrero de 2022, según consta en la patente de comercio del Registro Mercantil. Su primer representante legal fue el abogado Barrera, hoy en prisión preventiva por su papel en el caso B410. Esta sociedad también registró su domicilio fiscal en la misma colonia «Bamvi».

Ocho meses después de su constitución, Antagonista de Negocios S.A. cambió de rostro. El 14 de octubre de 2022, el abogado Barrera —señalado por el MP como uno de los artífices de la red B410— dejó de figurar como representante legal de la firma, según el reporte de auxiliares del Registro Mercantil.

En su lugar, asumió Amanda América Rivera Orellana, la misma mujer que arrendó la casa 112 a la familia de Martínez y vendió la 256 a uno de sus amigos más cercanos. Según el portal Guatecompras, Rivera ejercerá ese poder de representación hasta el 11 de octubre de 2025.

Los vínculos no terminan allí. El 15 de febrero de 2023, Antagonista de Negocios S.A. se convirtió en la propietaria formal de la casa 112, de acuerdo con los registros del Registro de la Propiedad y con asientos de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi). Desde entonces, el inmueble dejó de estar registrado a nombre de una persona física.

Actualmente, la propiedad figura a nombre de Antagonista de Negocios, una sociedad anónima cuyo accionista fundador fue David Francisco Barrera Maldonado, quien actúo en su calidad de apoderado general con representación de la entidad Álter Ego, A.G, y también a titulo propio. La representante legal de esa compañía es Rivera Orellana, quien, según consta en documentos del Registro General de la Propiedad, aportó la vivienda como parte del capital social de la empresa por un valor de 450 mil quetzales, el 17 de diciembre de 2022.

JUEZ INMOVILIZA LA CASA 112

El pasado 12 de mayo, en una audiencia a puerta cerrada, el juez de Extinción de Dominio, Delmar González, accedió a una solicitud del la Fiscalía de Extinción de Dominio para inmovilizar seis de los ocho inmuebles vinculados a Martínez, que ascienden a más de 10 millones de quetzales.

Entre ellos figura la casa número 112, incluida en el listado de propiedades que no pueden ser vendidas, transferidas ni utilizadas, mientras se investiga el origen de los fondos con los que fueron adquiridas. Identificada en el proceso como la finca 5,858, folio 358 de Sacatepéquez, según un documento al que tuvo acceso La Hora.

El número de finca y folio coinciden con los datos del Registro de la Propiedad de la casa 112 de Martínez, según documentos oficiales que obtuvo este medio.

Las dudas en torno a la decisión del MP de solicitar el embargo de las propiedades persisten, ya que la institución se niega a responder si existe, en paralelo, un proceso penal contra Martínez. Tampoco aclara si evalúa pedir una orden de captura, arraigo u otra medida coercitiva por la presunta adquisición irregular de los inmuebles, sin que hasta ahora se haya demostrado el origen lícito de los fondos con los que fueron comprados.

MARTÍNEZ SE DESVINCULÓ 

En agosto de 2024, Martínez envió una carta a La Hora tras dos publicaciones de este medio que fueron la portada y lo mencionaban como un posible operador del caso B410. «De ninguna manera tengo un involucramiento directo o indirecto en la investigación y denuncia realizada por la SAT», aseguró.

«Esta afirmación esta (Sic) respaldada por el propio Superintendente de dicha institución (entonces Marco Livio Diaz) quien en diferentes medios de comunicación ha reiterado que la denuncia de defraudación en mención se ha realizado contra las empresas. Específicamente al consultarle sobre mi persona, ha indicado que no tengo involucramiento alguno en los hechos denunciados», recalcó en la misiva. 

MP CON ESCASOS AVANCES

El MP de Porras ha mostrado escasos avances en la investigación del caso B410. Una de las principales críticas dirigidas a la Fiscalía de Delitos Económicos es la falta de diligencias encaminadas a identificar a los autores intelectuales de la estructura que defraudó al Estado por más de 300 millones de quetzales mediante la evasión de impuestos.

Según la SAT, a lo largo de tres años, el entramado de empresas que conforman la red B410 pagó apenas 26.2 millones de quetzales, frente a los más de 5 mil 730 millones de quetzales que facturó en ese mismo período. 

Las acusaciones formuladas contra Barrera, representante legal de las 410 empresas del caso, no solo difieren de la hipótesis planteada por la SAT, sino que, además, lo presentan como el único creador y operador de toda la estructura.

Hasta ahora, las instituciones públicas que adquirieron bienes y servicios de estas empresas —muchas de ellas favorecidas durante el gobierno de Giammattei y vinculadas a Martínez— no figuran en las líneas de investigación impulsadas por la fiscalía.

Porras fue nombrada por Giammattei en 2022 para continuar al frente del MP por un segundo periodo, tras haber sido inicialmente designada en el cargo por el expresidente Jimmy Morales en 2018. Giammattei calificó a la fiscal general como su «amiga» y esta ha cerrado dos casos de presunta corrupción a favor del exmandatario.

Porras, Giammattei y Martínez comparten el veto impuesto por Estados Unidos debido a señalamientos de corrupción. En el caso de la fiscal general, además, tiene prohibido el ingreso a otros 42 países, luego de su intento de judicializar las elecciones generales en un fallido intento de golpe de Estado que buscaba impedir la investidura de Bernardo Arévalo, justo cuando Giammattei debía entregar el poder.