Por MARK STEVENSON y JOSÉ ANTONIO RIVERA,
IGUALA,
Agencia AP
En rueda de prensa en Acapulco, Iñaky Blanco explicó que los cadáveres estaban muy deteriorados para ser identificados de inmediato, ya que además de quemados algunos estaban «fragmentados» y reiteró que no se atrevía a confirmar si correspondían a alguno de los estudiantes porque había que esperar a los resultados de las pruebas genéticas, que dijo pudieran demorar entre dos semanas y dos meses.
Blanco dijo que uno de los detenidos en el caso expresó a los investigadores que 17 estudiantes fueron llevados al lugar y allí los ultimaron, pero hizo hincapié en que los investigadores no habían confirmado la versión de esa persona.
Según explicó el Procurador, los asesinos abrieron las fosas en una zona muy agreste en las faldas de un cerro a dos kilómetros de cualquier camino, pusieron una cama de ramas y troncos, colocaron encima los cadáveres y luego los prendieron fuego después de rociarlos con alguna sustancia inflamable.
Las fosas que fueron localizadas el sábado en las afueras de una barriada marginal de Iguala, a 200 kilómetros al sur de la capital, eran unos enterramientos «profundos y recientes», dijo un funcionario que estuvo en el lugar y habló con la AP a condición de no ser identificado. Añadió que los cuerpos estaban «completamente carbonizados»; algunos incluso «sin ningún tipo de tejidos».
El sábado, el gobernador estatal Ángel Aguirre ya había dicho que las víctimas halladas en las fosas fueron «salvajemente masacradas», pero evitó especular sobre quiénes serían ni aclaró el número de fosas, pero Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que acudió al lugar, dijo que eran seis enterramientos.
El 26 de septiembre un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa -un especie de internado conocido por sus fuertes acciones de protesta y activismo de izquierda y a la que asisten alumnos de comunidades muy pobres- tomó varios autobuses en Iguala para usarlos en sus manifestaciones, pero fueron atacados en varias ocasiones.
Para Blanco hay evidencias suficientes para afirmar que la policía local y «sicarios a su servicio» fueron los probables responsables de esos ataques y del homicidio de seis personas -entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años-, así como de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela Normal.
Entre otras pruebas habló de un video en el que aparecen policías llevándose a una cantidad indeterminada de estudiantes después de uno de los ataques.
Según los datos en poder de la investigación, el jefe de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, actualmente prófugo, dio la orden de detener a los muchachos y fue uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos el que ordenó ‘levantarlos’ (la desaparición forzada) y ejecutarlos, aseguró Blanco.
Por ello ya se han presentado contra 22 agentes municipales detenidos al día siguiente de los hechos y contra otras siete personas, tres de las cuales están prófugas, entre ellas el jefe de la policía de Iguala. Contra el alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, que está en paradero desconocido, solo hay orden de presentación pero no cargos formales, aclaró Blanco.
Un total de 9 expertos del Equipo de Argentino de Antropólogos Forenses, el grupo de expertos más reconocido entre las organizaciones civiles mexicanas, colaborarán con las autoridades mexicanas en el proceso de identificación de los cadáveres que puede tardar de 15 días a dos meses, añadió Blanco.
El domingo por la mañana familiares de 37 de los jóvenes desaparecidos ya habían proporcionado muestras de ADN que se utilizarán para determinar si los restos recuperados pertenecen a alguno de los estudiantes, informó el abogado Vidulfo Rosales, quien representa a las familias.
La extracción de sangre para las muestras genéticas comenzó a realizarse desde el 28 de septiembre, antes del hallazgo. El abogado Rosales explicó que los restos encontrados permanecían el domingo por la mañana en el servicio forense de Iguala, pero que se habían enviado muestras a Chilpancingo para corroborar los datos genéticos.
La Procuraduría General de la República asumió el sábado la investigación tanto de la desaparición de los 43 estudiantes como de los trabajos de identificación de los cadáveres de las tumbas clandestinas, en los que también colaboran expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
EXPRESA PREOCUPACIÓN
CIDH: Gravedades
“extraordinarias”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su «extraordinaria preocupación» por la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes en México con participación de policías municipales y el crimen organizado.
El secretario ejecutivo del organismo con sede en Washington, Emilo Álvarez Icaza, afirmó que este caso pone en juego el «prestigio» de México en cuanto a su compromiso con el respeto de los derechos humanos.
Las autoridades informaron el domingo sobre el hallazgo de 28 cuerpos calcinados y algunos descuartizados en fosas cerca de la localidad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron entre el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre.
«Es de la mayor importancia que se generen mensajes muy contundentes, primero de encontrar a estos muchachos, segundo de que no habrá impunidad porque en este tipo de casos es que se juega parte del prestigio del estado mexicano en las instancias internacionales», dijo Álvarez Icaza a MVS Radio.
La CIDH otorgó el viernes medidas cautelares para que se proteja la integridad de los 43 desaparecidos y se brinde protección a los estudiantes heridos y a sus familiares.
«Nos encontramos claramente ante hipótesis que son de urgencia, gravedad y posible irreparabilidad», expresó el secretario ejecutivo del organismo. «Nos parece que cuánto más tiempo corra más riesgo hay, esa es una extraordinaria situación de emergencia».
Álvarez Icaza indicó que hay antecedentes «muy graves» en Iguala como el asesinato de un regidor del municipio y otros dos activistas de la organización Unidad Popular, que aparecieron sin vida el 4 de junio de 2013.
