Los empleadores que contraten a inmigrantes que entraron a Estados Unidos sin autorización legal enfrentarán duras sanciones, y los dueños de armas de fuego gozarán de mayores libertades en Florida a partir del sábado, cuando entren en vigor 200 leyes nuevas, muchas de las cuales el gobernador Ron DeSantis destacará en su campaña por la candidatura presidencial republicana.
DeSantis, que mantiene una postura intransigente en materia de inmigración, ha dicho que terminará de construir el muro en la frontera con México prometido por el expresidente Donald Trump. Ha realizado maniobras políticas como enviar a inmigrantes de Texas a estados gobernados por demócratas, supuestamente antes de que puedan llegar a Florida.
Con las nuevas sanciones a los empleadores, DeSantis podrá demostrar que no se limita a las palabras, sino que ha sancionado lo que sus detractores llaman la ley antiinmigrante estatal más dura de todo el país. DeSantis se ha hecho eco de la política inmigratoria de Trump, quien lo respaldó para ganar la gubernatura estatal en 2018. DeSantis es ahora el principal rival de Trump por la candidatura republicana para 2024.
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La nueva ley amplía la verificación de los trabajadores, entre otras medidas. La oficina del gobernador atribuye lo que llama la crisis en la frontera al gobierno del presidente Joe Biden. «Cualquier negocio que explote esta crisis al emplear a extranjeros ilegales en lugar de residentes de Florida rendirá cuentas por ello», sostuvo el vocero de DeSantis, Jeremy Redfern.
Pero en un estado donde las principales industrias —turismo, agricultura y construcción— dependen de la mano de obra inmigrante, muchos temen que la economía sufra trastornos dado que los empleadores de antemano tienen dificultades para encontrar trabajadores. La tasa de desempleo en Florida es de 2,6%.
Samuel Vilchez Santiago, director en Florida de la American Business Immigration Coalition, dijo que 400.000 «inmigrantes indocumentados» trabajan en el estado y hay muchos menos solicitantes que puestos. «Tenemos una falta extrema de trabajadores», sobre todo en la construcción, los servicios y la agricultura», subrayó. «Por eso hay mucho miedo en todo el estado… de que la nueva ley resulte un desastre».
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La ley obliga a todas las empresas con 25 o más empleados a utilizar el programa E-Verify para documentar la elegibilidad de los nuevos empleados para trabajar o enfrentar la pérdida de la licencia comercial o multas de 1.000 dólares diarios por empleado. También obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses o si cuentan con autorización legal para vivir en Estados Unidos y anula las licencias de conducir emitidas por otros estados a personas que entraron al país sin autorización legal.
Por otra parte, cualquier persona habilitada para portar un arma de fuego podrá hacerlo de manera oculta en público sin necesidad de contar con un permiso. Seguirán emitiéndose permisos para portar armas ocultas, pero a los que opten por no pedirlo no se las someterá a averiguación de antecedentes ni a entrenamiento.
