Las autoridades rusas han reforzado su presión sobre la disidencia antes de una elección parlamentaria, arrestando a un activista y registrando las viviendas de varios más.
Andrei Pivovarov, el líder del movimiento Rusia Abierta que se disolvió la semana pasada, fue sacado de un avión en el aeropuerto de San Petersburgo el lunes en la noche y llevado a Krasnodar, en el sur del país, el martes como parte de una investigación criminal en su contra.
También el martes, la policía cateó la casa de campo del político opositor Dmitry Gudkov, un exlegislador que aspiraba a lograr un escaño en los comicios de septiembre. La misma suerte corrieron al menos dos de sus colaboradores.
Estas medidas forman parte de una represión por múltiples frentes contra la oposición, considerada ampliamente como parte de los esfuerzos de las autoridades para impedir que los grupos de la oposición presenten batalla al partido Rusia Unida, respaldado por el Kremlin, en las elecciones parlamentarias de septiembre. La popularidad de Rusia Unida ha bajado por la desaceleración económica.
La semana pasada, Pivovarov anunció el cierre de Rusia Abierta para proteger a sus miembros luego de que las autoridades la calificasen de «indeseable». El gobierno ya ha legalizado a más de 30 grupos en base a una ley de 2015 que convirtió en delito la pertenencia a organizaciones «indeseables». El parlamento está procesando otra ley que endurece las penas para sus miembros.
Rusia Abierta estaba financiada por el magnate Mijail Jodorkovsky, quien se mudó a Londres tras pasar 10 años en prisión por cargos considerados una venganza política por desafiar el mandato del presidente, Vladimir Putin.
El enemigo político más decidido de Putin, Alexei Navalny, fue arrestado en enero a su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica del que él culpa al Kremlin. Las autoridades rusas rechazan esas afirmaciones. En febrero fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por violar los términos de una sentencia suspendida en un caso de malversación de 2014 que el activista denuncia como políticamente motivado.
