Un viejo dicho sostiene que una mancha más al tigre termina siendo irrelevante, pero cuando las manchas son tantas y siguen sumando, el panorama es completamente distinto. Desde la famosa contratación para construir tres puentes, hecha a velocidad de rayo por el Ministerio de Comunicaciones, se han ido conociendo una gran cantidad de detalles que marcan no solo el papel que juega el Micivi sino también la Secretaría Privada de la Presidencia, dependencia que había acogido a la actual titular del Ministerio que, por cierto, tiene demandado a su mismo despacho por una importante suma por un contrato temporal.
Ante la duda sobre el papel que juega la Secretaría Privada se formuló la pregunta de si sus acciones y funciones eran similares a las que desempeñó el Centro de Gobierno al inicio de la administración de Alejandro Giammattei, quien nombró para ese puesto a su pareja, Miguel Martínez. La respuesta fue clara para marcar la diferencia: la Secretaría opera con un mecanismo legal que le permite incidir en los catorce Ministerios y Secretarías del Ejecutivo, puesto que el Acuerdo Gubernativo 87-2025, reglamento orgánico interno de la dependencia, la faculta coordinar con los ministerios y secretarías mientras que el Centro de Gobierno fue creado arbitrariamente para ubicar a Miguel Martínez como gran coordinador.
El hecho es que el presidente Arévalo fue electo para acabar con esos vicios, pero resulta que una de las destacadas asesoras del Micivi en tiempos de Giammattei, donde no se movía la hoja del árbol sin que salpicara, fue llevada a la Secretaría Privada, que no es Centro de Gobierno, pero sí coordina con todas las dependencias. Al nombrar después al frente del Ministerio de Comunicaciones a alguien que supo perfectamente cómo se operó en tiempos de Giammattei, da la idea de que lejos de salir del atolladero lo que hizo el gobierno actual es perfeccionar los procedimientos ya establecidos para operar aún con mayores ganancias, como se vio con los tres puentes.
La Secretaría Privada pudo haber contratado asesores en infraestructura que no hubieran sido parte de lo que sucedió en los tiempos de Giammattei, pero queda la sensación que la intención era nutrirse de gente que sabe cómo mover la melcocha y aprovechar la ingenuidad del elector guatemalteco para darle atole con el dedo explotando el respetable ancestro del gobernante actual.
La actual ministra iba a ser interpelada en el Congreso por la diputada Shirley Rivera pero, mágicamente, la interpelación fue retirada por la congresista justo el día después en que se aprobó un jugoso contrato con un constructor al que Rivera fue a inaugurar el inicio de unos trabajos fallidos en la Aguilar Batres, “casualidad” que no solo llama la atención sino es otra más de esas “manchas al tigre” de las que hablamos al principio.
Arévalo siempre tuvo la opción de llevar la realidad a la sociedad guatemalteca: el Micivi hay que cerrarlo y hacer uno nuevo, pero para ello se necesita el apoyo de todos los sectores y las herramientas legales (que debía dar el Congreso) para lograr una transición efectiva, ordenada y ágil. Que el elector decidiera era un camino, pero no. El Presidente, Tager y otros del Gobierno optaron solo por nadar con la corriente y ahora resulta que la misma es tan fuerte, que hubo que acostumbrarse a nadar en esas aguas turbias.
Nunca nadie debe olvidar la frase lapidaria: para “controlar el Congreso, se necesita a los constructores”. Y este Gobierno, optó por ese camino y ahora sufrimos las consecuencias, con la obligación de recordar que Arévalo fue electo justamente para lo contrario.
Se votó por alguien para acabar con los vicios y el ciudadano debe evaluar si se cumplió su mandato.
