Desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo que lo peor de la situación de Guatemala es la forma en que no solo se prostituyó sino se destruyó el sistema de justicia para garantizar la más absoluta impunidad a quienes fueran señalados de alguna implicación en los turbios negocios con el Estado. Es más, hemos dicho que aquellos Estados que quieren un compromiso de nuestro país para combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado deben entender que ello es imposible mientras subsista el actual modelo judicial, diseñado y montado para ser garante de impunidad.
Hoy publicamos un importante trabajo relacionado con el cierre definitivo de los casos vinculados con la empresa Odebrecht y cómo los principales señalados en anteriores investigaciones quedaron libres de cualquier responsabilidad. En efecto, mientras en el mundo muchos tuvieron que recibir sentencias condenatorias por los negocios que se hicieron con esa empresa brasileña, en Guatemala los casos fueron cerrados, librando de toda responsabilidad a los que habían sido señalados, especialmente el ex ministro de Comunicaciones de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, y Manuel Baldizón, a quien se acusó de haber recibido dinero para el financiamiento de su campaña presidencial. Por el contrario, operadores de ambos sí fueron condenados y nunca debemos olvidar que nada pasó con los diputados que el mismo Sinibaldi mencionó en su declaración.
La tesis que sustentamos en La Hora es que la captura del sistema de justicia fue diseñada y realizada con la intención original de favorecer a los funcionarios y contratistas del Estado que se embolsaban millones mediante la adjudicación de jugosas licitaciones que les permitían, entre otras cosas, llenar maletas con millones de quetzales. Pero cuando la justicia fue puesta en venta, surgieron mejores postores que han terminado disfrutando del régimen de impunidad existente y ello explica el crecimiento de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que usan a nuestro país como un importante puente de paso.
Hoy en día, a poco tiempo de que tengamos que vivir otro proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades del país, naciones como Estados Unidos plantean la absoluta necesidad de evitar que esas agrupaciones criminales puedan jugar un papel tan decisivo en la política nacional y han venido funcionarios de Washington a ratificar el compromiso y la necesidad de evitar esa contaminación en la vida política, y por ello es menester recordar que mientras persista el actual sistema de justicia cuya principal función no es aplicar la ley sino desestimar cualquier caso que involucre a los principales actores de la corrupción, el dinero del narco también entra en juego y mediante su uso también logran garantizarse absoluta impunidad.
El caso Odebrecht, que estremeció a muchos países dada la dimensión de las operaciones que realizó esa constructora se convierte no solo en un ejemplo de la podredumbre, sino también de cómo funciona el sistema de justicia en nuestro país.
