Nuestro maltrecho sistema de justicia se manipula de forma burda para proteger a los que son parte de las mafias que tienen el control del Estado desde hace mucho tiempo, tras un dedicado y eficiente esfuerzo para facilitar la realización de negocios con los fondos públicos pero, esencialmente, para dar protección a los responsables de actos delictivos relacionados con ese control estatal. Hoy informamos del caso del antejuicio contra Allan Rodríguez, desestimado en tres minutos por la Corte Suprema y ayer de la solicitud de antejuicio presentada contra el célebre juez Fredy Orellana.
La actuación de la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Claudia Paredes, vinculada al diputado Rodríguez, lo dice todo. En tres minutos se rechazó in límine la solicitud de antejuicio por la acusación de malos manejos en el Fondo para la Vivienda Popular. Cierto es que quienes lo acusaron son literalmente sus colegas -por el cargo y por las actitudes- pero la CSJ debió conocer el fondo de las denuncias para rechazar el antejuicio. Con su fallo establecen que si alguien critica públicamente a un funcionario, por ladrón que sea, no puede actuar legalmente para tratar de deducirle responsabilidades penales.
El otro caso, el de Fredy Orellana, es resultado de una acción del Ministerio Público en contra del juzgador por actos relacionados con la Intervención Judicial dictada en el caso del Hotel Las Américas. En ambos casos el MP presentó las acciones y hay que decir que en el primero fue bajo la dirección de Consuelo Porras que se produjo, pese a los compromisos de Porras para proteger a todos los aliados de Giammattei, entre los cuales Allan Rodríguez es figura destacada.
Se trata de dos casos en los que se puede constatar que en Guatemala la inmunidad es sinónimo de impunidad. La primera protege a funcionarios para que puedan ejercer sus funciones y expresar opinión sin temor a represalias políticas o detenciones arbitrarias. En cambio, la impunidad es la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento o condena de los responsables de un delito, situación que promovió el Ministerio Público durante los ocho años de Porras y que siguen ejecutando los tribunales al rechazar cualquier acción que pretenda deducir responsabilidades criminales a los largos.
En otras palabras, se entiende que se respalde con inmunidad a funcionarios, pero eso no significa que puedan hacer lo que les da la gana y violar la ley, perjudicando a terceros sin incurrir en responsabilidad penal. Esa protección ha sido transformada de manera brutal y absoluta para que el sistema sea garante de tal privilegio y no dé la legalidad y el verdadero Estado de Derecho.
La misma CSJ que protegió a Allan Rodríguez tendrá que conocer el caso de Fredy Orellana: eso implica que está lista la chamarra que usan para taparse unos con otros.
