Como en cualquier caso que atente contra la libre expresión, y más cuando para ello pueda recurrirse a amenazas de muerte, hemos señalado la absoluta necesidad de que cualquier denuncia, dentro de la que cae la hecha por República sea investigada profundamente por las autoridades competentes para determinar si los señalamientos personalizados que ha realizado el medio tienen absoluto fundamento. Y así lo haremos siempre porque sabemos lo que es sufrir persecución como consecuencia de la labor periodística. El abuso en la utilización de la ley contra el femicidio es una muestra categórica de ello y, repetimos, cuando personeros de La Hora se han enfrentado a un político, con vínculos con la narcopolítica, que ha utilizado mal la ley de violencia contra la mujer el silencio ha sido mayúsculo o en el caso concreto, que un reportero fue procesado por una fiscal que recibió órdenes de Rafael Curruchiche, la Cámara de Periodismo iba a emitir un comunicado condenando el hecho, pero la oposición de personeros de República evitó el pronunciamiento. En ese momento, no se quería incomodar a Consuelo Porras y Cía.
En La Hora, por investigaciones realizadas, podemos concluir que la narcopolítica y la narcojusticia son fenómenos reales. No necesitamos de las publicaciones de otros para darnos cuenta y menos, cuando esas publicaciones exoneran a Sandra Torres de sus oscuros vínculos o dejan a diputados de la extinta UCN, fuera de ese mundo donde la política se mezcla con el crimen organizado, solo por citar unos ejemplos.
República se encargó de hacer visible su cercanía con el ex encargado de negocios John Barrett y aquí en La Hora también hemos señalado que al ahora encargado en Venezuela le trasladaron información a medias, lo que provocó que se operara de forma directa en favor del magistrado Roberto Molina Barreto, pero además, esa información a medias provocó que la misión estadounidense diera la apariencia de poder vivir con Claudia Paredes, Mauricio Corado Campos y Cía., cuando el mismo Luis Aguirre señala la relación que tiene con ese bloque dominante de la Corte Suprema de Justicia. Por información de las agencias, sancionaron a Claudia Paredes y nunca quedó claro qué cambió para el viraje que tuvo la misión diplomática.
No puede alguien quejarse de la narcopolítica y dar la sensación de que hay algunos dentro de ese mundo de la narcopolítica con los que se “puede coexistir”.
El viernes fuimos claros, el sábado no digamos, ayer fuimos superclaros de la necesidad de investigar porque si alguien señala al Presidente de un organismo de Estado de quererlo asesinar, deberá tener “todos los pelos en la mano” porque es lo correcto y porque es lo que exige un estándar alto en el periodismo. Principio que tenemos no solo que cuidar sino redoblar en un momento en el que competimos contra la enorme desinformación que se propaga en las redes.
Entonces nosotros apoyamos cualquier investigación que llegue al fondo del asunto, pero no apoyamos las agendas particulares de algunos que han demostrado con hechos que la prioridad no es el Estado de Derecho, que tampoco es prioridad que las investigaciones por corrupción y lavado independientes se lleven a cabo y todo para no incomodar al sistema, a quien opera las cortes o a Consuelo Porras, cuyo equipo tuvo vasos comunicantes con el crimen organizado.
Enfrentar la mezcla de la política y el crimen organizado debe ser un asunto de la sociedad, un punto en común de país y nadie puede querer estar fingiendo apoyos inexistentes por la conveniencia del momento. Se debe preservar la vida de cualquier guatemalteco, pero también debemos ser precisos y contundentes entre lo que creemos y lo que podemos y debemos probar.
Nadie se debe olvidar que todo empezó con los corruptos que se preocuparon por asegurarse la impunidad, pero se abrió la puerta de par en par a otros grupos criminales, entre ellos el narcotráfico, para que pudieran operar sin temor a ninguna consecuencia penal en un país que destruyó su Estado de Derecho para satisfacer necesidades de los delincuentes dedicados al saqueo de los fondos públicos.
Sostenemos que la destrucción de nuestro sistema de justicia es la pieza clave en el florecimiento de muchos grupos criminales que saben que, como los políticos y los contratistas, pueden pagar para gozar de protección. Siempre hemos defendido el derecho a la libre expresión que es universal, pero ello no significa que defendamos el mal uso que se puede hacer de ese derecho, sobre todo cuando es para mantener cooptada a nuestra justicia.
La persecución penal es inaceptable para acallar a alguien, pero también los periodistas tenemos que actuar de forma tal que no dejemos la puerta abierta para esas acciones. Destruir la justicia termina pasando factura, tarde o temprano, y eso es lo que han hecho algunos medios que se aliaron con Consuelo Porras y su equipo, aunque la alianza haya sido para proteger a antiguos socios vinculados con la corrupción.
