Hemos dicho categóricamente que cualquier amenaza contra quienes ejercen legítimamente el derecho a la libre emisión del pensamiento es inaceptable y tiene que ser no solo repudiada por la sociedad sino también perseguida penalmente. En Guatemala la cuidadosa destrucción del sistema de justicia, realizada con todo empeño y dedicación por las mafias, dificulta esto último, pero al menos con un Ministerio Público diferente se podría esperar una investigación objetiva de las denuncias formuladas por los periodistas que afirman estar bajo amenazas, así como de la veracidad de los señalamientos hechos contra determinadas personas.
El caso de República y su director Rodrigo Arenas está alcanzando grandes proporciones luego de que el medio informó de la reunión que tuvo Arenas con funcionarios norteamericanos para formalizar una denuncia contra conocidos personajes de la política nacional a quienes vinculan con algunos narcotraficantes. El mismo Arenas dijo que aportó las pruebas de reuniones en las que participaron esas figuras entre las que hay que destacar al Presidente del Congreso, un aspirante presidencial y varios diputados que acordaron asesinarlo.
Ayer mismo algunos de los sindicados por Arenas dijeron haber presentado denuncias concretas ante el Ministerio Público, rechazando las sindicaciones y exigiendo una completa investigación, lo que coloca al ente encargado de la investigación criminal en una situación en la que deberá establecer si hay elementos para respaldar el señalamiento del director de República o si, por el contrario, los hay para desvirtuarlo.
Creemos que se trata de un asunto de mucha importancia porque es indudable el poder que aquí han adquirido los grupos criminales amparados por la destrucción del sistema de justicia, pero también porque es fundamental que los medios, al hacer un señalamiento concreto en el que se señala con nombre y apellido a determinadas personas de planificar asesinatos, aporten las pruebas que fundamentan tales publicaciones.
Las reacciones de la opinión pública en las redes sociales son variadas y en el fondo coinciden, todas las tendencias, en que urge hacer una investigación seria y profunda de lo que realmente pueda estar ocurriendo. Y el hecho de que ambas partes, el director del medio de comunicación y los por él sindicados, hayan recurrido ante el Ministerio Público para formular denuncias concretas coloca a esa institución en el meollo de una importante situación que, evidentemente, reclama respuestas objetivas derivadas del análisis de los hechos.
Al individualizar los señalamientos, nombrando específicamente a quienes son señalados de participar en un plan para ejecutar asesinatos, el asunto no puede quedar simplemente como una simple publicación y compete al MP un serio trabajo de investigación.
