El caso del secuestro y asesinato del odontólogo Julio Amílcar Martínez se viene a sumar a la larga lista de temas judiciales que nos deben abrir los ojos para entender cómo funciona nuestro sistema de justicia, totalmente pervertido para convertirlo en coraza de impunidad ya no solo para los operadores de la corrupción, sino para todo tipo de criminales. En un audio que fue reproducido durante el juicio se escucha como le informan al principal sindicado que están pidiendo 325 mil quetzales “para llegarle al juez”, es decir ni siquiera para garantizar el fallo favorable sino simplemente para tener acceso al juzgador. El juez Pedro Laynez vuelve a estar en la misma.
Este caso reviste un drama enorme y lo que vive esta familia, es exactamente lo mismo que le ha tocado vivir a miles de guatemaltecos que tienen que vivir con el desconsuelo que brinda la impunidad, la impotencia de saber y sentir que los malhechores tienen caminos paralelos para operar la injusticia.
La justicia penal debe tener dos efectos principales. Obviamente el primero es castigar a los delincuentes aplicando las sanciones que establece la ley para todos los delitos que están tipificados en el ordenamiento legal. Pero no podemos pasar por alto que también debe tener un efecto disuasivo, en el sentido de que la gente lo piense dos veces antes de cometer algún crimen porque existe la certeza del castigo que se traducirá en años de cárcel.
Hemos visto casos como el del médico que descuartizó a una paciente tratando de ocultar el hecho de que había muerto cuando estaba siendo sometida a un procedimiento quirúrgico. Y pese a la maldad del acto, que va mucho más allá del error que pueda haber cometido el galeno, resultó que el juez inicialmente a cargo del caso lo condenó por homicidio culposo, es decir cometido sin intención de matar a la otra persona. Pero aunque el deceso fuera resultado de algo no intencional, sino simplemente de la incapacidad técnica del galeno, lo que hizo después de descuartizarla no permitía que se usara esa figura legal para ponerle una sentencia de pacotilla que, aceptando cargos, se volvería literalmente en nada. Y aquí otra vez es Pedro Laynez el protagonista de una triste historia de nuestra justicia.
Y los “errores” (o mejor dicho horrores) de nuestra justicia, generalmente luego de que alguien intervino “para llegarle al juez”, sirven para estimular a los delincuentes a hacer lo que les da la gana porque se envía el mensaje que disponiendo de dinero se puede comprar cualquier tipo de fallo o resolución. El asesinato del doctor Julio Amílcar Martínez, quien dejó una esposa viuda y niños en orfandad, es algo que no puede quedar como un encubrimiento, tal y como gestionaban los abogados para que sus clientes pudieran aceptar cargos y salir libres, aunque hubieran asesinado al secuestrado de quien aún no aparece su cuerpo.
Son situaciones aleccionadoras que nos deben ilustrar para entender que no es simplemente alentar la impunidad para los corruptos el efecto de la justicia comprada, sino que al alentar a los criminales de todo tipo compromete seriamente la paz social.
