Los asuntos de importancia nacional pueden ser sometidos al procedimiento de Consulta Popular establecido en la Constitución y ayer el Presidente Arévalo expresó que su gobierno estudia la propuesta que se viene haciendo desde varios sectores de la sociedad para resolver por esa vía el obstáculo que para el mandato popular expresado en las urnas significa la continuidad de la Fiscal General, Consuelo Porras.
El asunto tendrá que ser estudiado profundamente, sobre todo tomando en cuenta que aunque exista una clara muestra de apoyo a la remoción de la Fiscal entre los guatemaltecos, todo el asunto deberá pasar por la Corte de Constitucionalidad que, no por casualidad, ha sido foco de control y ahora le toca ser el garante de la Constitución, alejada de las influencias que durante mucho tiempo tuvieron Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Y en el momento en que se decida hacer una convocatoria a Consulta Popular con ese fin específico, seguramente Consuelo Porras presentaría un Amparo para buscar que no se llegue a tal extremo que puede ser devastador para ella, pero también para quienes protege a capa y espada.
Previo a una eventual consulta cuyo efecto sería debate nacional, la sociedad tiene que saber con más detalle la podredumbre que Consuelo Porras, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y Cía., han ocultado.
En todo caso, es importante que se vaya haciendo un detallado análisis de las razones específicas por las que se pretende que la Fiscal General deje el cargo antes del vencimiento de su período y para ello desde el mismo Ejecutivo se debe iniciar una especie de auditoría para ir informando a la población de cuáles son los casos emblemáticos en los que no existe la menor investigación. Es cierto que la ciudadanía sabe que se encubre descaradamente la corrupción, pero conviene que se haga ese esfuerzo por ir identificando los casos en los que el proceder del MP se convierte en obstáculo para que se ejecute la orden que dimos los guatemaltecos, en las urnas, para depurar un sistema que únicamente ha servido para enriquecer a unos cuantos.
Repetimos que el camino de la Consulta Popular es escabroso porque, a fuerza, tendrá que pasar por una CC a la que le llega el momento de la verdad. El otro camino, el de denunciar penalmente el incumplimiento de deberes y apaño de la corrupción, también se ve complicado porque el sistema de justicia también es parte de ese control que la mafia ejerce sobre la institucionalidad del país.
No cabe la menor duda que se esmeraron en un blindaje especial para hacer absoluto el imperio de la impunidad y los guatemaltecos que entendemos lo que eso significa para el país y para el futuro de nuestros hijos, tenemos que actuar unidos en busca de los mecanismos legales que nos permitan que de los paladines impuestos específicamente para mantener una coraza “legal” dejen de ser operadores de la mafia.
