La Ley del Organismo Judicial (OJ) ordena que a los jueces y magistrados, antes de iniciar el desempeño de sus funciones, se les deba “tomar protesta de administrar pronta y cumplida justicia”, juramento que hacen todos los que reciben esa investidura. Sin embargo, en la práctica en Guatemala ese principio les sale sobrando porque aquí se manosea la justicia al gusto del cliente, siendo muchos los casos en los que los sindicados ven que se les cancelan audiencias, mientras que cuando se trata de beneficiar a los que han robado millones, las audiencias para liberarlos se hacen con toda diligencia.
Hemos de reconocer que este es un problema de décadas y que los plazos se han incumplido desde hace muchos años. No es cosa nueva ni de ahora, pero lo que hay en el momento es un tono bien marcado entre los casos que interesan al MP y al OJ porque tienen entre ceja y ceja a alguien o porque lo quieren beneficiar.
Ayer Eduardo Pantaleón, quien fue agente Fiscal Contra la Corrupción y ahora es perseguido por el Ministerio Público, reaccionó a las protestas que se dieron luego de la cuarta cancelación de la audiencia intermedia al periodista José Rubén Zamora, señalando que en su caso él ha sufrido diez cancelaciones de la misma diligencia judicial sin que ello provoque la misma reacción pública.
Se trata del mismo juzgado y el mismo juez y mediante argucias en ambos casos se retarda el proceso de forma cínica y maliciosa. Tristemente, es una historia que se repite todo el tiempo en nuestro flamante sistema de administración de justicia porque ese juramento de administrarla en forma pronta y cumplida se lo pasan por el arco del triunfo. Hay casos en los que la opinión pública está más pendiente y por ello en algunos se reacciona mientras que a la inmensa cantidad de procesos que sufren las mismas dilaciones no le ponemos atención y lo aceptamos ya como parte de los vicios normales en nuestro régimen de legalidad.
La reforma al sector justicia es urgente porque un país que no puede administrarla pronta y cumplidamente está faltando a una de sus principales obligaciones y responsabilidades. Acá se nombran magistrados mediante procedimientos como aquella reunión nocturna en un hotel y mediante acuerdos entre los mafiosos que tienen poder, con el único y exclusivo compromiso de asegurar impunidad a los operarios de la corrupción. Mucha, salvo algunas excepciones, de la tal “academia” que los postula es, en gran medida, parte de los juegos mafiosos y a la hora de hacer las postulaciones y únicamente cuenta el compromiso que los aspirantes hayan hecho para cumplir con ese bochornoso papel.
Si a ello agregamos la existencia de contubernios entre fiscales y jueces en determinados casos, con la participación también dolosa de querellantes adhesivos pactados con el fin de entrampar los juicios, nos daremos cuenta de la urgente e impostergable necesidad de una seria reforma al sistema de justicia, tarea que sigue pendiente porque, tal y como está, es como les conviene a los largos que, lamentablemente, siguen teniendo extraordinario poder a pesar del mandato ciudadano en la pasada elección.
