Después de acuerdos entre diputados, se aprobaron las reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, para completar el pago de veteranos militares que no han concluido la entrega de la documentación requerida.
El Decreto 17-2026, aprobado el 29 de julio, contempla la modificación de dos artículos de la ley que promovió el gobierno de Vamos para reconocer a expatrulleros.
La normativa promovida por Alejandro Giammattei y sus allegados estableció un pago de Q1 mil por 36 meses para los militares que formaron la Patrulla de Autodefensa Civil durante el conflicto armado interno.
«El plazo del Programa de Desarrollo Integral podrá prorrogarse por tres años para que los beneficiarios que cuentan con alguna inasistencia en la participación activa puedan ser convocados y participar activamente en uno o varios de los proyectos del programa, teniendo en este caso a la asignación mensual por participación, siempre y cuando no excedan de las 36 asignaciones de Q1 mil. Vencido dicho plazo, aquellos beneficiarios que no hayan completado las 36 asignaciones se tendrán por finalizados dentro del programa», explica el segundo párrafo del artículo 7.
El pago a los militares retirados continuará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; a la vez, se permitirá que los beneficiarios que cuentan con alguna inasistencia en la participación activa, la cual no exceda de seis meses, puedan ser convocados y participar en uno o varios proyectos del programa.
Mides efectuará pagos de mayo, junio y julio a veteranos militares
CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA RECIBIR APOYO
Otro de los cambios que incluyeron los diputados fue un artículo transitorio, para que por esta vez, los beneficiarios reciban una capacitación extraordinaria para cumplir con la corresponsabilidad ambiental.
Dicha capacitación se podrá recibir en una jornada extraordinaria a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que definirá la organización, impartición, evaluación y registro de la capacitación.
Esa medida aplicará solo para beneficiarios que tengan pagos pendientes derivados de la falta de acreditación de la corresponsabilidad ambiental.
Los diputados aprobaron en 2024 una reforma a la ley temporal para ampliar ese beneficio, ya que han sido movilizados para presionar por dicho aval.
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