En cualquier lugar del mundo los fiscales presentan sus casos a los jueces y estos tienen, conforme a derecho, la facultad de calificar la validez de las pruebas y emitir la sentencia o resolución que a su juicio corresponde; no hay ningún país o sistema de justicia en el que lo que diga un fiscal tiene que ser, por fuerza, avalado por los juzgadores ni, menos aún, sitios en los que los juzgadores se vean perseguidos y se busque su muerte profesional cuando resuelven en contra del ente encargado de la investigación penal.
Aparte son los casos en los que se sospecha que un juzgador emite una resolución por la cantidad de los billetes, que varios jueces mandaban a cobrar a parqueos por medio de terceros que son los vínculos “secretos” entre el juez y quien paga.
En Guatemala es obvio que vivimos con un sistema de justicia que no sólo se deteriora por la forma en que se postula a los magistrados de la Corte Suprema y las Salas de Apelaciones, sino también por la forma en que el Ministerio Público dispone de jueces aliados y, peor aún, porque a los juzgadores que no acepten como válidos sus argumentos se les persigue hasta apartarlos del ejercicio de su función jurisdiccional. El caso más reciente es el de la titular del Juzgado Duodécimo Penal B, Wendy Coloma, contra quien se planteó un antejuicio por no haber enviado a prisión al ex ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, sindicado porque no usó la fuerza bruta y violenta contra los manifestantes que pedían la renuncia de Consuelo Porras.
Como señaló correctamente la Misión internacional de Jueces que visitó Guatemala en el 2022, “es evidente el uso y la instrumentación del derecho penal como herramienta de castigo”, tesis compartida por abogados locales. Y es que el Ministerio Público, como cualquier parte en un proceso judicial, puede impugnar mediante procedimientos legales cualquier fallo, pero de eso a perseguir a los jueces hay una gran diferencia. Mientras en el caso de Gustavo Alejos se limitan a plantear una apelación, sin investigar si hubo algún acto ilegal que facilitara esa resolución, en el caso de Barrientos se van a fondo pidiendo que la juzgadora que no compartió la tesis tan conveniente para Porras enfrente proceso judicial.
Nadie ha dicho ni mencionado, o siquiera supuesto, que la jueza recibió algo a cambio para beneficiar al ex ministro Barrientos, razón por la que podría cualquier juez verse sujeto a investigación penal. Pero el Ministerio Público quiere acabar con su profesión judicial y estigmatizarla con lo que se puede considerar como muerte oficial, es decir una modalidad de sicariato que ya hemos visto contra otros juzgadores.
Lejos de vislumbrar un propósito de enmienda para emprender una ruta de apego al Estado de Derecho, vemos que arrecian los improperios que persisten para usar la manipulación legal como una especie de sicariato judicial.
