La resolución de la Corte de Constitucionalidad, con todo y lo que se pueda y deba analizar respecto a su argumentación, obligó a los diputados que el pasado 14 habían elegido la Junta Directiva del Congreso a realizar nuevos acuerdos para acatarla, preservando el interés nacional pero también la distancia que ese día puso la mayoría de representantes con aquellos que quisieron menoscabar la voluntad popular.
El Congreso, como cualquier poder legislativo en el mundo, tiene que funcionar con base en acuerdos que demandan negociaciones; en Guatemala, a lo largo de los últimos años, esas negociaciones eran de dinero porque se puso precio a los votos y nunca se hizo un acuerdo pensando en el país sino en cuánto le quedaría a cada uno de los que daban su voto. Es tonto pensar que en una Asamblea Legislativa no se hagan acuerdos porque ellos son el mecanismo para operar cuando no hay una mayoría absoluta perteneciente a un bloque.
Lo significativo de las negociaciones que se han realizado desde antes del día 14 para lograr una mayoría es que se hicieron alrededor de temas de la agenda legislativa y se pactó sobre la implementación de leyes que consideraron de importancia y hasta de urgencia para el país. Es absolutamente legítimo que, en esos términos se pueda negociar porque no todos tendrán que estar de acuerdo con la totalidad de las propuestas pero se suman a cambio de que sus propias iniciativas también puedan ser aprobadas.
Negociación entre políticos se convirtió en sinónimo de negocio, de reparto de pastel y de corrupción, porque tristemente ese ha sido el objetivo logrado, hasta con desplante, durante los últimos años; todo giraba alrededor del pago que significaba enormes fajos de billetes, prostituyendo así el concepto de lo que es y debe ser la negociación política.
A partir de ahora esa tónica debe desaparecer para que se puedan producir reales acuerdos de interés nacional en los que prevalezca la búsqueda del bien común y no el beneficio personal que pueda alcanzar alguno de los diputados. Las negociaciones tienen que ser transparentes y la ciudadanía tiene que saber qué es lo que se está pactando y para qué, puesto que ello es lo que nos permitirá romper el círculo vicioso de la corrupción tan arraigada en el medio.
La elección de una Junta Directiva que termine con los privilegios que se reparten los diputados, sin que ello signifique que hacen mejor su trabajo, es un muy buen primer paso para mostrarle a los guatemaltecos el inicio de una nueva etapa en la que se antepone devolver al Estado el cumplimiento de sus fines esenciales en vez de repartir dinero y privilegios.
