Editorial
De izquierda a derecha: Luis "Wuicho Veneno" Chacón, la jueza Claudette Domínguez, la abogada Claudia González y el juez Jimi Bremer. Diseño: Roberto Altán / La Hora.

Dos procesos judiciales desarrollados este año tienen que ser comparados para entender que es necesario que en Guatemala se administre justicia y que la misma no se siga acomodando a turbios intereses de turno que destruyen por completo la noción elemental de lo que es el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Al principio de año fue detenido y enviado a proceso con fines de extradición Luis Chacón, conocido bajo el alias de Wuicho Veneno, y casi duró más el vuelo del helicóptero que lo trajo a la ciudad capital que su estancia en prisión porque una benevolente jueza decidió ligarlo a proceso por un delito menor y enviarlo a su casa.

Los delitos por los que se le acusaban eran relacionados con la asociación ilícita para traficar drogas, entre otras cosas, y era reclamado por Estados Unidos para ser juzgado en ese país, cabalmente por la sindicación que en Guatemala hizo el Ministerio Público (MP) en su contra y que fue presentada ante el tribunal correspondiente. Ese mismo MP nunca presentó alguna impugnación contra la decisión judicial de favorecerlo con la libertad inmediata que le fue otorgada y ahora se hace el sorprendido al saber que Chacón fue asesinado por alguien que dispuso aplicar su justicia por propia mano.

En cambio, a la abogada Claudia González, sindicada de abuso de autoridad sin haber sido nunca autoridad, el juez que conoce el caso, debidamente apalabrado con el mismo Ministerio Público, luego de maliciosamente entrampar el proceso para su primera declaración, la envía a prisión preventiva mientras le da a la Fiscalía 3 meses para que investigue el caso, tiempo que ella deberá estar tras rejas. Si se comparan los delitos por los que ambos han sido procesados y el daño que pueden hacer a la sociedad, veremos que el comportamiento de la “justicia” guatemalteca es monstruoso y pinta de cuerpo entero la forma en que funciona nuestro sistema.

¿Cómo puede hablarse de un sistema de justicia cuando hay ese tipo de contrastes aberrantes que demuestran los contubernios que hay para dar impunidad a quienes son acusados de traficar drogas y mandar a prisión a quienes investigaron a una magistrada señalada de corrupción, por ejemplo? Aquí todos los días se exprimen los fondos públicos para beneficio de unos cuantos y esos casos no son investigados, ni por asomo, en un Ministerio Público apalabrado o, por lo menos, sometido debido a una carta de renuncia que ahora todos niegan.

El señor Luis Chacón estaba gozando tranquilamente de su libertad mientras la abogada Claudia González guarda prisión porque un juez supone que fue funcionaria e investigó a quien ahora es una de las jefas del juez. Eso es absoluta INJUSTICIA que muestra uno de los varios casos que nos deben obligar a revisar el sistema para reformarlo en busca de un sólido Estado de Derecho que nos permita convivir integralmente, en justicia, y atraer inversiones sostenibles.

 

 

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