En la foto, Cinthia Monterroso, fiscal de la FECI, Consuelo Porras, Fiscal General, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, juez, Orellana, Silvia Valdés, Leyla Lemus, Héctor Pérez.
En la foto, Cinthia Monterroso, fiscal de la FECI, Consuelo Porras, Fiscal General, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, juez, Orellana, Silvia Valdés, Leyla Lemus, Héctor Pérez. Foto: Roberto Altán

Lo que algunos consideran como promoción para la fiscal Cinthia Monterroso, al haberla nombrado fiscal regional y enviada a una remota fiscalía en el interior del país, alejada de la FECI en donde logró gran notoriedad con casos que ahora deberá dejar de llevar, es en realidad una remoción porque le significa alejarse de la más destacada de las unidades del Ministerio Público (MP). Es evidente que el desgaste que se viene sufriendo es significativo y empieza a notarse, lo cual, sin embargo, no significa que vayan a cesar los embates que se vienen dando contra el proceso electoral.

Ahora la pelota está en manos de las Cortes, esas mismas que fueron controladas desde las mismas comisiones de postulación que manosearon Sinibaldi y Baldizón para luego caer bajo el control de Alejos y veremos si se terminan quedando en un barco que parece haber empezado a hacer agua. Ayer en la sede de la OEA fue cabalmente el sistema de justicia el que fue puesto en el ojo del huracán cuando el delegado de Argentina explicó que los actuales golpes de Estado no se dan desde los cuarteles sino desde los tribunales que están cooptados por poderes tan grandes como el de la dictadura de la corrupción.

Las acciones legales presentadas ayer por Bernardo Arévalo, arropado por mucha gente y por importantes líderes de distintos sectores de la sociedad, están en manos de los operadores del sistema de justicia que tendrán que tomar la decisión de confirmar su participación en la conspiración o de marcar distancia haciendo valer el Estado de Derecho en el país. Los ojos de la ciudadanía y del mundo pasarán del Ministerio Público al sistema de justicia, que tendrá un papel importantísimo y significativo en materia del respeto a la voluntad popular porque, a pesar de las acciones de la FECI, ahora son los magistrados quienes tendrán que decidir.

Y el tema no se queda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sino que seguramente terminará llegando a la Corte de Constitucionalidad (CC) que deberá marcar la resolución definitiva apartándose de la política de gallo-gallina que hasta ahora ha sido la que determina su comportamiento. Estamos entrando ya a la etapa decisiva de nuestra democracia porque en cuestión de pocos días tendremos claro en qué bando se coloca cada quien.

En la OEA tienen un panorama mucho más claro de lo que parece haber en nuestra misma opinión pública y por ello los claros y muy duros comentarios que se hicieron en el seno de esa entidad.

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