Fue tan duro el golpe que recibió la FECI al conocer el fallo del tribunal en el caso Zamora que el fiscal Rafael Curruchiche terminó perdiendo las formas y dejó en claro que el motivo de fondo obedeció a una venganza porque dijo textualmente que en “ese medio de comunicación se insultaba en su honor, en su prestigio, a fiscales, a jueces, a magistrados y a diversas personas de la sociedad civil”, desbaratando aquella su argumentación de que José Rubén Zamora no era perseguido por su oficio periodístico.
El tribunal al dictar sentencia expuso que la FECI no pudo probar ninguna acusación contra la Fiscal Samari Gómez, quien estuvo presa injustamente más de un año, evidenciando que su vinculación al caso fue únicamente un instrumento para permitir que Méndez Ruiz y Falla pudieran ser parte del proceso. El golpe a la Fiscalía que dirige Curruchiche fue un duro golpe de asimilar que no solo evidencia la incapacidad sino también la burda manipulación de la justicia que, según sus propias palabras, ha de continuar.
Si no hubiera sido porque nunca se aclaró quién dio los Q300 mil y que en lugar de depositarlos en la cuenta de Aldea Global, Zamora le pidió a García Navarijo que se los bancarizara, todo se les hubiera derrumbado porque los actores del juicio actuaron más con emoción que con razón y lógica jurídica.
La molestia personal del jefe de la FECI contra el periodista llegó al punto de hacerle decir que espera que Estados Unidos incluya ahora al periodista en la famosa lista Engel, en la que aparecen tanto él como la Fiscal General de la República, lo que contribuye a dejar claro que más que un proceso de investigación penal debidamente realizado, la venganza fue un notorio y claro motivo desnudando con ello lo manipulable que sigue siendo el sistema de justicia.
Méndez Ruiz en sus redes sociales ha dicho que con este proceso y la sentencia a Zamora se ha enviado un mensaje a la prensa para que actúe, según él, de manera distinta. Lo que se pretende es que los medios de comunicación cesen en su labor de informar a la sociedad de la realidad que vivimos, especialmente en el tema de la corrupción y promoción de la impunidad para facilitar el saqueo del erario.
Claro está que todos los miembros de la sociedad, incluidos medios y fundaciones, nos debemos regir por lo que mandan las normas.
Atención especial merece la situación de la fiscal Samari Gómez, quien permaneció privada de libertad durante más de un año, daño en realidad irreparable y que se le ocasionó con la única intención de que en el proceso de Zamora estuviera algún funcionario para que así algunos particulares, en este caso la Fundación de Méndez Ruiz y Falla, pudieran apersonarse en el proceso.
No hay forma de resarcir el daño que se ocasionó a la funcionaria del Ministerio Público acusada y encarcelada. No fue por aquellos procesos que un juez dejó de valorar las abundantes pruebas y decide no condenar. Lo grave en este asunto es que no había mayores indicios en su contra, lo que había era circunstancial y la tesis de que fue acusada para contar con el apoyo de Méndez Ruiz y Cía. hace mucho sentido.
Debe quedar claro hasta dónde se puede llegar con ese tipo de maniobras deleznables en el ejercicio de la persecución penal y eso obliga a revisar aquellos casos en los que una situación similar pueda estar pasando.
