El pasado 26 de mayo, cumpliendo con lo que determina la ley, la Contraloría General de Cuentas de la Nación reveló los hallazgos realizados en la fiscalización del ejercicio presupuestario del año 2022, destacando irregularidades en construcciones y compras, según lo anunciado a la prensa en ese día. La suma de los casos, que la CGC dijo serían trasladados al Ministerio Público, sumaban más de 500 millones de quetzales.
Ayer, sin embargo, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que dice que tales casos no ameritan la investigación penal, pues, casi todos son por simples omisiones en los procedimientos, destacando la ausencia de declaraciones patrimoniales en algunos de los negocios “auditados”, por lo que serán tratados como faltas y no como delitos por juzgados de paz.
No sorprende en absoluto esa situación porque la Contraloría de Cuentas forma parte de lo que se ha entendido como la necesidad más absoluta de control del Estado a lo largo de la historia del país en el marco de una democracia a la que todavía le falta mucho. Pero, justo y necesario es decirlo, la historia de la misma Contraloría ha sido así a lo largo de toda su existencia, porque la tarea de auténtica fiscalización nunca se realiza y los contralores en las diferentes dependencias simplemente se dedican a buscar esas pequeñas omisiones, pero nunca se ocupan de los grandes trinquetes.
Salta a la vista la corrupción existente y su efecto en la situación de un país donde abunda la pobreza, la desnutrición y el abandono. Pero ni la Contraloría ni el Ministerio Público, no digamos la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, mueven un dedo en ningún caso porque está pactado que aquí si algo está garantizado es la impunidad para quienes se embolsan el dinero del erario. Si la misma diligencia que se muestra para acorralar a periodistas existiera para perseguir la corrupción y los abundantes negocios sucios que se hacen en la administración pública, ni los juzgados ni los fiscales tendrían tiempo para otras cosas.CN
El informe de la Contraloría fue presentado con bombos y platillos en una conferencia de prensa, destacando esa supuesta preocupación por construcciones y compras por un monto de 500 millones. Si vemos el tamaño del Presupuesto, aunque realmente hubieran sido hallazgos serios de crímenes por mal uso de los recursos, el monto es una bicoca, tomando en cuenta que aquella idea de que la coima era un diezmo, es decir, el diez por ciento, quedó atrás hace mucho tiempo porque ahora se trata de llenar maletas y maletas con billetes producto de las jugosas transacciones que empobrecen a los ciudadanos.
