Grupos de oposición a Walter Mazariegos están alertas ante la posibilidad de conflictos para afectar la integración del Cuerpo Electoral Universitario.
Tres denuncias penales se han presentado por el caso de registros desparecidos y que afectan la continuidad de estudiantes en la Usac. Arte: La Hora/Alejandro Ramírez.

La desaparición de registros académicos de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que ha dejado a decenas de jóvenes sin posibilidad de inscribirse a cursos ni realizar trámites esenciales, ha sumado denuncias penales contra las autoridades de la casa de estudios superiores. Alumnos y diputados exigen indagar si hubo una manipulación deliberada de las bases de datos de la institución.

La acción más reciente presentada ante el Ministerio Público (MP) corresponde a los congresistas Brenda Mejía, Olga Villalta y Luis Ventura, quienes señalan directamente a la gestión de Walter Mazariegos de promover lo que se ha denominado una «muerte académica» para quienes han externado su oposición al actual gobierno universitario, sobre el cual pesan también acusaciones de fraude.

En el documento, al cual tuvo acceso La Hora, se solicita investigar la presunta manipulación, alteración, supresión, ocultación o desaparición de datos académicos administrados por el Departamento de Registro y Estadística de la Usac, así como determinar quiénes tuvieron acceso a los sistemas informáticos y si existió responsabilidad penal.

Sin inscripción, sin certificados y sin futuro, el impacto de la «muerte académica» en los estudiantes de la Usac

VEINTE CASOS DOCUMENTADOS Y UN MISMO PATRÓN

La denuncia sostiene que se recopilaron 20 reportes de estudiantes de distintas facultades, escuelas y centros universitarios correspondientes al ciclo académico 2026. De ellos, 16 cuentan con respaldo documental, entre capturas de pantalla, certificaciones y otros medios de prueba entregados por los propios afectados.

Según los diputados, los casos presentan un patrón coincidente: alumnos que ya no pueden acceder al sistema de Registro y Estadística, cuyos correos institucionales desaparecieron, perdieron el acceso a sus credenciales, ya no pueden asignarse cursos, obtener certificaciones o incluso verificar que continúan inscritos en la universidad.

Los denunciantes advierten que el impacto es aún mayor debido a que la inscripción para el ciclo 2026 fue gratuita, por lo que muchos estudiantes no cuentan con comprobantes físicos y su único respaldo es el registro electrónico institucional.

Como parte del expediente entregado al MP también se incorpora un Informe Técnico Preliminar que sustenta la solicitud de una auditoría especial sobre el manejo de los registros académicos de la Usac.

EL CASO QUE EVIDENCIARÍA IRREGULARIDADES

Entre los expedientes incluidos en esta denuncia figura el de Ángel Hamilton Chang Guerra, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación.

Según el documento, el universitario posee una certificación oficial emitida por la propia Usac que acredita cursos aprobados. Sin embargo, actualmente no aparece registrado en el sistema institucional.

Para los legisladores, esa contradicción evidencia la necesidad de establecer si los datos fueron alterados o eliminados y quién tuvo la capacidad de hacerlo.

En días recientes, estudiantes de distintas unidades académicas se encontraron con que no hay registros suyos en el sistema de la Usac, lo cual se ha catalogado como un intento de "muerte académica".
En días recientes, estudiantes de distintas unidades académicas se encontraron con que no hay registros suyos en el sistema de la Usac, lo cual se ha catalogado como un intento de «muerte académica». Foto: La Hora/USAC-DIRE.

URGEN ASEGURAR SERVIDORES Y PROTEGER INFORMACIÓN

Tras destaparse estos casos, tanto miembros de la comunidad universitaria como actores externos han exigido no solo investigaciones penales, sino también preservar las bases de datos, servidores, respaldos y bitácoras de auditoría de la Universidad.

En la denuncia reciente se pide, además, practicar peritajes informáticos forenses para verificar la integridad y trazabilidad de los registros, requerir toda la documentación relacionada con el proceso de inscripción 2026 e identificar a los funcionarios, empleados o terceros que tenían acceso a los sistemas, con capacidad para modificar información.

A criterio de los diputados que plantearon la acción, entre los delitos que deben indagarse figuran los siguientes:

  • abuso de autoridad
  • incumplimiento de deberes
  • supresión u ocultación de documentos oficiales
  • delitos informáticos
  • falsedad material o ideológica

No obstante, hicieron ver que le corresponde al MP establecer la calificación jurídica definitiva sobre los actos en mención.

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NUEVO PUNTO DE TENSIÓN EN LA USAC

La citada denuncia se suma a una serie de medidas impulsadas durante la última semana. El pasado 18 de julio, el diputado José Chic, del bloque VOS, denunció directamente al jefe del Departamento de Registro y Estadística, Bryan Otto Fuentes Paz, por abuso de autoridad, supresión de documentos y discriminación, luego de recibir denuncias de estudiantes de Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Comunicación e Historia afectados por la desaparición de sus datos.

Posteriormente, un grupo de alumnos acudió a esa dependencia universitaria para presentar memoriales individuales y, un día después, formalizaron denuncias ante el Ministerio Público.

Los afectados califican lo ocurrido como una «muerte académica», debido a que la situación les impide asignarse cursos para el segundo semestre, obtener certificaciones, emitir órdenes de pago, tramitar solvencias de biblioteca o realizar cualquier gestión académica.

Además, exigieron al Consejo Superior Universitario (CSU) un plan público para restituir sus expedientes y solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que ya requirió información a la Usac.

AUTORIDADES DE LA USAC SIN APARECER

Mientras las denuncias aumentan, la respuesta oficial de la Universidad de San Carlos ha llegado únicamente mediante un video pregrabado difundido en sus redes sociales.

Hasta ahora, ni Walter Mazariegos ni otra autoridad de esa casa de estudios superiores han comparecido públicamente para responder los señalamientos sobre la desaparición de expedientes.

En el mensaje que fue divulgado, la Usac atribuyó las inconsistencias en los registros académicos a la sustracción de expedientes durante la toma del Campus Central ocurrida entre 2022 y 2023.

Según la universidad, esa situación provocó que algunos registros digitales quedaran congelados. También aseguró que el Departamento de Registro y Estadística no administra los controles académicos ni asigna calificaciones, por lo que sostuvo que esa dependencia no es responsable de generar los expedientes estudiantiles.

@usac_oficialLa Universidad de San Carlos de Guatemala comunica.♬ sonido original – USAC

En el pronunciamiento también se hace ver que se habilitó una ventanilla especial para revisar los casos y reconstruir los expedientes con la documentación que presenten los estudiantes afectados.

Sin embargo, esa explicación ha sido cuestionada por los universitarios, quienes sostienen que varios de los registros desaparecidos corresponden a personas que ingresaron a la Usac en 2024, 2025 e incluso en 2026, es decir, después del período señalado por las autoridades.

Aparte, el video se difundió sin espacio para preguntas de los medios de comunicación ni la propia comunidad universitaria.

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UN CONFLICTO QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS EXPEDIENTES

La desaparición de registros ocurre en medio de un conflicto que se remonta a la cuestionada elección de Walter Mazariegos como rector en 2022 y que, según estudiantes, docentes y trabajadores críticos de su administración, ha estado marcado por una serie de acciones dirigidas contra quienes se opusieron a su llegada al cargo.

Durante ese período fueron emitidas órdenes de captura contra integrantes del movimiento universitario por la toma del Campus Central; el Consejo Superior Universitario impulsó procesos disciplinarios contra 137 personas y posteriormente expulsó a diez estudiantes.

Adicionalmente, hay universitarios que han denunciado vigilancia, seguimientos, amenazas, obstáculos para asumir cargos de representación estudiantil y otras acciones que consideran represalias por cuestionar a las actuales autoridades.

La desaparición de expedientes académicos se suma ahora a ese contexto. Los estudiantes afectados sostienen que la eliminación de sus registros constituye una nueva forma de exclusión que les impide continuar sus estudios y ejercer plenamente su derecho a la educación.

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