El Gobierno cambiará de estrategia para contratar el estudio que definirá si la subasta de la banda de 700 megahertz (MHz), realizada en 2023, causó un perjuicio al Estado por el precio que se pagó y si procede declarar lesiva esa adjudicación.
Luego de que dos concursos públicos quedaran desiertos, el presidente Bernardo Arévalo anunció que se recurrirá a una contratación directa y que incluso se buscará apoyo de organismos internacionales para encontrar especialistas.
La decisión cobra relevancia ya que el próximo 12 de septiembre vencerá el plazo legal para que el Estado pueda promover una acción de lesividad tras haber otorgado esa frecuencia, considerada estratégica para las telecomunicaciones del país y por la cual han surgido dudas acerca de si se recibió el precio que realmente correspondía.
«Nosotros estamos haciendo un estudio del tema. La Superintendencia de Telecomunicaciones —SIT— ha hecho ya dos licitaciones para pedir expertos para poder hacer el estudio que determine exactamente qué fue lo que pasó y, a partir de ahí, tomar las decisiones de qué es lo que procede en este caso», afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.
Además, dijo que le sorprendió que ninguna empresa presentara ofertas en los procesos anteriores. «Desafortunadamente han quedado desiertas —las licitaciones—; cuando me lo contaron, yo decía: cómo puede ser, pero no se ha presentado ningún técnico a apelar a eso», expresó.
LA NUEVA ESTRATEGIA
Ante ese escenario, Arévalo anunció un cambio de ruta. «Hablamos con la ministra de Comunicaciones que, dentro del marco de la ley y de las regulaciones, vamos a hacer una adjudicación directa a una empresa», afirmó.
«Es posible que pidamos asistencia de un organismo internacional, por ejemplo, o inclusive de una empresa externa, para poder hacer un estudio sobre el que no haya ninguna duda», añadió, y también recordó que la subasta que ahora es objeto de cuestionamientos fue realizada durante la administración anterior. «No tuvo nada que ver mi gobierno», enfatizó.
Días atrás, cuando comenzaron las controversias en torno a la forma en que se otorgó a las empresas de telefonía Tigo y Claro la banda de 700 MHz —que permite el funcionamiento de las tecnologías 4G y 5G—, el Presidente calificó el asunto como “otra herencia” del gobierno de Alejandro Giammattei.
Estas fueron las subastas de tecnología 5G que provocaron una denuncia contra exjefe de la SIT
BUSCAN APOYO DE ENTE INTERNACIONAL
Tras las declaraciones de Arévalo, La Hora consultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el cual confirmó que ya iniciaron gestiones con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para localizar especialistas que puedan hacerse cargo del análisis en mención.
De acuerdo con lo informado, la intención es «identificar empresas y expertos internacionales con experiencia en valoración económica del espectro radioeléctrico”.
Para el efecto y “con base en esas referencias, actualmente se están realizando los contactos y evaluando el mecanismo más adecuado para llevar a cabo la contratación del estudio especializado», se dio a conocer.
La vocera del CIV, Ana Luisa Olmedo, explicó que la búsqueda se trasladó al extranjero debido a que en Guatemala no se encontraron especialistas. «No hay expertos o empresas que se dediquen a hacer este tipo de estudios en el país, por eso se busca a nivel internacional expertos con conocimiento y experiencia», afirmó.
Respecto de las proyecciones para concretar la contratación, la portavoz indicó que «todavía no hay fecha de contratación, porque primero debe haber certeza y seguridad de que quien haga el estudio tenga la capacidad y experiencia necesarias».
Consultada sobre el poco tiempo disponible antes del vencimiento del plazo para promover la lesividad, Olmedo admitió que el Gobierno enfrenta una carrera contra el reloj. «Sí, se está corriendo», reconoció, aunque insistió en que la prioridad es garantizar la idoneidad de la empresa o de los expertos que sean contratados.
ESTUDIO SERÍA CLAVE PARA DECIDIR SOBRE POSIBLE LESIVIDAD
La revisión que busca efectuarse gira en torno a la subasta de la banda de 700 MHz, que llevó a cabo la SIT el 12 de septiembre de 2023, durante la administración de Giammattei.
En ese proceso, el Estado adjudicó 60 MHz de espectro radioeléctrico y recaudó Q1,006.2 millones mediante la asignación de derechos de uso a las empresas Claro y Tigo, pero en junio de este año, durante una citación del bloque Cabal, en el Congreso, se cuestionó el valor real de ese recurso.
Los diputados aseguraron que, con base en un estudio contratado por la bancada, se estableció que el Estado debió ganar más por ese negocio, por lo cual pidieron cancelarlo mediante una declaración de lesividad. Además, presentaron una denuncia penal contra el entonces jefe de la SIT, Marco Antonio Baten Ruiz.
A principios de este mes, el presidente Arévalo anunció que antes de decidir si impugna esa adjudicación se necesita determinar si el precio base utilizado reflejaba el verdadero valor económico del espectro.
También confirmó que la fecha límite para accionar, en caso de que se comprueben anomalías, es el próximo 12 de septiembre, cuando se cumplirían exactamente tres años desde que se celebró la subasta.
#LHInvestigación I Un diputado dijo que se busca declarar lesivas al Estado las subastas 5G de septiembre de 2023 y que se analice la nulidad de una resolución de la SIT de 2020. ¿Qué implica esto? Entérate. https://t.co/5ZyXv0AGkS pic.twitter.com/QpPzRDmmKW
— Diario La Hora (@lahoragt) June 20, 2026
NO ENCUENTRAN DOCUMENTOS
Un aspecto a destacar es que a los señalamientos contra aquella subasta se sumó la propia SIT. Su actual titular, Herberth Rubio, reconoció durante una citación en el Congreso que la institución no ha localizado los estudios técnicos en los que se sustentó la valoración económica utilizada para el proceso que en 2023 otorgó parte de la banda de 700 MHz a Tigo y Claro.
Posteriormente, el funcionario confirmó haber presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue la desaparición de esa documentación y las circunstancias en que se definió el precio base de la subasta.
En ese contexto y con menos de dos meses para que venza el plazo legal para promover una acción de lesividad, el Gobierno aún busca quién realizará el estudio del cual dependerá —según el propio mandatario— la decisión de mantener vigente la adjudicación de la banda de 700 MHz o intentar revertirla.
