A un mes de haber asumido como Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna ha impulsado una serie de cambios que han alcanzado a funcionarios considerados cercanos a la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta.
Las destituciones y en algunos casos reubicaciones forman parte de una reestructuración que ha impactado áreas estratégicas de la institución.
Durante ocho años al frente del MP, Porras consolidó una estructura de poder interna mediante el nombramiento de funcionarios de su confianza en fiscalías clave y dependencias de investigación. Sin embargo, con la llegada de García Luna, ese círculo cercano ha comenzado a perder espacios dentro de la institución.
Estos son los fiscales recientemente destituidos:
CINTHIA MONTERROSO
Una de las destituciones más relevantes es la de Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, quien se desempeñaba como fiscal regional dentro de la Coordinación Nacional.
Monterroso fue una de las figuras más visibles de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), donde tuvo a su cargo expedientes relacionados con el caso Semilla y participó en los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2023, actuaciones que generaron críticas nacionales e internacionales por considerarse acciones dirigidas contra el proceso electoral.
También estuvo a cargo de investigaciones contra el periodista José Rubén Zamora y fue señalada en 2021 por la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, de supuestamente extraer evidencia de un expediente judicial.
Las denuncias no avanzaron dentro del MP. Porras rechazó investigarla y, con el paso de los meses, Aifán —reconocida por resolver casos de corrupción y crimen organizado de alto impacto— terminó abandonando el país y exiliándose tras denunciar persecución en su contra.
En septiembre de 2023, en medio de las protestas que exigían la renuncia de la cúpula del MP, Porras la nombró fiscal regional IV Nororiente, con sede en Zacapa. Posteriormente fue trasladada por García Luna a la Fiscalía Regional VII Centro-Norte.
Además, en julio de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel por presuntamente socavar procesos e instituciones democráticas mediante la promoción de casos considerados políticamente motivados.
Según una investigación de La Hora: «Siete años sin sanciones: juntas del MP de Porras blindan a fiscales cuestionados», Monterroso acumula siete expedientes disciplinarios dentro del MP. El más reciente se encuentra en fase de informe de actos conclusivos, mientras que los demás finalizaron mediante archivo o desestimación, sin que la institución haya detallado las faltas atribuidas o eventuales sanciones.
NOÉ RIVERA
Otro de los removidos es Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien previo a dejar el cargo, fue beneficiado por Porras con un ascenso al nombrarlo fiscal regional de Petén, consolidándolo como parte de su círculo de confianza.
Rivera fungía como fiscal de Sección de la Fiscalía de Derechos Humanos. Fue nombrado en diciembre de 2024 por Consuelo Porras para sustituir a Tomás Ramírez López. Antes dirigió la Fiscalía de Asuntos Internos, desde donde encabezó investigaciones contra exfiscales y operadores de justicia vinculados a casos anticorrupción.
Porras destituye a fiscal de Derechos humanos y nombra a Rivera, sancionado en Lista Engel
Su llegada a la Fiscalía de Derechos Humanos también generó cuestionamientos por el contexto en que ocurrió. Bajo la administración de su antecesor fueron anulados procesos emblemáticos relacionados con crímenes del conflicto armado interno, entre ellos el caso Creompaz y un nuevo juicio por el caso Genocidio. Ambas resoluciones beneficiaron al exgeneral Benedicto Lucas García, acusado en esos expedientes por violaciones graves a los derechos humanos.
El funcionario fue incluido en la Lista Engel de Estados Unidos en 2023 por presuntamente promover casos con motivaciones políticas contra la exfiscal Virginia Laparra, el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, el exfiscal Stuardo Campo y la exmandataria de la CICIG Claudia González.
Rivera acumula tres expedientes disciplinarios que concluyeron sin sanciones conocidas y sin que el MP divulgara información sobre las faltas investigadas.
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ÓSCAR SAGASTUME
Entre los funcionarios destituidos figura también Óscar Sagastume Álvarez, quien dirigía la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).
Sagastume quedó bajo escrutinio público debido a que fue inspector general del Tribunal Supremo Electoral cuando se constituyó el partido Movimiento Semilla.
Su trayectoria incluye cargos dentro del Organismo Judicial como magistrado suplente, magistrado de apoyo en salas de apelaciones, juez de sentencia y juez de primera instancia penal. También desempeñó diversos puestos dentro del TSE, entre ellos inspector general, encargado del Registro de Ciudadanos y de la Secretaría General.
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MARILYN CASTILLO
La reestructuración también alcanzó a Marilyn Solange Castillo Castillo, quien se desempeñaba como fiscal de Sección de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Durante su gestión impulsó diligencias relacionadas con el caso de la adquisición del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del TSE. Entre las acciones desarrolladas por esa fiscalía figuraron solicitudes de órdenes de captura y operativos vinculados con esa investigación.
El caso TREP se convirtió en uno de los expedientes de mayor relevancia impulsados por el MP tras las elecciones generales de 2023.
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CARLOS TOHOM
Entre los removidos también aparece Carlos Roberto Tohom Escobar, quien ocupaba el cargo de subdirector de Investigación Criminal Operativa de la DICRI.
Antes de incorporarse al MP, Tohom fue nombrado en 2019 como director general de la Policía Nacional Civil (PNC) por el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
Dentro de la institución policial desempeñó cargos como subdirector general de Operaciones y presidente del Tribunal Disciplinario de la PNC.
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CAMBIOS EN LA UME
Las destituciones también alcanzaron a personal de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación (UME).
Entre los funcionarios removidos figuran Rocksy Gabriela Arriola López, quien se desempeñaba como agente fiscal; Lucía del Carmen Muñoz Herrera de Pérez, quien ocupaba el cargo de asistente ejecutivo II; y Estuardo Arnoldo Zea Florián, subcoordinador de Sistemas y Comunicaciones de esa unidad.
Hasta el momento, el MP no ha detallado públicamente las razones específicas de estas remociones, aunque forman parte de la reconfiguración interna impulsada por García Luna durante su primer mes de gestión.
