El tratamiento de la denuncia por adopciones ilegales donde fue señalada la exfiscal Consuelo Porras Argueta sigue entrampado. La Procuraduría General de la Nación (PGN) actualizó el estado de dicha acusación, que ahora es conocida por Cinthia Monterroso, fiscal de confianza de Porras Argueta.
La representante de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, Lucrecia Prera, informó que el 21 de mayo fueron notificados de que se declaró sin lugar una solicitud de cambio de fiscalía esa denuncia, la cual se había remitido a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, donde esta Leonor Morales Lazo.
«No obstante, por sanidad procesal con el único fin de garantizar la certeza y seguridad jurídica que el Ministerio Público tiene, hacen referencia que este caso resuelve la fiscal regional 2, Cinthia Monterroso, que el caso pase a la fiscalía regional I, para que se acepte si el expediente se traslade a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia», agregó Prera.
La encargada del caso añadió que se busca que se resuelva por la fiscalía I, para presentar otra solicitud de apartamiento, porque consideran que la fiscalía más adecuada para conocer el caso debe ser la Fiscalía contra la Trata de Personas.
Prera insistió que el MP ha negado el acceso al expediente, pues la PGN desconoce de ciertas diligencias que han realizado fiscales en el archivo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
La PGN no fue notificada del control jurisdiccional por denuncias ilegales, ya que las diligencias deben realizarse con orden judicial, de inspección o registro para las instalaciones para que se garantice la certeza en el caso, porque las diligencias que se informaron en la reunión con el diputado José Chic pone en duda el proceder la obtención de la información de los expedientes.
GRUPO DE LA ONU VISITARÁ EL PAÍS
La denuncia de adopciones ilegales fue presentada por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dieron a conocer de esa información en la que estaría involucrada Porras Argueta mientras laboró en el albergue gubernamental Elisa Martínez en los años 80.
Dicha acusación se presentó en febrero pasado, por lo que Porras Argueta, desde el MP se desligó de ese señalamiento.
El diputado José Chic pidió que el fiscal general Gabriel García Luna concentre el expediente y por medio de una fiscalía especial investigue el caso donde no solo está señalada su antecesora, sino auxiliares fiscales por incumplimiento de las investigaciones, que declararon bajo reserva el caso.
Chic señaló que el tratamiento del caso genera dudas de que se realice con imparcialidad, por lo que Cancillería informó que a finales de junio un grupo de expertos de la ONU estarán en el país para evaluar el abordaje del caso, pues se informan de siete entrevistas de víctimas ubicadas en Bélgica, por lo que se debe profundizar ese caso.
«Cancillería es un canal y en este caso con el grupo de expertos de la ONU por desapariciones forzosas», agregó el canciller, Carlos Ramiro Martínez.
El director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Elvyn Díaz informó que solicitó una reunión con el jefe del MP, García Luna, para abordar el expediente por adopciones ilegales.
