La ministra de Educación, Anabella Giracca, reaccionó ante una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que declaró inconstitucionales varias disposiciones del pacto colectivo suscrito entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, al considerar que el fallo reafirma la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional.
Mediante video difundido en redes sociales, la funcionaria aseguró que la decisión del máximo tribunal constitucional representa una victoria para la institucionalidad, la legalidad y el derecho a la educación de millones de estudiantes guatemaltecos.
Giracca recordó que el año pasado la Procuraduría General de la Nación acudió a la Corte de Constitucionalidad para defender la rectoría del Ministerio de Educación.
«Lo hizo contra disposiciones del pacto colectivo que debilitaban dicha rectoría. Esta semana, la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor del Estado”, expresó.
La rectoría del Mineduc se fortalece con la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
La ministra de Educación, @chatagira, explica por qué este es un fallo histórico que beneficia a la educación.
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— Mineduc Guatemala (@MineducGT) June 5, 2026
La resolución, a juicio suyo, despeja cualquier duda sobre quién debe dirigir la política educativa del país.
“El fallo es clarísimo. La conducción del sistema educativo le corresponde al Ministerio de Educación, no a la cúpula del STEG, no a un ministro paralelo”, agregó.
La funcionaria aseguró que al asumir la administración encontró una institución debilitada y con competencias que, a su juicio, habían sido condicionadas por intereses ajenos a las funciones propias del Estado.
CC da revés y quita poder a Joviel Acevedo y el STEG al declarar inconstitucional pacto colectivo
“Vale la pena recordar de dónde venimos. No es casualidad el abandono que encontramos”, señaló.
Según Giracca, la resolución de la Corte fortalece los esfuerzos impulsados por la actual administración para recuperar la capacidad institucional del ministerio y garantizar que las decisiones educativas respondan a criterios técnicos y legales.
DIÁLOGO PERO CON LIMITES
Aunque respaldó el fallo, la ministra insistió en que el Gobierno mantiene abierta la disposición al diálogo con los trabajadores de la educación y reconoce los derechos laborales del magisterio. “Siempre vamos a promover el diálogo y respetar los derechos laborales”, afirmó.
Sin embargo, remarcó que la negociación colectiva tiene límites establecidos por la Constitución y que la conducción de la educación pública corresponde exclusivamente al Estado.
La postura coincide con los argumentos planteados por la Procuraduría General de la Nación durante el proceso judicial y con la interpretación expresada por el Ministerio de Educación tras conocerse la sentencia.
EL PRECEDENTE PARA NEGOCIACIONES
Las resoluciones de la CC también podrían influir en futuras negociaciones entre el Gobierno y el STEG, así como en el conflicto colectivo actualmente planteado por la organización sindical encabezada por Joviel Acevedo.
Tanto la PGN como autoridades del Mineduc han señalado que cualquier acuerdo futuro deberá respetar los límites establecidos por la Corte, especialmente en lo relacionado con competencias exclusivas del Estado y la imposibilidad de delegar funciones públicas.
Para Giracca, el fallo deja además un precedente institucional que trasciende a la actual administración.
La ministra afirmó que uno de los principales efectos de la resolución será consolidar un Ministerio de Educación con mayor capacidad para dirigir las políticas públicas del sector. “También dejará un legado: un ministerio más fuerte, ordenado y enfocado en transformar la vida de millones de estudiantes”, sostuvo.
LO GANADO NO PUEDE PERDERSE
En la parte final de su mensaje, Giracca llamó a respaldar las transformaciones impulsadas en el sistema educativo y a defender la rectoría estatal sobre la educación pública.
La ministra concluyó su intervención con una frase que sintetizó la postura del Gobierno tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad. “Mantengámonos unidos para hacer valer un principio fundamental: el derecho a la educación no se negocia”, concluyó.
