La terminación anticipada del contrato con el cual el Ministerio de Educación (Mineduc) compraría un millón y 156 mil utensilios de cocina a una empresa de la cual se duda de su experiencia y capacidad instalada, quedó en firme, al ser rechazado un recurso de reposición que la compañía había presentado el pasado 5 de febrero.
Aunque la resolución 1750-2026 fue firmada por la titular de la cartera, Anabella Giracca, el 11 de mayo, fue hasta el pasado viernes 22 cuando fue subida al portal Guatecompras.
Esta rechaza el referido recurso que Distribuidora Siloe, S. A., había presentado en contra del Acuerdo Ministerial 314-2026 en el que se da por terminado —de manera anticipada— por «caso de fuerza mayor» el contrato por Q121.6 millones que había firmado con el Mineduc para la proveeduría de los utensilios que iban a ser distribuidos en cerca de seis mil escuelas de todo el país.
Según uno de los considerandos de la resolución, se confirmó la cancelación anticipada del contrato debido a las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC), puesto que, afirma, «debe garantizarse la eficiencia, eficacia y calidad del gasto público» y porque dicha terminación es «una medida de resguardo a los intereses económicos del Estado».
Agrega que la terminación obedece a un «caso de fuerza mayor, debidamente comprobado con la investigación especial realizada del ente investigador, para evitar consecuencias graves posteriormente, en perjuicio de la educación».
QUÉ DICE EL INFORME
En una nota publicada por este medio el 23 de enero último, se dio a conocer la terminación anticipada del contrato luego de una auditoría que practicó la CGC al proceso, en la cual se detectaron falencias en la elaboración de las bases de licitación.
En la resolución subida a Guatecompras el pasado 22 de mayo, el Mineduc insiste en los hallazgos del ente fiscalizador. Puntualmente, se trata de dos.
El primero, «deficiencia en los criterios de calificación«, puesto que se determinó que en las bases de licitación no se consideró en el apartado de «criterio que deberá seguir la junta para calificar las ofertas» la «experiencia del oferente que permitiría evaluar los años de operación en el mercado y los proyectos realizados en el sector público o privado».
El segundo hallazgo tiene que ver con la «deficiencia en las especificaciones generales y el plazo establecido en el contrato administrativo«. Este dice que «se determinó en las especificaciones generales que no se requirió la capacidad instalada de la empresa para la distribución de los bienes, considerando que la distribución es para centros educativos públicos a nivel nacional».
En la resolución también se incluye la respuesta a estos hallazgos que hizo la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa del Mineduc (Digefoce).
En el caso del primer hallazgo, dijo que «ampliar los criterios de calificación, sin considerar la experiencia, abría la oportunidad a un número mayor de posibles oferentes, atendiendo a que, a mayor número de oferentes, mayor posibilidad de que el proceso fuera competitivo».
Cabe destacar que, de todas formas, pese a la flexibilidad de los requisitos de las bases, no hubo la diversidad de participantes deseada y, aparte de Siloe, solo participaron otras dos empresas.
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En cuanto al segundo hallazgo acerca de la capacidad instalada, la Digefoce respondió que en las especificaciones de las bases se pidió que la entrega de los utensilios se efectuara en los centros de acopio de las direcciones departamentales de Educación, «considerando que se coordinaría por parte del Mineduc la entrega de los utensilios a los centros educativos públicos».
En el Acuerdo 314-2026 que da por finalizado el contrato, el Mineduc expuso que tal decisión se adoptó «en atención a la recomendación formulada por la Contraloría General de Cuentas», la cual pidió analizar «objetivamente la continuidad en el proceso de adquisición, considerando que debe velarse por la calidad de gasto público».
Además, porque advirtió de que «las situaciones detectadas en el proceso» pueden ser objeto de acciones legales.
SIN CAPACIDAD
Siloe ya había sido considerada sin capacidad técnica, por parte de una junta de licitación en el Ministerio de Gobernación (Mingob) que evaluaba la compra de mil motocicletas para uso de la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2025. Los miembros de dicha junta rechazaron la oferta de Siloe al constatar que no tenía personal, infraestructura y bodegas adecuadas para cumplir con semejante oferta.
Esta junta del Mingob, a diferencia de la que participó en la de la compra de utensilios en el Mineduc, visitó las sedes de los oferentes para constatar su capacidad y concluyó que Siloe carecía de la infraestructura, bodegas y personal mínimo para cumplir con el contrato.
EL INTERÉS DEL DIPUTADO AGUIRRE
Una investigación publicada por La Hora, el pasado 15 de enero, detalla que el diputado Luis Aguirre de Cabal se mostró interesado en un proceso administrativo que la empresa gestionaba en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), en medio del proceso de licitación en el Mingob —en septiembre del año pasado— para la compra de mil motocicletas, en el que participaba Distribuidora Siloe, S. A.
Aunque en principio el legislador negó tener vinculación alguna con la empresa, en una entrevista posterior concedida a La Hora reconoció que cuando le piden «ayuda», trata de hacer lo que está «en ley», y que «no es nada malo que las personas o empresas que estén conmigo o toda la población que quiera estar alrededor, crezca».
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
La investigación publicada por La Hora el pasado 15 de enero dio a conocer que Distribuidora Siloe aumentó en más de 11 mil por ciento su facturación a instituciones del Estado.
Además, reveló que el diputado Luis Aguirre se mostró interesado en un proceso administrativo que la empresa gestionaba en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), justo cuando el Mingob le rechazó una oferta para la venta de las motocicletas porque le faltaba un aval.
La intermediación del diputado abre dudas respecto a cómo la empresa en cuestión ha logrado aumentar su precalificación en el RGAE para convertirse en una multiproveedora del Estado, puesto que vende desde motocicletas, insumos médicos y medicinas, hasta alimentos, utensilios de cocina y equipos tácticos militares.
El reportaje también expuso información de que la sociedad se ha valido de al menos otras 10 de sus empresas afines —con las cuales comparte dirección, representantes legales o accionistas—, para incrementar su precalificación.
