El Gobierno amplió por 15 días más el estado de prevención en cinco departamentos, siendo estos Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, como una medida para contener la violencia atribuida a grupos terroristas. Sin embargo, analistas coinciden en que su impacto es limitado si no se acompaña de una estrategia integral.
La disposición entró en vigencia desde el pasado martes 21 de abril luego de ser publicada en el Diario Oficial, en días en los que ha cobrado relevancia un hecho armado ocurrido en una cevichería ubicada en la zona 6 capitalina.
Este miércoles, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, afirmó que este hecho, así como el hallazgo de cuerpos humanos abandonados en la vía pública, son producto de la lucha por territorio entre pandillas.
Villeda afirmó durante el foro sobre seguridad Enade, de Fundesa, que los estados de prevención continuarán hasta obtener una baja considerable en los homicidios y hechos de violencia.
#AhoraLH | En cuanto al tema de estados de prevención, el ministro Villeda indica que estos continuarán hasta poseer una baja considerable de homicidios y hechos de violencia.
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UNA HERRAMIENTA BAJO EVALUACIÓN
El analista en seguridad, Mario Mérida, cuestionó el enfoque actual de la referida medida, al considerar que las acciones responden más a criterios tácticos que a una planificación de largo plazo.
“Creo que su aplicabilidad viene de criterios tácticos, que respaldan las acciones de la PNC. Es decir, no están sustentados en un plan estratégico”, señaló.
A su juicio, hechos como el ataque en la cevichería evidencian la necesidad de reforzar la prevención y la disuasión: “El estar papeleando, es decir, identificando personas, no es suficiente”.
Un punto de vista distinto planteó el analista Mario Polanco, quien valoró positivamente la ampliación de la medida, puesto que considera que brinda margen operativo a las fuerzas de seguridad.
“Es importante que se dé esta ampliación, de esa manera se podrá continuar implementando todas las políticas en materia de seguridad”, afirmó. Destacó también que este tipo de régimen permite “aplicar de mejor manera la función y las operaciones de fuerza”.
Por su parte, el analista Jorge Ortega ofreció una postura intermedia, pues reconoció que los estados de excepción son actualmente la principal herramienta del Gobierno para agilizar capturas, realizar requisas e involucrar al Ejército, aunque añadió que dichas figuras están reguladas por una legislación desactualizada, dijo.
Ortega, de igual manera, advirtió sobre sus límites, diciendo que «no funciona al 100% como quisiéramos los ciudadanos, requiere de un trabajo integral”.
Resaltó que estos mecanismos tienen un desgaste político con el tiempo y que su efectividad depende de resultados visibles. Aun así, expresó que han tenido algún efecto en la reducción de la criminalidad, aunque incidentes como el ataque en la cevichería reflejan disputas entre grupos criminales que no se resuelven únicamente con medidas de corto plazo.
EFICACIA DEL ESTADO DE PREVENCIÓN Y SUS COSTOS
A estas posturas se suma el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, quien se hizo una crítica más estructural al uso de los estados de excepción.
«Hay que hacer un comparativo de si esas libertades individuales que se restringieron sirvieron para potenciar al Estado a recuperar la gobernabilidad en materia de seguridad. En ese comparativo creo que no valieron la pena los estados de excepción”, afirmó.
Quezada enfatizó en el costo que estas medidas implican en términos de derechos fundamentales, al recordar que limitan libertades como la locomoción, la libre emisión del pensamiento o las garantías frente a detenciones.
A diferencia de lo expresado por Polanco, quien defendió como «necesaria» la ampliación, Quezada explicó que muchas de las acciones implementadas, como patrullajes, control territorial o participación del Ejército, podrían ejecutarse sin recurrir a regímenes excepcionales.
No obstante, el análisis del investigador del CIEN también coincidió parcialmente con Ortega, pues aseguró que reconoce ciertos efectos positivos de los operativos de las fuerzas de seguridad.
#AhoraLH | El ministro Marco Villeda indica que el tiroteo registrado en zona 6 se debe a una lucha por territorio por parte de pandillas.
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Destacó que la reducción reciente de homicidios respondió más a la focalización territorial que al estado de excepción en sí. “Supieron focalizarse donde estaban las manifestaciones más importantes y eso inhibió a esa delincuencia”, explicó, refiriéndose a municipios como Guatemala y Escuintla, donde se concentra gran parte de la violencia.
Sin embargo, recordó que este tipo de resultados pueden ser temporales si no se sostienen. «Ellos solo saben que es un tema de esperar y volver otra vez a operar”.
En ese sentido, mencionó como parte de su análisis el crecimiento de la violencia urbana vinculada al narcomenudeo y la necesidad de especializar a la Policía Nacional Civil. “Hay que preparar policías para violencia urbana, como una policía metropolitana”, planteó.
VIOLENCIA CONCENTRADA Y DESAFÍOS
Datos recientes del CIEN evidencian que el 50% de los homicidios registrados en enero y febrero de 2026 se concentraron en apenas 10 municipios, con un total de 189 asesinatos de los 376 contabilizados a nivel nacional.
La capital guatemalteca encabeza la lista, con 71 homicidios; seguida de Villa Nueva, con 25, y Mixco, con 21. Este patrón evidencia que la violencia no solo persiste, sino que se focaliza en territorios específicos, lo que plantea desafíos adicionales para las políticas de seguridad.
Otros municipios son Escuintla, Villa Canales, Amatitlán, San José Pinula, Chinautla, Jocotán y San Miguel Petapa.
🟢 La violencia homicida en Guatemala es un fenómeno altamente localizado geográficamente. El 50% de todos los homicidios se registran en tan solo 10 municipios 👀#SeguridadGT pic.twitter.com/rI6mpNg4Xa
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Los analistas coinciden en que el estado de prevención por sí solo no resuelve el problema estructural de la violencia en Guatemala.
Mientras Mérida insiste en la necesidad de replantear la estrategia desde un nivel más alto, como ministerial o del Consejo de Seguridad; Polanco defiende la medida como un instrumento necesario para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Ortega, en tanto, reconoce su utilidad operativa, pero advierte que, sin reformas legales y un enfoque integral, su impacto seguirá siendo parcial.
Quezada cuestiona no solo la efectividad, sino la relevancia de estos regímenes, pues los considera más simbólicos que determinantes y potencialmente riesgosos para el ejercicio de derechos.
La necesidad de tener un plan de seguridad para la prevención del delito
