Oscar Clemente Marroquín
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En dos columnas de opinión, el abogado Acisclo Valladares Molina analizó detenidamente desde la perspectiva eminentemente jurídica y penal, el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, señalando que de confirmarse judicialmente que el negocio es producto de un acto ilícito, el soborno a las autoridades que otorgaron y facilitaron un contrato de arrendamiento con la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona, procede aplicar los artículos 42 y 60 del Código Penal que regulan con precisión el comiso como pena accesoria a aplicar a los que incurren en la comisión de delito.
En esas columnas, Acisclo no escribe como el diplomático que ha sido ni como político, sino que recurre a su experiencia jurídica, fue Fiscal General y Procurador de la Nación, para plantear lo que considera que debe ser el desenlace del entuerto provocado por la insistencia, llevada al colmo de la terquedad, de los sectores empresariales que quieren obviar el origen espurio del negocio para privilegiar el inicio de operaciones de la empresa TCQ, como si el origen de la misma no estuviera en entredicho por la acusación penal ya formulada tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala con base en evidencias que van mucho más allá de la declaración del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, cuyo testimonio puede ser demoledor, pero no lo es tanto como las evidencias producto de escuchas telefónicas y de la incautación de computadoras y otros artefactos conteniendo datos concretos sobre la forma en que se produjo el negocio.
El Código Penal define claramente esa pena accesoria así: “Artículo 60.- (Comiso). El comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta” descripción que se aplica precisamente a lo que se construyó sobre el terreno de la Empresa Portuaria Quetzal, proviniendo de lo que la Fiscalía y la CICIG consideran como la comisión de varios delitos perpetrados en conjunto por las autoridades no sólo del puerto, sino también las máximas de la República de Guatemala, en contubernio con el millonario español Ángel Pérez Maura y la participación de otros guatemaltecos que actuaron como intermediarios y promotores del soborno que también les salpicó.
Yo insisto en que la postura del gobierno, privilegiando el interés de los empresarios en disponer de un puerto aunque sea producto de un sucio trinquete, es totalmente errónea y que esa actitud indecente puede colocarnos en posición de desventaja en el futuro, al punto de que por andar de faroleros podemos terminar no sólo estafados sino castigados con alguna reparación.
He dicho que la misma empresa holandesa que compró, aunque lo haya hecho de buena fe, incurrió en el garrafal error de no hacer una auditoría competente cuando decidió pagarle a Pérez Maura por la operación fraudulenta en Guatemala. Pero nuestro gobierno, influenciado por empresarios vinculados con las exportaciones, sigue insistiendo en ponerse de rodillas hablando de una cautela que no cabe cuando somos, como país, los ofendidos y estafados, lo cual nos obliga a jugar nuestras cartas con energía y firmeza en vez de esa blandengue y vergonzante postura oficial.
